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El Gobierno retrasa la reforma de la Ley del Aborto de Gallardón

  • Soraya Sáenz de Santamaría excluye la iniciativa anunciada por el ministro de Justicia de la relación de leyes previstas para este semestre
  • Varios parlamentarios del PP han pedido al Gobierno que se ciña a la reforma anunciada en el programa electoral

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Gallardón y Saénz de Santamaría conversan durante un pleno. EFE

Gallardón y Sáenz de Santamaría, en un pleno del Congreso. Foto: EFE

El Gobierno no contempla en sus planes legislativos para este periodo de sesiones la reforma del Ley del Aborto anunciada por Alberto Ruiz Gallardón. Hasta 20 normas se propone aprobar el Ejecutivo antes de que concluya el año, incluidos cambios en el Código Penal “en materia económica”, pero ninguno de ellos se refiere a ley de plazos.

La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, resumió en julio en un documento las iniciativas previstas para lo que queda de año. Son los planes legislativos con los que trabajan el Gobierno y el Grupo Parlamentario Popular. La reforma de la Ley del Aborto, anunciada por Gallardón para “el otoño”, no es una de ellas.

El ministro compareció hace unos días en la Moncloa para presentar la primera parte de la reforma del Código Penal, que introduce la “prisión permanente revisable”. Tampoco en ella se ha reintroducido la interrupción voluntaria del embarazo como delito. El aborto voluntario fue definitivamente excluido del Código Penal y convertido en un derecho de las mujeres en las 14 primeras semanas de gestación en la Ley 2/2010 de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. El ministro justificó la ausencia asegurando que “hay tiempo hasta diciembre” para llevar a cabo la reforma.

Pero la realidad es que su anuncio de este verano ha sorprendido incluso a los parlamentarios del PP, que no tenían noticia de que su Gobierno se propusiera endurecer la ley hasta el extremo de hacerla más restrictiva que la de 1985. De hecho, son varios los parlamentarios populares que han recordado al Ejecutivo que el programa electoral con el que Mariano Rajoy ganó las elecciones sólo hablaba de impedir que las mujeres de entre 16 y 18 años puedan abortar sin consentimiento paterno y de sustituir los plazos por supuestos despenalizadores.

Los populares aducen que se espera una sentencia del Tribunal Constitucional sobre la norma de 2010 (avalada por el Consejo de Estado, aprobada con los únicos votos en contra del PP y recurrida por este partido al alto tribunal) y que tiene poco sentido reformarla antes de escuchar el criterio del TC.

Sin noticias de la reforma

El mes pasado en el Congreso, durante el debate de solicitud de comparecencias de varios ministros por diferentes asuntos, la portavoz del Grupo Popular fue tajante al rebajar las expectativas sobre la reforma anunciada por Gallardón. “No existe ninguna iniciativa formal más allá del compromiso del ministro de Justicia”, zanjó Dolors Montserrat, que confirmó: “No existe ninguna propuesta, ni siquiera hay un anteproyecto que haya sido tratado en Consejo de Ministros".

La nueva penalización del aborto no está entre las demandas más urgentes de los votantes del PP. Esta cuestión divide a los electores de Mariano Rajoy y enciende a los votantes de otras fuerzas políticas, que consideran que existe un derecho conquistado y desaprueban cualquier retroceso. De hecho, este proyecto legislativo es el que supone más coste para Gallardón en términos de imagen, según muestra la encuesta en Internet de ecmware realizada para eldiario.es.

La inminencia de las elecciones vascas y gallegas (especialmente estas últimas, donde el PP se juega el Gobierno por un puñado de votos) desaconsejan reabrir el debate, según reconocen fuentes parlamentarias del PP. Sólo el electorado conservador más radical (los denominados grupos provida) presiona para que el aborto vuelva a ser delito. El horizonte de esas elecciones es otra de las razones que llevan al Ejecutivo a aparcar la contrarreforma.

La crudeza de la crisis económica obliga al Gobierno a buscar salidas eficaces para sujetar el déficit y que provoquen el mínimo desgaste electoral, ahora que debe volver a pasar por las urnas en Galicia y Euskadi. De las reformas anunciadas por Gallardón, sólo la que se refiere al endurecimiento de las penas por delitos económicos encaja en la hoja de ruta creada para sortear los efectos de la crisis. Los cambios en la Ley del Aborto no tienen justificación alguna ni por la demanda social ni por la imposición de los mercados. El Gobierno, resumen fuentes parlamentarias, “no está para crearse más problemas de los que ya hay”.

Una legislación que funciona

El principal objetivo de la legislación sobre salud sexual es la reducción de embarazos no deseados y, en consecuencia, del número de abortos voluntarios que se producen anualmente en España.

El Gobierno socialista puso en marcha en su segunda legislatura una estrategia destinada a ese fin que culminó con la aprobación definitiva en 2010 de la actual ley del aborto, pero comenzó con la liberalización, a mediados de 2009, de la venta en farmacias y sin receta de la llamada píldora del día después, un anticonceptivo de urgencia de administración poscoital.

Los datos oficiales han confirmado el acierto de esa estrategia. El número de Interrupciones Voluntarias de Embarazo (IVE) no dejó de crecer cada año desde que existen mediciones oficiales. En España se produjeron 49.387 en 1995 (con una tasa de 6 abortos por cada 1.000 mujeres en edad fértil) y la estadística fue creciendo año a año hasta registrarse 115.812 abortos en 2008 (tasa de 11,78 por 1000).

La tendencia se quebró en 2009, cuando por primera vez se redujo la cifra anual en casi 4.500 abortos respecto del año anterior (111.482, tasa de 11,41 por mil). La estrategia de evitar embarazos no deseados (píldora del día después) dio resultado.

La entrada en vigor de la ley de plazos en 2010, contra lo que sostienen sus detractores, no provocó una marea de abortos. Ese año creció ligeramente el número de abortos respecto al año 2009 (113.031, cerca de 1.500 más) pero la cifra final se mantiene por debajo del récord alcanzado en 2008, cuando no se había iniciado la estrategia de salud sexual y reproductiva.


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