El fin del estado de alarma revela discrepancias en el Gobierno y le enfrenta a sus socios de investidura

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante una sesión de control al Gobierno,

El fin del estado de alarma que expiró el pasado fin de semana y la decisión del Gobierno de no buscar una prórroga no solo incomoda a sus socios parlamentarios y algunos presidentes autonómicos sino que ha abierto divergencias en el propio Consejo de Ministros. Con los socios de la investidura ya hubo roces en algunas otras medidas decretadas durante la pandemia pero ahora los aliados de la coalición asisten con perplejidad a la situación planteada por el Gobierno que antes de pasar por el trámite de buscar apoyos para alargar el estado de excepción decidió solventarlo con un decreto ley que pretende que el Tribunal Supremo armonice las restricciones y para el que, de momento tampoco tiene los apoyos amarrados.

El Gobierno establece por decreto que el Supremo tendrá la última palabra en las restricciones que impongan las comunidades

El Gobierno establece por decreto que el Supremo tendrá la última palabra en las restricciones que impongan las comunidades

Al igual que dejó claro que no prorrogaría el estado de alarma que había estado vigente durante seis meses para hacer frente a la tercera y la cuarta olas de la pandemia, Sánchez ha descartado hacer reformas legales para afrontar su recta final, tal y como le reclaman algunos partidos. El PP insiste en defender su plan jurídico, que fue desbaratado por el Congreso y no contó el apoyo de ninguno de los grandes partidos, ni siquiera Vox y Ciudadanos, que lo criticaron muy duramente. Pero este lunes ha sido el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en un artículo en El País el que se deslizó por esa vía. "El Gobierno de España tiene claro que todas las comunidades en este estadio tienen los instrumentos suficientes para hacer frente a la pandemia", dijo Sánchez en su comparecencia a media tarde. "Tenemos instrumentos suficientes para hacer frente a cualquier contagio", subrayó el presidente.

La duda que aún queda sin resolver es hasta dónde pueden llegar los gobiernos autonómicos en base a la legislación ordinaria, que permite establecer limitaciones para hacer frente a la epidemia siempre y cuando cuente con ratificación judicial. El Gobierno aprobó vía decreto ley una modificación para que las autonomías puedan recurrir al Tribunal Supremo en caso de que los correspondientes tribunales superiores de justicia tumben sus propuestas. Sin embargo, dentro del propio Ejecutivo existen discrepancias sobre el alcance de dichas limitaciones. El titular de Justicia considera, por ejemplo, que el toque de queda no tiene cabida sin estado de alarma.

Ese criterio casa con lo que inicialmente planteó el propio Sánchez, cuando admitió el 21 de abril que, según el criterio del Ejecutivo, la limitación de la movilidad nocturna solo se puede llevar a cabo a través de esa herramienta constitucional. Sin embargo, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, aseguró unos días después en una entrevista en elDiario.es que las comunidades "con la legislación sanitaria de nuestro país en la mano, comunicando a la autoridad pertinente y pidiéndole permiso para determinadas situaciones, lo pueden hacer". "Es evidente que las comunidades autónomas pueden justificar, argumentar, proponer y decidir a los tribunales situaciones, como el toque de queda, como los confinamientos, como cualquier circunstancia que limite derechos y libertades", explicó en la rueda de prensa en la que anunció el decreto. "El Gobierno (...) tiene la percepción de que nuestros tribunales han operado en una dirección no solo garantista, sino ayudando y comprendiendo las decisiones que los ejecutivos han ido tomando. Salvo alguna situación puntual, los tribunales han ido acompañando las decisiones de los ejecutivos cuando han afectado a derechos, a la libertad deambulatoria, a libertades públicas para proteger a la población de la pandemia", agregó la vicepresidenta.

Este mismo lunes, después de que distintos tribunales superiores así como la Fiscalía dictasen resoluciones contradictorias sobre las decisiones que han empezado a tomar las distintas autonomías, la delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Mercedes González, emplazaba al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso a solicitar el toque de queda para evitar desmadres como los ocurridos en la capital este fin de semana. González se ha referido a que cinco comunidades autónomas lo habían planteado una vez finalizado el estado de alarma.

Las medidas implementadas en esas comunidades recibieron respuestas dispares en los tribunales. Por ahora los jueces solo lo han autorizado en Baleares y la Comunitat Valenciana, mientras que lo han rechazado en Euskadi y Canarias. El lehendakari, Iñigo Urkullu, desistió y no recurrió la decisión. En el caso del canario Ángel Víctor Torres sí lo ha elevado al Supremo y aunque pretendía mantener el toque de queda hasta que el Alto Tribunal se pronunciara, ha tenido que acabar desistiendo tras la advertencia del TSJC. La Fiscalía se ha opuesto a la medida en Navarra, que espera el pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia.

