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El Gobierno amplía el confinamiento hasta el 11 de abril, asume el control de las residencias privadas y refuerza el papel del Ejército

El presidente anuncia la distribución de 1,3 millones  mascarillas -500.000 quirúrgicas y 800.000 para pacientes- en las próximas horas

Europa, incapaz de dar una respuesta ambiciosa y coordinada a la crisis del coronavirus

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Pedro Sánchez junto a los cuatro ministros delegados durante la teleconferencia con los presidentes autonómicos.

Pedro Sánchez junto a los cuatro ministros delegados durante la teleconferencia con los presidentes autonómicos. MONCLOA

El Gobierno prorrogará el estado de alarma al menos 15 días así como el confinamiento de los ciudadanos y la restricción de movimientos. Así se lo ha trasladado a los jefes de los ejecutivos autonómicos en la segunda videoconferencia que ha mantenido este domingo con motivo de la excepcional situación que atraviesa España. Los presidentes por su parte, le han reclamado más medios para luchar contra el coronavirus y algunos han planteado incluso la necesidad de recortar aún más la actividad productiva y de movilidad, en la línea adoptada ya por  Italia, para luchar contra la pandemia.  Para ampliar el estado de alarma, Pedro Sánchez  debe contar con el apoyo del Congreso. El Pleno se ha convocado para el próximo miércoles. La prolongación del estado de alarma otros quince días más implica que el confinamiento se mantendrá al menos hasta el 11 de abril. 

Tras la conversación telemática, Pedro Sánchez se dirigió de nuevo a los españoles en comparecencia pública para anunciar también que a partir de hoy todas las Comunidades Autónomas dispondrán de todas las residencias privadas de mayores para paliar la dramática situación por la que atraviesan, mejorar su nivel de vida y evitar los contagios. Igualmente, el Gobierno ha decidido restringir todos los viajes desde terceros países, si bien la medida no incluye a los residentes españoles en la UE que quieran retornar a su lugar de residencia.

Las nuevas órdenes dictadas hoy por las autoridades delegadas incluyen una ampliación del papel de las Fuerzas Armadas  con el objetivo de que los militares realicen por "vía aérea y terrestre" el traslado de pacientes que lo requiera "a centros con recursos sanitarios disponibles" y puedan proteger también "infraestructuras críticas". También se implementará apoyo logístico para el transporte de material sanitario desde el extranjero y los militares repartirán productos farmacéuticos y alimentos a las personas mayores para evitar que salgan de su domicilio.

El jefe del Ejecutivo ya dejó claro en la rueda de prensa del sábado por la noche que "lo peor está por llegar" y que la próxima semana es clave, ya que aumentarán los casos de infectados así como el número de fallecimientos. Hasta ahora los infectados superan los 25.000 y España ya ha sumado más de un millar de muertes por Covd-19, según los datos de los servicios sanitarios.

"Los casos diagnosticados y fallecidos van a aumentar en los próximos días. Estamos en momento crítico y van a llegar días muy duros -afirmó Sánchez-. Nos tenemos que preparar desde el punto de vista psicológico. Tenemos que llegar al fin de la semana que viene muy fuertes". 

Ante la falta de material sanitario del que se quejaron todas las Autonomías, Sánchez respondió que  el “contexto de mercado” para adquirir mascarillas es “muy difícil” y distribuirá 1,3 millones -500.000 quirúrgicas y 800.000 para pacientes- en las próximas horas y 4 millones en los próximos días. Admitió, eso sí, problemas de abastecimiento  en España y los enmarcó en un “contexto internacional de mercado muy difícil”. “El Gobierno de España está haciendo valer todo su peso. Hay muchos países intentando hacerse con esas mascarillas y el resto de material”, explicó en su comparecencia posterior  a la videoconferencia.

