La apuesta por Arnaldo para el Constitucional revive las sospechas sobre la licenciatura de Casado

El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes; y el líder del PP, Pablo Casado; en febrero de 2021.

Pablo Casado estaba a punto de meter un gol al Gobierno con los nombramientos del Tribunal Constitucional. El PP ha logrado colocar a dos candidatos no solo afines, sino con un amplio expediente de lealtades a su partido, y eso no había impedido que la tormenta mediática en los días previos se hubiera desatado contra el PSOE y Unidas Podemos por aceptarlos. Tanto, que 11 diputados, la mayoría sin identificar, se salieron de la disciplina de partido para no votar a Enrique Arnaldo y a Concepción Espejel. Algo inédito en el día a día de las sesiones parlamentarias. Pero, en las últimas horas, la apuesta de Casado por Arnaldo se le ha vuelto en contra al remover una historia que el líder del PP creía ya cerrada: las dudas sobre cómo logró aprobar 12 asignaturas de Derecho en apenas cuatro meses.

La elección de Arnaldo y Espejel provoca la mayor indisciplina de voto desde la investidura de Rajoy

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En los días previos a la votación en el Congreso se destaparon múltiples informaciones que impugnaban la idoneidad de Arnaldo. Desde sus muchos pluriempleos, pese a ser letrado del Congreso, hasta una conversación telefónica en la que prometió a Ignacio González gestiones para poner a un fiscal general "bueno", cuando este ya estaba imputado en diversas causas judiciales.

Ninguna de esas noticias han hecho mella en el PP ni en su determinación para seguir adelante con la designación de Espejel y Arnaldo. De hecho, algunas de las informaciones eran ya conocidas y no impidieron que Casado optara por este catedrático que ya fue miembro del Consejo General del Poder Judicial a propuesta de su mismo partido. 

Pero algo cambió en la tarde-noche del jueves, cuando la Cadena Ser recuperó una información que ya había ocupado portadas en 2018 y cuyos protagonistas eran los propios Casado y Arnaldo. Una noticia que, vista con los ojos de hoy, revela hasta qué punto la relación personal entre ambos era profunda, y que ayuda a explicar la elección hecha por el PP. 

Fue Arnaldo quien introdujo a Casado en el centro de estudios universitarios Cardenal Cisneros, donde el por entonces joven asesor del Gobierno de Esperanza Aguirre y presidente de las Nuevas Generaciones del partido en Madrid aprobó en apenas dos años el 70% de las asignaturas de la carrera de Derecho, logrando así licenciarse en un tiempo récord tras un paso previo poco productivo por la privada Universidad Pontificia Comillas - ICADE.

A las dudas sobre cómo obtuvo su carrera se sumaron otras, como la licenciatura en Administración y Dirección de Empresas en la Universidad Rey Juan Carlos o el máster que obtuvo sin ir a clase y que fue investigado por una jueza, aunque el Tribunal Supremo archivó la causa pese a concluir que no existía ningún indicio de que Casado cursara el máster.

Ahora, vuelven las sospechas sobre cómo obtuvo su licenciatura y la implicación que tuvo en ello Enrique Arnaldo. Fuentes del PP han negado a elDiario.es que Arnaldo tuviera nada que ver en la llegada de Casado al centro Cardenal Cisneros, aunque el por entonces director, Alberto Pérez de Vargas, así lo había atestiguado en 2018 y lo ha vuelto a confirmar en las últimas horas: primero a la Cadena Ser y también en dos conversaciones distintas con elDiario.es, la primera el jueves por la noche y una segunda este mismo viernes.

La entrada de Arnaldo en el Constitucional, que ya solo su propia dimisión podría impedir, el empeño del PP en nombrarlo pese al desprestigio que comporta al Tribunal y esa alargada relación con el líder del partido, devuelve al primer plano un episodio que tuvo al dirigente popular contra las cuerdas tras la dimisión de Cristina Cifuentes por un escándalo similar y del que logró pasar página tras la negativa del Supremo a juzgarlo. Si hasta hace unos días sus polémicos nombramientos para el tribunal de garantías no tenían ningún castigo para el PP, ahora el nombre de Arnaldo salpica directamente a Casado.

En una rueda de prensa celebrada en La Palma este viernes, Casado trató de salir al paso de las preguntas de los periodistas con el recurso habitual de las derechas: ETA. "El problema que hay en España y sus instituciones es Arnaldo Otegi", dijo.

Mientras espere a que las sombras sobre su carrera de Derecho pasen de nuevo a un segundo plano, Casado mantiene el comodín del Consejo General del Poder Judicial, cuyo desbloqueo depende únicamente de su voluntad, como se ha demostrado con las recientes renovaciones, no solo del Constitucional, también del Defensor del Pueblo o del Tribunal de Cuentas. Si no fuera por la polémica de Arnaldo, habría logrado repetir ahora el éxito de su estrategia del pasado mes de febrero para la renovación del Consejo de RTVE, donde también situó a perfiles de muy marcada filiación partidista, como son Jenaro Castro o Carmen Sastre.

Entonces, el acuerdo con el Gobierno implicaba también la remodelación del CGPJ. Pero, una vez lograda la aprobación del Consejo de RTVE, el PP se desdijo y volvió al bloqueo en el que el órgano de gobierno de los jueces lleva casi tres años.

