Clases de Derecho Penal para testigos que saben demasiado y no recuerdan nada

La investigación judicial realizada por el Juzgado número 13 de Barcelona facilitó un gran caudal de información que se utilizó posteriormente en la instrucción dirigida por el juez Llarena en el Tribunal Supremo que ha desembocado en este juicio. También dejó un reguero de decenas de imputados, algunos de los cuales están llamados a declarar en este juicio, pero a los que la ley les permite no responder a preguntas para no incriminarse en el otro procedimiento. Varios han ejercido ese derecho hasta ahora y algunos más lo harán. 

Eso es un problema para los cargos de nivel menor que no fueron imputados por el 13 y que sí están obligados a declarar ahora como testigos. Eran lo bastante importantes como para tener conocimiento de actos presuntamente ilegales, pero no tanto como para haber sido imputados en el 13. A veces, quedarse a mitad de camino es lo peor que te puede pasar. 

Uno de ellos es Jaume Mestre, responsable de Difusión de Publicidad de la Generalitat, tanto en 2017 como en la actualidad, que declaró el miércoles en la sala. Es un cargo de confianza en la Administración autonómica. Como muchos otros, perdió el empleo con la aplicación del artículo 155, pero luego lo recuperó tras las posteriores elecciones autonómicas. Así que debía tener cuidado en su declaración para no decir nada demasiado serio sobre sus antiguos jefes –dos de los cuales están imputados en el 13 y continúan en la Generalitat– y por tanto mantener su puesto de trabajo. Con una salvedad: no podía hacerlo de forma que cantara demasiado, es decir, no debía calentar los ánimos del fiscal y del presidente del tribunal por sus persistentes fallos de memoria.

En esto último, fracasó de forma clamorosa. 

Mestre no tomaba decisiones políticas. Su labor estaba en la gestión de la publicidad institucional, incluidas dos campañas de marzo y abril de 2017 que la acusación cree que justifican el delito de malversación que pende sobre los acusados.

La primera procedía de la Conselleria de Acción Exterior, dirigida por Raül Romeva, enfocada a que los catalanes en el exterior se inscribieran en un registro ofreciéndoles ventajas como asegurarles la tarjeta sanitaria. La segunda es una campaña de la que ya se ha hablado varias veces en este juicio y que es uno de los puntos fuertes con los que la fiscalía pretende sustentar el delito de malversación. Se llama 'Civisme' y, aunque no llegó a ejecutarse, de ella proceden los anuncios de las vías del tren que la Generalitat utilizó después en la campaña del referéndum. 

El tribunal dejó pasar las evasivas de Mestre sobre la campaña de Acción Exterior, pero no las relacionadas con 'Civisme' y la aparición de esos anuncios en los medios públicos autonómicos, TV3 y Catalunya Radio. Presupuestada en una cantidad notable, 2,7 millones, el concurso quedó desierto porque las agencias de publicidad no quisieron tocarla ni con una pértiga por su evidente relación con el referéndum y porque el juzgado número 13 ya había entrado en acción. 

Vuelve “un tal Toni”

Quien daba órdenes a Mestre sobre 'Civisme' era Antoni Molons, esa persona –también imputado y hoy también con cargo en la Generalitat– al que otro testigo llamó “un tal Toni” para intentar demostrar que su conocimiento de él era tan escaso que ni recordaba su apellido. 

En ese momento, Mestre ya estaba metido en una espiral en la que respondía a casi todo con un “no lo sé” y “no lo recuerdo”. Sobre los anuncios en TV3, no lo tenía tan difícil. Podía haber dicho que alguien en la Conselleria envió los anuncios a la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales para su emisión. Es cierto que la actual presidenta en funciones de la CCMA, Núria Llorach, dijo al juez instructor que fue Mestre quien le pasó los materiales, pero ella no declarará en este juicio. Efectivamente, Llorach también está imputada en el 13, pero eso el lector ya se lo habrá imaginado. 

El fiscal Jaime Moreno recordó a Mestre que la CCMA emitió facturas por 184.000 y 93.000 euros a cuenta de la emisión de esos anuncios. Mestre podía haber dicho que él no se ocupaba de recibir esas facturas. Podía haber explicado que se enteró después por las informaciones aparecidas sobre el caso. Optó por un “no lo sé”. 

Fiscal: “¿Esta campaña era de pago?”.

Mestre: “No lo sé”. 

Error. Una persona en su puesto debía de saber la respuesta, aunque no fuera él quien en su caso autorizara o no el pago. Decir 'ojalá estuviera imputado en el 13 para no tener que estar aquí' habría sido comprensible en el plano personal, pero no valía como respuesta ante un tribunal.

El magistrado Marchena le enseñó tarjeta amarilla. Le recordó que existe el delito de falso testimonio. No sonó muy amenazante, pero sí claro. Eso animó al fiscal a tomar la decisión con la que cerró después su intervención.

¿Habló de esas facturas con alguien? “Si lo hablé, fue con Molons”. ¿Insiste en que no era una campaña de pago?, repitió el fiscal. “No lo sé. No sé por qué se emitió ese spot”.

Segundo error. Si habló con Toni Molons, es difícil creer que le sorprendiera la aparición de los anuncios de las vías en TV3 y Catalunya Radio. 

El fiscal solicitó al tribunal que considere denunciar a Mestre por falso testimonio. Marchena dijo que la respuesta tendrá que esperar a la sentencia, donde se podrá calibrar, junto a otros testimonios y pruebas, si el testigo ha mentido. 

Los observadores que sólo eran visitantes

Después declaró otro testigo que sí está imputado en el 13, pero que le echó valor. Albert Royo, que fue secretario general de Diplocat, pensaba que sus cartas eran mejores. Administró los “no lo sé” con mesura, sin abusar, y proyectó un torrente de palabras con el que dejar claro que estaba encantado de responder a todas las preguntas, incluso hasta la noche si fuera necesario. 

Eso no quiere decir que su testimonio fuera creíble. Royo negó que Diplocat pagara a observadores internacionales para el referéndum. Sí pagó a unos denominados “visitantes internacionales” porque organizaba ese tipo de viajes todos los años para que gente de fuera conociera la realidad de Catalunya. 

¿En qué fechas viajó un grupo de “visitantes” sobre los que le preguntaron y a los que se les pagó 40.591 euros? Entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre de 2017. Vaya coincidencia, el viaje comenzó dos días antes del referéndum.

Cabe la posibilidad de que el fiscal y el tribunal se apiadaran de Royo al estar imputado en el Juzgado 13. O que el magistrado Marchena le tomará la matrícula para incluirlo en la carpeta de temas pendientes dentro del apartado 'testigos con declaraciones dudosas'. Para saber eso, también habrá que esperar a la sentencia.