El Gobierno respira aliviado ante la ambigüedad de Quim Torra sobre la desconexión de Catalunya
El Gobierno respira aliviado tras el discurso con el que Quim Torra dio arranque al curso político. En palabras de Pedro Sánchez, en Moncloa siguieron “atentamente” su comparecencia; pero para los socialistas el presidente catalán no dijo nada nuevo y se quedó atrás en las expectativas que se habían generado. El Ejecutivo ve ahora más cerca la previsión del presidente: un otoño de movilización sin ruptura. Con eso y la posición rebajada de ERC, Moncloa gana tiempo.
“No dijo qué, cómo, cuándo...”, expresan fuentes gubernamentales, que ponen el énfasis en que las palabras del presidente catalán no han cambiado nada respecto a la situación iniciada. Para el Gobierno lo fundamental es que se mantenga la vía del dialogo que inauguraron Sánchez y Torra en su reunión del pasado 9 de julio.
Así, la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, ha aprovechado su comparecencia en el Congreso este miércoles por la mañana para recordar que la portavoz de la Generalitat, Elsa Artadi, se reunirá con el secretario de Estado Ignacio Sánchez Amor para ir fijando la agenda de los asuntos a tratar en el diálogo abierto entre las dos administraciones. Un día después se reunirán los equipos de trabajo establecidos este verano para abordar ya concreciones: traspasos e insfraestructuras, según fuentes del ministerio.
Ni una palabra le ha dedicado Batet al esperado discurso de Torra. En Moncloa aseguran que están tranquilos y que siguen la hoja de ruta iniciada en línea de lo que fue la primera reacción de la portavoz del Consejo de Ministras, Isabel Celaá, en la que emplazó al diálogo y le advirtió de que “las sentencias hay que aceptarlas”.
El desacato a las condenas, no obstante, tampoco preocupa a priori en el Ejecutivo. Es un escenario lejano para el que Torra tampoco ha concretado un plan más allá de no descartar abrir las cárceles. Fuentes del Gobierno dan por hecho que esa opción es inviable.
“Más responsabilidad y menos gesticulación”
“Los gobernantes, aunque no compartan las sentencias, tienen que acatarlas”, ha expresado Sánchez en una rueda de prensa en Estocolmo, donde se ha reunido con el primer ministro sueco. “Hoy en Catalunya no está en juego la independencia, está en juego la convivencia”, ha avisado Sánchez. Para el Ejecutivo es importante rebajar la crispación y para eso exigen a todas las partes “más responsabilidad y menos gesticulación”.
Otro de los mensajes que Sánchez manda a Catalunya es que el Parlament está cerrado y desde el Gobierno le reclaman que el Govern retome la actividad legislativa.
“Al igual que el Gobierno de España se toma en serio su obligación –ha expresado Sánchez sobre el contacto que ha emprendido con la Generalitat–, lo que tiene que hacer el Govern es abrir una gran conversación entre los nacionalistas y los no nacionalistas”. “Lo que dice [Torra] puede satisfacer a una mitad de catalanes, pero no la otra mitad de catalanes”, ha concluido Sánchez, para quien la solución debe girar en torno a un nuevo Estatut en el que conferir mayor autogobierno a Catalunya.
El Gobierno asume que los presos son un problema
Es ahí donde se produce el choque, incluso con ERC, que se ha desvinculado claramente de la unilateralidad. Torra aceptó el diálogo, pero con el referéndum sobre la autodeterminación como fin último. “Lo que no vale es decir que los catalanes tienen que pasar por las urnas a fin y efecto de que decidan un nuevo Estatut de autonomía como dicen ustedes. El 50% de autonomistas se sentirán satisfechos; pero ¿qué hacemos con el otro 50%? ¿O acaso el otro 50% va a desaparecer? Creo que ustedes se quedan en la mitad del discurso”, dijo el portavoz de ERC, Joan Tardà, en la comisión de Política Territorial. A pesar de ese escollo, en el Gobierno reiteran que mientras tanto el Govern permanece sentado en las negociaciones concretas.
En el corto o medio plazo, el principal encontronazo que mantienen ERC y PDeCAT con Sánchez es la situación procesal de los presos independentistas. El presidente negó que fuera a interferir ante la Fiscalía para que modifique su posición. El Gobierno asume que complica la situación: “Tiene derivadas políticas, pero se deben asumir con responsabilidad”, reconoció José Luis Ábalos.
