Reformando el Código Penal a 140 km/h y acelerando en las curvas

Habían comenzado ya las votaciones de las enmiendas para la reforma del Código Penal en la Comisión de Justicia del Congreso y Mireia Vehí, de la CUP, tomó la palabra para hacer una curiosa petición. “¿Puedo cambiar el voto? Es que todo va tan rápido”. No podía. De hecho, el presidente de la Comisión, Felipe Sicilia, le recordó que no se pueden interrumpir las votaciones una vez que han comenzado. Había dicho lo mismo poco antes cuando el PP solicitó que se votaran por separado unas enmiendas.

Antes de ponerse a hacer chistes sobre las confusiones de los diputados a cuenta de cosas que ya saben, hay que reconocer algo evidente: hay carreras de Fórmula 1 más lentas que esta reforma legislativa que ha alterado los delitos de sedición y malversación. En el segundo caso, se aprobará en el pleno del jueves.

Será también por la rapidez de los trámites por lo que Sicilia tuvo que anunciar antes que, gracias a los letrados de la Cámara, se había detectado una errata en un artículo. “Una mera corrección gramatical”, dijo. Si es solo eso, tampoco deberíamos preocuparnos. “Donde dice legales, debe decir ilegales”, continuó. Bueno, ese no es un detalle menor en un Código Penal.

Subidos al tren bala de la reforma, algunos aliados del Gobierno no ocultaron que esta velocidad les suscita dudas. “No se puede abordar esto con estas formas, tan rápido, convocando un pleno dentro de dos días. Merecía un trato más sereno”, opinó Joan Baldoví, de Compromís.

Hasta Unidas Podemos se quejaba de lo mismo en relación al delito de malversación en el que se reduce la pena máxima de prisión. “Hay que hacer autocrítica. Esta ley se ha debatido poco tiempo y las prisas son malas consejeras”, afirmó Jaume Asens en la SER.

Asens hizo un comentario bastante insólito en esa entrevista. “Entiendo como jurista que no encaja, pero estoy convencido que Marchena lo hará encajar”. Unidas Podemos no ha firmado esa enmienda transaccional con el PSOE, pero votará a favor de toda la reforma y calcula que funcionará porque se ocupará de ello un magistrado del Tribunal Supremo que no le cae nada bien. Si alguien lo entiende, seguro que le convalidan dos asignaturas del curso de política española.

Hubo más situaciones que causan una cierta perplejidad. La portavoz de Esquerra, que es el partido que ha promovido la reforma de la malversación, hizo una defensa nada entusiasta. “No es nuestra ley”, dijo Carolina Telechea, porque son independentistas. Además, no cree que los supuestos que contempla el nuevo delito de desórdenes públicos agravados, que sustituye a la sedición, deban ser castigados. ERC no está a favor de que el Código Penal intervenga en todo lo relacionado con el derecho de manifestación.

Su portavoz, Gabriel Rufián, provocó arqueamientos generalizados de cejas al decir después que “nunca nada se ha negociado en función de la situación personal de unos u otros”. Todos saben que la reforma puede beneficiar a los condenados en el juicio del procés, como Oriol Junqueras, y a dirigentes de ERC que aún no han sido juzgados por la acusación de malversación.

El portavoz socialista en la Comisión, Francisco Aranda, no dedicó casi espacio en su intervención de cinco minutos a defender la reforma, excepto un par de frases. Se ocupó de hacer unas consideraciones generales sobre la necesidad del diálogo y los pactos en la política. Siempre hay que estar a favor de las cosas buenas de la vida.

Hubo que esperar a una rueda de prensa posterior de Patxi López para que alguien del PSOE defendiera con claridad los pasos dados. El nuevo delito de malversación diferencia “lo que llamamos robar” de la desviación de fondos públicos para emplearlos en otros fines propios de la Administración con un ejemplo: “Hay una partida para hacer un polideportivo y alguien la destina a pagar las nóminas de los funcionarios”. En ese caso, no está clara la relación entre un referéndum ilegal y los fines propios de un Gobierno.

La defensa política en relación a Catalunya fue más enérgica: “Cataluña ya no es el principal problema de nuestro país”. “Quien se ha roto es el independentismo”, dijo (en alusión al hecho de que Junts ha dejado tirada a Esquerra en El Govern), que ya no podrá recurrir al victimismo.

¿Más malas noticias para el Gobierno? Por ejemplo, la reacción del Govern ante la reforma, que se sintió obligado a presumir después de que Junts la describiera como una derrota del independentismo. “Los cambios restan fuerza represiva en el Estado”, anunció muy satisfecha la portavoz del Gobierno catalán. Viene a ser un argumento muy parecido desde el otro lado a los que han sostenido el PP y Ciudadanos.

¿Podría empeorar la cosa? Es el momento de que aparezca Emiliano García-Page en la película. El presidente de Castilla La Mancha eligió el martes para su ataque más duro y directo contra Pedro Sánchez. Utilizó las mismas razones que ha enarbolado la derecha. “No es tolerable pactar con los delincuentes su propia condena”. El nuevo Código Penal se ha pactado “en dos cafés en el último minuto sin informe jurídico”. Y un aviso más tenebroso, porque tiene que ver con futuras elecciones: “Que nadie piense que la gente es tonta y se olvidará”.

Menos mal que Page es del mismo partido que Sánchez.

Los dirigentes del PP deberían ovacionar a Page por llamar “delincuentes” a los socios del Gobierno en el Parlamento. Es lo que llevan diciendo desde 2019. Como era de esperar, hicieron lo contrario, porque están pensando en desbancarlo en las elecciones autonómicas de mayo. Es exactamente lo mismo que tiene Page en la cabeza.

Para terminar de arreglarlo todo, se ha sabido que la futura ponencia del congreso de Esquerra apuesta por un referéndum de independencia que sólo exija un 50% de participación junto a un 55% de votos afirmativos para separarse de España. Es una meta tan ambiciosa como fuera de la realidad viniendo de un partido que sostiene un Gobierno con 33 diputados en un Parlamento de 135. Pero es indudable que marcará su camino para la próxima legislatura en Catalunya.

También le tocó a Patxi López responder a esa reivindicación a preguntas de los periodistas: “Este partido y este Gobierno no van a aceptar ningún referéndum de independencia en Cataluña. Cuando alguien nos hable de independencia, nosotros pondremos por delante el Título VIII de la Constitución”. En la misma línea fue la portavoz del Gobierno.

No cabe duda de que es una respuesta rotunda. Tendría más fuerza si esta reforma del Código Penal no se hubiera hecho a una velocidad espeluznante y nunca vista.

En política, tomar curvas a gran velocidad, incluso si el coche no vuelca, puede hacer que te estrelles contra las urnas.