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El chavismo pide al Supremo que designe dos nuevos rectores del Poder Electoral
La bancada chavista del Parlamento venezolano pidió hoy al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que asuma las facultades de la cámara para designar a las dos autoridades electorales del país cuyos mandatos vencen los próximos días, al considerar que el Legislativo está en desacato.
El diputado Héctor Rodríguez, jefe de la facción oficialista, presentó ante la máxima corte un recurso para que “la Sala Electoral corrija la omisión legislativa, como ya lo ha hecho en reiteradas ocasiones”.
El legislador explicó a los periodistas desde las puertas del TSJ que, mientras la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), controlada por el antichavismo, se mantenga en desacato, sus actos “son nulos hasta que la directiva decida acatar la Constitución” y las sentencias del máximo tribunal.
El mandato de dos de los cinco rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) vence el 4 de diciembre y, conforme a sus facultades, la Cámara debe designar a las dos autoridades que reemplazarán a las salientes.
El directorio del Poder Electoral está actualmente formado por cinco rectores (cuatro mujeres y un hombre) y solo uno de ellos está asociado a la oposición venezolana, mientras que los otros cuatro están considerados simpatizantes del chavismo.
El pasado 11 de agosto la AN inició un proceso para designar a estas dos autoridades.
Sin embargo, el chavismo, que por primera vez en quince años no controla las decisiones del pleno, estima que ese proceso es nulo porque el Parlamento se mantiene en desacato, tras resistirse a aprobar la destitución de diputados que prestaron juramento en contra de una sentencia del TSJ.
Aunque los tres diputados opositores, cuya proclamación fue revocada, solicitaron hace días voluntariamente no incorporarse para poner fin al desacato del Parlamento, el TSJ pidió al Legislativo que haga pública su aprobación y le notifique el fin del desacato.
El retraso en la designación de esas autoridades fue calificado por Rodríguez de “peligroso” porque podría poner en riego la celebración de las elecciones a gobernadores y alcaldes prevista para el próximo año.
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