Ceuta pide socorro a Pedro Sánchez ante la “hostilidad” marroquí

Siempre con miedo al anexionismo marroquí, Ceuta ve las orejas al lobo como nunca y teme que el nuevo Gobierno no la proteja como antaño. El presidente Juan Vivas (PP), que durante los casi 20 años que lleva al frente del Ejecutivo autonómico (“muchos, demasiados”, ha dicho esta semana varias veces) ha sido paladín de “lealtad institucional” hasta el punto de enfrentarse a Génova con Zapatero en La Moncloa, ha alzado esta semana la voz como nunca se le había escuchado para pedir socorro al Gobierno central.

“Hemos llegado a la conclusión de que podemos estar cerca de un punto de no retorno respecto de la supervivencia de la ciudad y de que ello exige una reacción decidida, enérgica e inmediata por parte de quien puede y debe darla en defensa de nuestra soberanía y e integridad, el Gobierno de la Nación y las Cortes Generales, porque es cuestión de emergencia nacional”, resume el portavoz del Ejecutivo ceutí, Carlos Rontomé, que ha elevado otro tono la alerta proclamada por el presidente.

Vivas ha denunciado por primera vez esta semana que la deriva de “emergencia social y económica” de Ceuta “tiene mucho que ver el país vecino y sus gestos de hostilidad desde el cierre de la aduana comercial de Melilla en 2018, al que ha seguido el corte unilateral del comercio transfronterizo, las prohibiciones y restricciones para que llegue turismo de compras y ocio desde Marruecos, las instrucciones para que sus funcionarios no nos visiten, que por supuesto se nos califique de 'ciudades ocupadas' y, ahora, el conflicto de las aguas territoriales”.

Las gotas que han desbordado el vaso han sido, por un lado, “la llegada masiva de menores extranjeros no acompañados, que puede que no sea casualidad”, desliza el presidente de una ciudad en la que su número ha pasado desde julio “de 250 a más de 800, 502 tutelados y 300 en la calle”. “Si no se auspicia, se consiente”, recelan desde el Ejecutivo ceutí en declaraciones a eldiario.es.

Por otro, la “falta de respuesta” del Gobierno del PSOE y Podemos a los SOS de la ciudad. “En saco roto han caído”, enumera Rontomé, “la petición sobre la necesidad de reforzar las dotaciones policiales de la frontera; la solicitud de auxilio para atender la cruda y grave problemática de los MENA; y el requerimiento para reconocer, mediante acuerdo del Consejo de Ministros, el pago de las ayudas [7,2 millones de euros al año] a la producción de agua y para cubrir necesidades relacionadas con la frontera no prorrogadas en 2019”.

Vivas amplía los reproches al Estado: “Es una vergüenza para España”, ha censurado, “que la responsabilidad en el control de la inmigración se ponga en manos de Marruecos. Debemos tener una relación de buena vecindad, de amistad, pero no depender en nada que sea estratégico para la ciudad, sobre todo nuestro porvenir y futuro económico”.

El Gobierno de Ceuta del PP (con 9 de los 25 diputados de la Asamblea regional) se apoyó en el PSOE (7) para tener estabilidad hasta Navidad, pero tras el choque por las transferencias del Estado ha pasado a hacerlo en Vox, con cuyos diputados aprobará los Presupuestos de la Ciudad para 2020.

Todo el arco parlamentario de la ciudad, desde Vox hasta los localistas de Caballas, en el espectro ideológico de Podemos, incluido el PSOE en silencio, exigieron el jueves al Gobierno central que recupere esas aportaciones, pero la aspiración de la Cámara es más ambiciosa: blindar en una Ley el respaldo económico del Estado (casi la mitad de los 300 millones de Presupuesto municipal), las ventajas fiscales del Régimen Económico y Fiscal especial que comparte con Melilla y “el derecho a unos servicios públicos equiparables a los que se prestan en el resto de España”.

Este jueves, el Ejecutivo ceutí hizo llegar a la ministra de Política Territorial un documento con seis reivindicaciones urgentes entre las que se cuenta la necesidad de repartir a los MENA por el resto de Autonomías (posición que secunda la Fiscalía General del Estado) y “preservar una presencia vigorosa del Estado en Defensa, Seguridad, Sanidad, Educación, Justicia e Instituciones Penitenciarias” en una ciudad donde la mitad de su población activa son empleados públicos, lo que dispara su renta media pese a rozar el 30% de tasa de paro y liderar las tablas de fracaso escolar y pobreza.

Futuro económico en vilo

Con el porteo de mercancías hacia Marruecos, actividad que movía unos 400 millones de euros al año, estrangulado, Ceuta, que carece de suelo y recursos naturales, había fiado su futuro económico a dos vías: el turismo y las Nuevas Tecnologías, sobre todo el juego online. Las bonificaciones fiscales aprobadas por el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro en 2018 han facilitado el aterrizaje en la ciudad de 22 empresas del sector que han generado unos 200 empleos.

Sobre ambas atisba el Gobierno ahora nubes negras. Por una parte, el colapso permanente de la frontera lastra al comercio, la principal actividad productiva local, y la captación de turistas procedentes de la península está penalizada por los precios del transporte marítimo (casi 70 euros ida y vuelta para los no residentes por un viaje de una hora de duración) o en helicóptero. Por otra, la cruzada del nuevo Gobierno del PSOE y Podemos contra el juego también ha puesto en alerta al Ejecutivo local, que “quiere pensar” que su privilegiada fiscalidad, equiparable a la de Gibraltar, no será derogada por Alberto Garzón, ahora al frente del ministerio de Consumo.

“Ceuta tiene que tener una supervivencia económica dependiente de España, no de Marruecos”, reivindica Vivas, que niega haberse convencido de haber cambiado “la prudencia y la discreción” por “la contundencia y la firmeza”, debido a su aproximación a Vox, el partido que con más vigor ha abogado por dar la espalda al país vecino y “mirar hacia el mar y la Península Ibérica” para recuperar el “esplendor” de la ciudad “segura, española y occidental” que su presidente, Juan Sergio Redondo, anhela. “Nos mueve la defensa del interés general de Ceuta, que no tiene nada que ver con alianzas, sino con la integridad territorial y la soberanía”, distinguen desde el Gobierno.