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El PP pide en el Congreso que el Gobierno envíe las actas de la mesa de diálogo sobre Cataluña

EUROPA PRESS

MADRID —

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Ésta es una de las exigencias que los 'populares' han incluido en la moción que se votará en el próximo Pleno, previsto para la segunda semana marzo, y que es consecuencia de la interpelación que la portavoz del grupo, Cayetana Álvarez de Toledo, dirigió este miércoles a la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, y que atendió finalmente la ministra de Política Territorial, Carolina Darias.

De entrada, este mismo jueves, el PP ha registrado la comparecencia urgente del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, para que explique a los españoles qué está negociando con los independentistas.

EL GOBIERNO OCULTA A DÓNDE QUIERE LLEGAR

En su iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, el PP denuncia que la mesa de diálogo sobre Cataluña que echó a andar este miércoles supone “un fraude político, un embuste legal y un desfalco de soberanía nacional que no se puede tolerar”. “Sabemos lo que exigen los separatistas, pero el Gobierno nos oculta a dónde quiere llegar”, apunta.

“Esta rendición política ante delincuentes convictos, celebrada con las formas propias de un encuentro internacional, traiciona a media Cataluña, desprecia a los constitucionalistas, humilla a todos los demócratas y otorga una amnistía política a quienes fueron penalmente condenados”, resume.

PARALIZAR LA REFORMA PENAL Y EL NOMBRAMIENTO DE DELGADO

Por ello, además de pedir explicaciones al Gobierno en el Pleno y demandar las actas de la citada reunión en el Palacio de la Moncloa, el PP reclama romper el proceso de negociación bilateral con el Govern de Quim Torra, cesar en los trabajos para reformar el Código Penal con el fin de reducir las penas previstas para el delito de sedición y revocar el nombramiento de la exministra de Justicia Dolores Delgado como fiscal general del Estado.

Asimismo, el PP plantea que el Gobierno declare “su compromiso inquebrantable con la democracia, la Constitución, la Ley y la convivencia como únicas garantías de la seguridad jurídica de todos los españoles”, y que se comprometa a mantener cualquier relación con la Generalitat de Cataluña dentro del marco constitucional vigente, y las previsiones contenidas en el Estatuto de esa comunidad.

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