El PP esgrimió entonces como motivo para romper la negociación las propuestas como vocales de José Ricardo de Prada y Victoria Rosell. Nueve meses después, la renovación del CGPJ vuelve a quedar en el aire.

La mayoría progresista, en riesgo

Y Casado tiene a mano impedir que se concluya el cambio en la correlación de fuerzas en el Constitucional a partir de junio, cuando está prevista la renovación de otros cuatro magistrados, a propuesta respectivamente del Gobierno y del propio CGPJ. Si este órgano sigue en funciones, no está claro que vaya a haber relevos en el Constitucional.

El líder del PP tendió la mano hace un mes a Pedro Sánchez para retomar las conversaciones para abordar la renovación de los órganos constitucionales, que en algunos casos, como el Defensor del Pueblo, lleva más de cuatro años en funciones. En aquella sesión de control, Casado fue transparente: se avenía a cumplir el mandato constitucional para todas las instituciones a excepción del Poder Judicial. 

A pesar de que hasta entonces el Gobierno había asegurado que la negociación era un paquete indivisible (además del CGPJ y el Defensor del Pueblo, los consejeros del Tribunal de Cuentas, los miembros del Tribunal Constitucional y de la Agencia de Protección de Datos), Sánchez optó entonces por aceptar el ofrecimiento de Casado. En Moncloa consideraban que una vez alcanzado el acuerdo -tardaron apenas 24  horas- para esas instituciones sería más fácil lograr un entendimiento para el órgano de gobierno de los jueces. "El desbloqueo de cuatro instituciones hace más inexplicable el bloqueo del Poder Judicial", afirmó Sánchez hace unas semanas

El primer gran acuerdo entre Sánchez y Casado ha provocado una profunda división en la izquierda y la mayor indisciplina en una votación parlamentaria desde la investidura de Mariano Rajoy, en la que 15 diputados díscolos del PSOE se mantuvieron en el no pese a la abstención decidida por la gestora y que había partido a la organización en dos. En esta ocasión, la elección de Enrique Arnaldo contó con once votos menos de los previstos -entre ellos los de los diputados Odón Elorza (PSOE) y Meri Pita (Unidas Podemos) por su rechazo, y del exministro José Luis Ábalos y el parlamentario del PSOE Mariano Sánchez, que lo atribuyeron a un error-. El resto de parlamentarios rebeldes no han trascendido. La otra magistrada propuesta por el PP, Concepción Espejel, superó en cinco al polémico Arnaldo. 

El Gobierno confía en que el PP ceda

La esperanza del Gobierno es que, tras este pacto, el PP acabe cediendo y pactando un nuevo CGPJ tras haberlo hecho hace tres años (aunque fue dinamitado desde sus propias filas al enviar el entonces portavoz en el Senado, Ignacio Cosidó, un mensaje en el que aseguraba que controlarían la sala penal del Supremo "por la puerta de atrás" con Manuel Marchena) y haber estado a punto en otras dos ocasiones, según los socialistas. 

Sin embargo, las señales que emitía el Ejecutivo esta semana eran de prudencia. Mientras PSOE y Unidas Podemos pasaban el trago de votar a Arnaldo y Espejel, fuentes gubernamentales admitían que eso no tendría que suponer que el acuerdo se extendiera al Poder Judicial de manera inmediata. "Ese es el riesgo que corremos", reconoce un destacado dirigente socialista sobre la posibilidad de que el PP se plante definitivamente en el ‘no’ a tocar el CGPJ y reconoce: "Tras esto, no tiene sentido que nosotros nos comamos el veto a De Prada".

También en Unidas Podemos creen que el acuerdo para los cuatro órganos que se han renovado debería allanar el camino para un pacto en el CGPJ. Y también defienden que, tras tener que votar a Arnaldo y Espejel, el PP ha perdido cualquier legitimidad para vetar a nadie. El grupo confederal se ha esmerado en explicar a su propia parroquia los motivos para asumir a los dos candidatos de la derecha. Incluso Pablo Iglesias ha escrito un artículo en Ara para justificar la decisión en un bien mayor: revertir la mayoría conservadora que ahora impera en el Constitucional.

Moncloa mantendrá la estrategia de presión sobre el PP, con el que han mantenido contactos, aunque no se atreven a poner fecha a la hipotética renovación. "La otra vez dije que era inminente, pero esta no sé", admitió el miércoles un alto mando gubernamental. El sueño del Ejecutivo es que a partir de junio, cuando se tiene que renovar el último tercio del Constitucional -a instancias del Gobierno y del CGPJ-, acabe con una mayoría progresista.

Sin embargo, esa posibilidad está en riesgo si el PP persiste en el bloqueo: el Poder Judicial no podrá hacer nombramientos tras la modificación legal que impulsaron PSOE y Unidas Podemos, y existen dudas jurídicas de que el Gobierno pueda plantear sus propuestas ya que la Constitución habla de que la renovación debe producirse por tercios (Congreso, Senado, y Gobierno-CGPJ): "Los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un período de nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres".

Y es Casado el que tiene la llave para levantar el bloqueo. Este viernes, durante su visita a La Palma, el líder del PP reiteraba que no habrá nuevo CGPJ si no se cambia la fórmula para designar a sus vocales. Vuelta a la casilla de salida, pero con varios peones de Casado ya en puestos clave.

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Publicado el
13 de noviembre de 2021 - 21:52 h

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