Torra pide cerrar Catalunya, Madrid, La Rioja y Euskadi

Sánchez, acompañado de los cuatro ministros designados autoridades delegadas -Salvador Illa, Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska y José Luis Ábalos-, ha mantenido la segunda reunión telemática con los presidentes autonómicos en el marco de los contactos periódicos que acordaron mantener mientras dure la crisis del coronavirus en una semana en la que ha recibido críticas de las comunidades por los fallos en el reparto de material sanitario así como la presión de Quim Torra para que el confinamiento sea total. 

Así lo ha hecho también en la videoconferencia con los presidentes autonómicos, que en su práctica mayoría demandaron más medios sanitarios para hacer frente a la pandemia. El jefe del Govern ha reclamado el cierre total de Catalunya, la Comunidad de Madrid, La Rioja y Euskadi, que son los principales focos de personas infectadas. Torra lo ha denominado un "acuerdo de Estado de solidaridad". Ha exigido un criterio "transparente y justo" para el reparto equitativo del material material sanitario a todas las Comunidades Autónomas para evitar que alguien piense en "agravios" y que evitar todo tipo de "rumorología". En una comparecencia posterior, Torra ha asegurado que pedirá a JxCat y ERC que apoyen en el Congreso la prórroga del estado de alarma. 

Según varios de los asistentes a la cita telemática, a pesar de la posición de cada presidente autonómico, el tono ha sido en todos ellos "muy razonable". Las discrepancias han sido más de gestión, pero todas "con ánimo constructivo". También las de los presidentes gallego y andaluz, que desde "el realismo" han hecho una larga lista de peticiones al presidente Sánchez. 

Ayuso denuncia la saturación de los crematorios

Más allá de sus reivindicaciones de los últimos días, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha solicitado además que no se cierren, ya que hay aún  2.000 turistas en Madrid que no han retornado a sus lugares de origen. Del mismo modo pidió una solución para llevar a mujeres maltratadas, "que ya no pueden seguir en casa con sus maltratadores" y ayuda para descongestionar  los crematorios, donde ya se acumulan los cadáveres. Díaz Ayuso anunció casi de forma simultánea a la comparecencia de Sánchez que la Comunidad de Madrid no puede esperar un minuto más el material  que precisa y que esta misma semana traerá dos aviones cargados con productos sanitarios.

En general, todos los presidentes autonómicos han reclamado más medios para hacer frente a la crisis  y algunos de ellos han pedido ampliar las restricciones a la movilidad para que el frenazo de la curva de contagiados se produzca cuanto antes. También el cese de más actividad productiva lo han planteado algunos líderes regionales. Uno de ellos ha reclamado el cierre de los puertos y aeropuertos, como ha sucedido en Islas Baleares. 

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha reprochado, en la línea de otros de sus homólogos, la falta de material sanitario y que los tests rápidos para la detección de las infecciones se realicen "siguiendo un protocolo común y de manera homogénea", según informan fuentes del Gobierno autonómico. 

Como ya habían hecho en los últimos días otros gobiernos regionales, entre ellos el de la Comunidad de Madrid y Euskadi, Page ha reclamado a Sánchez que se permita a las autonomías adquirir material sanitario por su cuenta y, en concreto, que se aumente el número de respiradores más allá de los 700 que anunció el ministerio este sábado. 

Puig: "Que este 15 más 15 no se convierta en otros 15"

El valenciano, Ximo Puig, por su parte ha dado su apoyo al Gobierno en la ampliación del estado de alarma en 15 días "con el fin de que este 15 más 15 no se convierta en otros 15 días", y por ello  eso ha indicado que es necesario acelerar la efectividad del confinamiento. También ha defendido que las Comunidades puedan adoptar una forma rápida y eficaz de mejorar la liquidez de las empresas haciendo  frente a la deuda no financiera que tienen con empresas y proveedores y que para ello necesitarían más recursos, como el adelanto el 50% de la liquidación de 2018 o la aprobación de las cuantías del FLA.  Luego,  pidió que el Gobierno refuerce los controles del actual confinamiento y estudie la posibilidad de reducir el uso  transporte público y limitar determinadas actividades económicas aún en funcionamiento.

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