Torres Dulce pone en un aprieto al ministro del Interior
Eduardo Torres Dulce ha protagonizado un incidente más de los muchos en los que ha incurrido desde que el Gobierno del PP le nombrara Fiscal General del Estado, hace ahora algo menos de año y medio, al ordenar a la fiscalía de la Audiencia Nacional que acuse de colaboración con banda armada a los dos mandos policiales procesados en el conocido como ‘caso Faisán’, que se enfrentan a una pena de 5 años de prisión. Torres Dulce respalda, como hizo el PP cuando estaba en la oposición, que altos cargos del Ministerio de lnterior abortaron en 2006 una operación policial contra una red de extorsión de ETA que operaba en el bar Faisán de Irún para no entorpecer la negociación que el Gobierno de Rodríguez Zapatero mantenía entonces con la banda terrorista.
El Fiscal General ha tenido que recurrir al artículo 25 del Estatuto Orgánico del Fiscal para modificar el auto del fiscal del caso, que considera que ambos policías, los comisarios Enrique Pamies y José María Ballesteros, son sólo responsables de un delito de revelación de secreto, castigado son 2 años de reclusión. Víctor García Hidalgo, entonces director general de la Policía e inicialmente procesado como sus subordinados, quedó exonerado de cualquier responsabilidad. La causa está conclusa desde el pasado 1 de marzo, a la espera de que todas las partes presenten sus conclusiones provisionales para fijar la fecha de la vista oral.
Se trata de la última injerencia, pero no de la única, que el Fiscal General del Estado ha protagonizado para imponer o influir en las decisiones de la fiscalía en otros casos de gran relevancia pública. Su nombramiento en diciembre de 2011 fue aplaudido por la carrera fiscal, que interpretó que suponía que un profesional accediera a un cargo que ha estado siempre sometido a la sospecha de su sometimiento al Gobierno de turno, que es el que lo nombra.
Hace unas semanas hizo una declaraciones públicas en las que afirmaba que no veía motivos para imputar a la infanta Cristina en el ‘caso Urdangarín’, con el consiguiente revuelo. Una opinión que, en este caso sí, coincide con la del fiscal del caso, Pedro Horrach, que ha recurrido la citación de la infanta para que declare ante el juez. Un hecho inédito hasta ahora. Igualmente ha defendido que la instrucción de los conocidos como papeles de Luis Bárcenas, que habían correspondido por reparto al magistrado Gómez-Bermúdez, eran competencia de Pablo Ruz, instructor del ‘caso Gürtel’, y en el ‘caso de los trajes’ por el que fueron juzgados y absueltos por un juzgado popular el expresidentes de la Generalitat valenciana Francisco Camps y el portavoz del PP en la cámara autonómica, Ricardo Costa, decidió que la fiscalía no recurriera el fallo ante el Tribunal Supremo (TS), que lo ha confirmado. Dos temas de importante calado político que afectaban al PP. Precisamente el año pasado ‘contribuyó’ a la inhabilitación del juez Baltasar Garzón por las escuchas del ‘caso Gürtel’, al apoyar que la fiscalía no recurriera el fallo.
Su falta de tacto le ha llevado a incurrir en numerosas polémicas, como la que provocó cuando dijo que no veía elementos suficiente para calificar de estafa la comercialización de participaciones preferentes y deuda subordinada en pleno escándalo por la venta de dichos productos entre pequeños ahorradores que van a perder la mayoría de su dinero. Tal vez no haya que extrañarse tanto, porque la primera decisión que tomó al jurar su cargo fue ‘resucitar’ la teoría de la conspiración por los atentados del 11-M. La publicación por un diario del hallazgo de chatarra de los trenes le bastó para abrir una investigación por un presunto delito de obstrucción a la justicia pese a que los restos estaban localizados desde hacía años. El anticipo de lo que está siendo su gestión.