El mensaje que ha enviado el ministro de Justicia es que las comunidades pueden solicitar la activación del estado de alarma en sus territorios. "Es una posibilidad específicamente prevista en nuestra legislación, que el Gobierno central ya se ha comprometido a apoyar. Por tanto, ni jueces gobernando, ni dejación de responsabilidades o abandono de los gobiernos autonómicos", argumenta Campo en su tribuna periodística. "Si entienden que el toque de queda es la solución, que lo pidan al Gobierno", reiteró posteriormente en una entrevista en La Sexta.

Sin embargo, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, había descartado esa opción cinco días antes. "Habrá que ir evaluando la situación en todo momento, pero por ahora entendemos que las medidas que tienen a su disposición conforme a la legislación ordinaria las comunidades autónomas junto con el decreto ley aprobado ayer son medidas suficientes para mantener el virus a raya", expresó Darias en una rueda de prensa en la que también alegó que la alarma está pensada "para situaciones excepcionales, no para que permanezca sine die", recordó las "duras críticas" que recibió el Gobierno cuando lo planteó para seis meses y se escudó en que la situación ha mejorado notablemente como denota, además, que algunas comunidades están "relajando medidas". Este mismo lunes el ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, que participa junto a la titular de Sanidad en las reuniones del Consejo Interterritorial de Salud, admitió que "no toca" el estado de alarma pero que el Gobierno "lo estudiará y apoyará" si alguna lo pide.

Comunidades y partidos enfadados

La mayoría de comunidades autónomas –incluidas algunas del PSOE– se quejaron en las últimas semanas por la incertidumbre en la que quedaba la gestión de la pandemia una vez decayera el estado de alarma. Incluso los aliados parlamentarios de la coalición se abrieron a apoyar ahora el plan B jurídico que plantea el PP para que las comunidades tengan la capacidad de imponer restricciones sin necesidad de recurrir a los tribunales, a pesar de que el 17 de noviembre esa iniciativa fracasó en el Congreso. El principal argumento del Gobierno –que se comprometió entonces con Ciudadanos a estudiar cambios legales que ha desechado– es que la limitación de derechos fundamentales solo se puede llevar a cabo mediante ratificación judicial o la excepcionalidad del estado de alarma, que requiere el aval del Parlamento en caso de que se prolongue más de quince días.

Tampoco el discurso es unitario en el PP. Pablo Casado, que dejó de apoyar el primer estado de alarma y reivindicó que fueran las comunidades autónomas las que gestionaran la emergencia sanitaria y que tampoco respaldó el que acaba de decaer y acusa a Sánchez de pasar "del estado de alarma al caos", sostiene que la solución es la "ley de pandemias" que propone y que volvió a registrar. Casado asegura que el texto podría estar listo en "quince días", pero fuentes parlamentarias rechazan que un texto de esas características pueda finiquitarse con esa premura y recuerdan, además, que el PP no tiene cupo para introducir proposiciones de ley hasta el 25 de mayo. Entre tanto, presidentes autonómicos de su partido, como Juanma Moreno o Alberto Núñez Feijóo, abogaron por el mantenimiento del estado de alarma ante la ausencia de una alternativa legal certera.

El mensaje es también muy crítico por parte de los grupos que normalmente apoyan al Gobierno. El portavoz del PNV, Aitor Esteban, se ha declarado "atónito" ante las palabras del ministro de Justicia sobre la posibilidad de plantear cambios legales si el Supremo lo sugiere. "No tiene sentido mantener el estado de alarma solo en algunas comunidades. En este año y medio de pandemia hemos comprobado lo rápido que cambian los números. Lo suyo sería mantenerlo en todo el Estado, que está totalmente justificado, y que cada comunidad autónoma decida si aplica o no las medidas en función de sus necesidades", ha argumentado Esteban, que considera que el Ejecutivo de Sánchez "no ha sido hábil" y no ha admitido "que ha metido la pata". Los nacionalistas vascos, al igual que ERC, se abrieron a apoyar la reforma legislativa del PP como forma para presionar –sin éxito– al Gobierno. El diputado de Más País-Equo Íñigo Errejón, ha acusado al Gobierno de haberse "lavado las manos".  "No ha querido volver a pasar por el desgaste de una votación parlamentaria", ha lamentado en una entrevista en Al Rojo Vivo.

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10 de mayo de 2021 - 22:20 h

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