Cerrada última vía para pedir responsabilidades a Botella por vender vivienda

Se cierra la última posibilidad para reclamar responsabilidades a la alcaldesa de Madrid Ana Botella por la venta de 1.860 viviendas sociales a un fondo de inversión después de que el Tribunal de Cuentas haya desestimado el intento de la edil socialista Mercedes González para recurrir al Tribunal Supremo.

La misma Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas que revocó la condena a Ana Botella y siete miembros de su equipo a pagar 22,7 millones por esta operación ha frenado la estrategia de la concejal del PSOE para sustituir como vecina de Madrid al Ayuntamiento de Madrid e interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

El PSOE, que presentará ahora una queja escrita al Tribunal Supremo, hizo esta intentona después de que el nuevo equipo de José Luis Martínez-Almeida y Begoña Villacís decidiese no recurrir la absolución de la exalcaldesa del PP, pese a que así lo pidió el Pleno municipal con los votos de Más Madrid, PSOE y Vox.

La oposición de izquierda pone en duda la sentencia que exime a Botella porque la dictó Margarita Mariscal de Gante y Mirón, exministra de Justicia en el Gobierno de José María Aznar, marido de Botella, y José Manuel Suárez Robledano, -ambos consejeros nombrados a propuesta del PP- mientras que votó en contra Felipe García Ortiz, vocal nombrado por el PSOE, que ha reeditado su voto particular.

En el auto con fecha 11 de diciembre, al que ha tenido acceso Efe, la Sala de Justicia entiende que González no puede ejercer “la legitimación por sustitución” porque “no resulta aplicable en esta jurisdicción contable” pues considera que es la Fiscalía, que tampoco ha recurrido el fallo, la que ejerce la tutela de los fondos públicos “ante una eventual pasividad de la entidad pública perjudicada”.

Señalan además que González no puede sustituir al Consistorio porque la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo sí ha ejercido acciones en el proceso hasta el momento en el que, por mayoría del consejo de administración, ha decidido no recurrir. Además, el Tribunal de Cuentas ve contrario al ordenamiento que una persona física no personada intente “revivir” el caso.

Argumentos de los que difiere el vocal nombrado por el PSOE, que en un voto particular señala que esta figura sí rige en la jurisdicción contable y que la acción pública de la Fiscalía y la de sustitución “son de naturaleza distinta”.

Según Felipe García “nada impide” que un vecino actúe en sustitución de un Ayuntamiento ya que es “una garantía ciudadana para suplir la falta de compromiso y la defensa de los bienes públicos por parte de la administración local” que se puede dar en primera o segunda instancia “por cambio de criterio”, “intereses espurios” o por el cambio en la representación por elecciones.

De esta forma ya no se podrá exigir responsabilidad contable a Ana Botella por la operación, cuya legalidad aún se dirime el juzgado de instrucción número 28 de Madrid.

Están procesados el exconsejero delegado de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo, Fermín Oslé y al apoderado de Fidere, Alfonso Benavides y se ha prohibido la venta de las viviendas, en un procedimiento que tiene el aval de la Audiencia Provincial que desestimó los recursos de ambos.