El Parlament pide al TC que ejecute la sentencia sobre el caso Castor

Recogido por Europa Press, el texto de los letrados de la Cámara alega que la nulidad ha supuesto “una grave perjuicio para el conjunto de usuarios al haber tenido que soportar una carga económica indebida” mientras estuvo vigente el real decreto ley que fijó la compensación.

Se expone que “no consta que el Gobierno del Estado, en tanto que autor y responsable de la norma, haya adoptado medida alguna para reparar los graves efectos” producidos al patrimonio de todos los usuarios del sistema gasista que soportaron el pago de la compensación.

Este incidente de ejecución se presenta después de que el 17 de abril de 2018, la Mesa del Parlament acordó solicitar al TC “la adopción de las medidas necesarias para reparar los daños y perjuicios causados a los usuarios y consumidores” por la norma declarada inconstitucional.

PODERES DE EJECUCIÓN CONTROVERTIDOS

Firmado por el letrado mayor de la Cámara, Antoni Bayona, el texto recoge que los poderes de ejecución de que dispone el TC en relación con el efectivo cumplimiento de sus sentencias ha sido “una cuestión especialmente controvertida a raíz” de la reforma legal que incrementó los poderes del tribunal.

Recuerda que “la gestación y los orígenes de esta reforma legal tienen relación directa con el proceso político seguido en Catalunya en los últimos años”, por lo que no se pueden omitir a la hora de reclamar la ejecución de la sentencia del caso Castor.

Así, concluye que el propio Tribunal Constitucional ha considerado que su poderes de ejecución de sus resoluciones con “plenamente coherentes con la Constitución” pese a que estas facultades no están expresamente recogidas en la Carta Magna.

Por todo, afirma que el TC debe tomar las medidas pertinentes para ejecutar la sentencia para “la protección del conjunto de ciudadanos que se han visto afectados por el deber de soportar una carga patrimonial impuesta por el legislador --el decreto de compensación-- en contra de la Constitución”.

La Cámara solicita al TC que requiera al Gobierno, como órgano superior de la Administración del Estado, para que cumpla y aplique los procedimientos de responsabilidad patrimonial, y también que le inste abstenerse a utilizar la figura del decreto ley para regular los aspectos económicos de la extinción del almacén Castor.