El Supremo inicia trámites para investigar a dos consellers por el litigio de Sijena

El Tribunal Supremo ha iniciado los trámites para investigar al exconseller de Cultura Santi Vila y al actual responsable del cargo, Lluis Puig, por presuntos delitos de apropiación indebida y desobediencia por su negativa a cumplir la devolución de los bienes del Monasterio de Sijena (Huesca).

En una providencia hecha pública hoy, la Sala de lo Penal del Supremo acuerda designar a un ponente y remitir la denuncia al ministerio fiscal para que informe sobre el contenido del escrito y la competencia del alto tribunal en el caso.

La denuncia, que también alude a la presunta prevaricación cometida por Vila al hacer caso omiso a un apercibimiento de la juez de Huesca encargada del caso, fue interpuesta el lunes pasado por el letrado del Ayuntamiento de Villanueva de Sijena, Jorge Español, ante la insistente oposición de los consellers a devolver los bienes.

El escrito hace referencia a la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Huesca que condenó en abril de 2015 a la Generalitat a devolver unas piezas cuya compra por la administración catalana fue considerada ilegal por la titular del tribunal.

Además, se destaca que ambos consejeros fueron apercibidos de forma expresa desde el juzgado oscense para trasladar a Sijena las 44 piezas depositadas en el Museo de Lérida Diocesano y Comarcal, pendientes de devolver al formar parte indivisible del tesoro artístico del monasterio, Monumento Nacional desde 1912.

En concreto, señala Español en su denuncia, ambos consellers incumplieron órdenes de la juez para aportar al tribunal planes de transporte y de entrega de las piezas en septiembre de 2015, en julio de 2016 y en julio del año en curso.

En el caso de Vila, la denuncia advierte de que cuando fue apercibido por el tribunal a través de un escrito de que podía incurrir en delito, realizó a través de Twitter un “displicente” comentario en el que afirmaba: “Quedo advertido de las responsabilidades penales por cumplir las leyes de mi país”.

Destaca la denuncia que en un reciente auto el tribunal oscense avisó que si no se procedía a la devolución de las piezas en el último plazo dado, el pasado 31 de julio, se deduciría de forma automática testimonio para depurar las posibles responsabilidades penales de ambos consejeros.

Español destaca en su escrito que el delito de apropiación indebida de bienes del patrimonio histórico español está castigado con penas de hasta seis años de prisión.

Por su parte, el Gobierno aragonés se ha desmarcado de la demanda penal interpuesta por el Ayuntamiento de Villanueva de Sijena, cuya presentación no apoyó, y ha reiterado su posicionamiento a favor de la vía civil para conseguir las piezas.

Fuentes del Ejecutivo regional señalan que la administración autónoma aragonesa “sigue la vía civil, que es la de exigir a la jueza que tome las medidas necesarias para que los bienes regresen”.

La sentencia del juzgado está pendiente de la resolución de un recurso interpuesto por la representación legal de la Generalitat ante la Audiencia de Huesca, que el pasado 23 de septiembre se opuso a otro recurso del Consorcio del Museo de Lérida declarase la nulidad de todas las actuaciones por no haber formado parte del litigio.