Bruselas reafirma su “preocupación” por el bloqueo del CGPJ y urge a su renovación para luego cambiar su forma de elección

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el 6 de mayo de 2022 en Barcelona.

Andrés Gil

Corresponsal en Bruselas —

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Hace dos años se publicó el primer informe de la Comisión Europea sobre el Estado de Derecho en los 27. Y 24 meses después, la evaluación sobre España abunda en lo ya recogido en las dos ocasiones: la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial, en funciones por el bloqueo del PP, es un problema. En efecto, el partido de Alberto Núñez Feijóo lleva años desplegado una batería de justificaciones cambiantes para evitar renovar el órgano de gobierno de los jueces, que ha seguido haciendo nombramientos con la mayoría que salió de las elecciones de 2011 que ganó Mariano Rajoy.

“El retraso en la renovación del Consejo del Poder Judicial sigue siendo motivo de preocupación”, dice Bruselas: “El Consejo ha estado ejerciendo sus funciones interinamente desde diciembre de 2018. Esto genera preocupaciones de que podría ser percibido como vulnerable a la politización, como ya se mencionó en los Informes sobre el estado de derecho de 2020 y 2021. Se han repetido llamamientos para proceder con su renovación urgente y las partes interesadas han descrito la situación como insostenible y anómala. Tras la reforma de marzo de 2021 por la que se define el régimen de interinidad del Consejo General del Poder Judicial, el Consejo en funciones no puede proceder a la designación de altos cargos judiciales”.

“El 24 de junio de 2022”, recuerda Bruselas, “el Gobierno presentó una reforma que permite al Consejo del Poder Judicial proceder al nombramiento de los miembros del Tribunal Constitucional. El Gabinete Técnico del Tribunal Supremo publicó el 18 de octubre de 2021 un informe sobre las consecuencias de la falta de renovación del Consejo del Poder Judicial en el nombramiento de los magistrados del Tribunal Supremo. El informe concluye que el Tribunal Supremo está ejerciendo sus funciones con un 14% menos de jueces de lo que exige la ley, y esto podría resultar en que el Supremo emita 1.000 decisiones menos por año, lo que socavaría la eficiencia de la justicia”.

Así, Bruselas lanza una serie de recomendaciones a España en relación con la salud del Estado de Derecho: “Reforzar el estatuto de la Fiscalía General, en particular en lo que se refiere a la separación de los mandatos entre la propia fiscalía y el del Gobierno, teniendo en cuenta las normas europeas sobre independencia y autonomía de la acusación”; “proceder a la renovación del Consejo del Poder Judicial con carácter prioritario e iniciar, inmediatamente después de la renovación, un proceso con vistas a adecuar el nombramiento de sus vocales de extracción judicial, teniendo en cuenta los estándares europeos”; “continuar los esfuerzos para presentar una legislación sobre los lobbys, incluido el establecimiento de un registro público obligatorio de cabilderos”; “abordar los desafíos relacionados con la duración de las investigaciones y los enjuiciamientos para aumentar la eficiencia en casos de corrupción de alto nivel”; “garantizar los recursos adecuados para que la autoridad nacional reguladora de los medios audiovisuales fortalezca sus operaciones, teniendo en cuenta las normas europeas sobre la independencia de los reguladores de los medios, en particular en lo que respecta a la adecuación de los recursos”; y “seguir trabajando para fortalecer el acceso a la información, en particular a través de la reforma de la Ley de Secretos Oficiales”.

En relación con la reforma del sistema de elección del CGOJ, la Comisión Europea se remite a la evaluación del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), dependiente del organismo internacional ajeno a la UE Consejo de Europa, que pide que los 12 vocales de extracción judicial de los 20 que componen el CGPJ sean elegidos por los jueces, no por el Congreso de los Diputados como hasta ahora.

El Consejo de Europa reconoce que el Gobierno defiende “la legitimidad y el carácter democrático del método de selección”, en tanto que el nombramiento de los vocales del CGPJ –los 12 jueces y magistrados y los 8 juristas de reconocido prestigio– requiere un amplio consenso del Parlamento a través de una mayoría cualificada de 3/5; y que los candidatos son preseleccionados por los propios jueces a través de un sistema democrático, y la lista de candidatos resultante se presenta al Parlamento, que designa a los vocales. 

Pero GRECO señala “las normas aplicables del Consejo de Europa relativas a la elección a los vocales de extracción judicial de los Consejos judiciales: cuando existe una composición mixta, para la selección de los vocales jueces, se aconseja que éstos sean elegidos por sus pares (siguiendo métodos que garanticen la representación más amplia del poder judicial en todos los niveles) y que las autoridades políticas, como el Parlamento o el poder Ejecutivo, no participen en ninguna etapa del proceso de selección”. 

El informe de la Comisión Europea publicado este miércoles reconoce que España ha adoptado “enmiendas legales con el objetivo de aumentar la transparencia de las relaciones entre el Gobierno y el Fiscal General, mientras persisten las preocupaciones sobre la coincidencia en el mandato del Fiscal General y el Gobierno”.

El Ejecutivo comunitario recuerda que la Comisión de Ética Judicial “emitió una dictamen sobre los deberes éticos de los jueces que regresan a sus funciones judiciales después de haber ocupado cargos políticos”. Y Bruselas señala que “se continúa avanzando en cuanto a la calidad del sistema de justicia, con hechos como la implementación de medidas que faciliten el acceso a la justicia de las personas con discapacidad”; con “la reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal y la ley del derecho de defensa”; así como “la digitalización de la justicia”.

En este sentido, la Comisión Europea recuerda que “siguen los esfuerzos para abordar los desafíos relacionados con los recursos del poder judicial”, y señala que “la duración de los procedimientos sigue siendo un desafío, aunque se está trabajando en proyectos de ley destinados a mejorar la eficiencia del sistema de justicia”.

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