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Investigación

El archivo del comisario Villarejo incluye un diario manuscrito con información de citas, clientes y contactos

Son unos cuadernos en los que anota encuentros, plasma reflexiones e incluye información íntima de otros a los que se refiere con seudónimos

Los papeles de Villarejo son parte de la documentación incautada hace un año al policía en el marco de la Operación Tándem de la Audiencia Nacional 

La Sala de lo Penal acaba de levantar el secreto pero exige un expurgo de lo que afecte a la privacidad de las víctimas, terceros o a la seguridad del Estado

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El Incibe intenta desencriptar 400 archivos del comisario Villarejo

El Incibe intenta desencriptar 400 archivos del comisario Villarejo David Velasco

La documentación incautada al comisario Villarejo incluye un material comprometedor para quien trató con él y que es distinto de las temidas grabaciones que el policía acumuló durante décadas. Se trata de una suerte de diario manuscrito donde Villarejo apuntaba las citas que tenía y a las que añadía luego comentarios. Esa especie de cuaderno de bitácora está repartido en varias libretas y es parte de la documentación sobre la que la Audiencia Nacional acaba de levantar, con algunas restricciones, el secreto del sumario, han informado a eldiario.es fuentes jurídicas.

El contenido de esas anotaciones parece tener una finalidad distinta a las de las grabaciones que  mantienen atemorizada a la élite política, empresarial y judicial del país. El comisario incluye “reflexiones”, según las fuentes consultadas, y se expresa de un modo un tanto críptico, como si él fuera el único destinatario de esos escritos. La afición a bautizar sus dosieres con nombres originales, que aludieran de algún modo a los encargos que recibía, también aparece en este diario. Es frecuente, afirma quien lo ha visto, que utilice “motes” para referirse a las personas.

La posibilidad de que esos cuadernos fueran de uso interno no elimina el riesgo para aquellos que aparecen mencionados en él. La presunta organización criminal que lideraba el comisario, ahora jubilado, recurría con frecuencia a la vida íntima de los objetivos a desacreditar o chantajear. El policía y sus colaboradores también procuraban tener información de este tipo de cualquier otra persona, susceptible de poder sacarle rendimiento en el futuro. 

El contenido de ese diario corre el riesgo de ser conocido próximamente, después de que  la Audiencia Nacional levantara el pasado miércoles el secreto sobre la documentación incautada a Villarejo que no está recogida en soporte digital encriptado. De otras grabaciones de audio o vídeo dice la Sala de lo Penal que puede levantarse el secreto porque no han dado pie desde el pasado junio a la apertura de nuevas vías de investigación, vía pieza separada.

El juez del caso Villarejo, Diego de Egea, acordó levantar el secreto de toda la documentación el pasado 10 de agosto, pero la Fiscalía recurrió y el instructor dejó en suspenso su decisión hasta que la Sala de lo Penal resolviera. La Sección Tercera acaba de decidir que las partes tengan acceso a los papeles de Villarejo previo expurgo de aquella documentación que pudiera afectar a las piezas secretas de investigación, “la intimidad de las víctimas y de terceros no intervinientes”. También aluden los jueces de la Sección Tercera a la “protección a la Seguridad del Estado” que esgrimieron los fiscales y que, sin embargo, “hasta la fecha de hoy” no se ha visto afectada, según la sección presidida por Alfonso Guevara.

Por decisión del juez De Egea

El juez De Egea razonó su petición el pasado verano en que Villarejo y su socio, el abogado Rafael Redondo, llevaban meses en prisión provisional sin conocer toda la documentación sobre la que pesaba la acusación contra ellos.  Redondo salió de prisión el pasado mes de septiembre después de que el juez hubiera sustituido la medida de prisión incondicional por el pago de una fianza de un millón y luego la rebajara a 100.000 euros, con la oposición de Anticorrupción y Podemos, que ejerce la acusación popular. Ambas partes querían que el socio de Villarejo siguieran en la cárcel por el riesgo que aprecian de que obstruya la investigación o se fugue.

La documentación incautada a Villarejo viene protagonizando la actualidad nacional desde que comenzaran a conocerse el contenido de sus grabaciones, ya fuera por el levantamiento del secreto de las piezas separadas en las que habían sido incluidas o por que distintos medios de comunicación hayan publicado otras, con independencia de que fueran o no objeto de investigación judicial. 

Ocurrió con las conversaciones que el comisario mantuvo en 2015 con la antigua amiga del rey Corinna Larsen, que difundió okdiario.com y elespanol.com, o con la comida homenaje a Villarejo en la que participó la actual ministra de Justicia, Dolores Delgado, entonces fiscal de la Audiencia Nacional y que publicó moncloa.com. Este medio digital también reveló las conversaciones del comisario en 2009 con la entonces secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y su marido, el empresario Ignacio López del Hierro. Estas últimas grabaciones acaban de ser reclamadas por el juez de la caja B, José de la Mata, por su presunta relación con la financiación irregular del Partido Popular.

Las cerca de 400 carpetas que quedan por desencriptar del archivo digital de Villarejo son un quebradero de cabeza para la élite empresarial, política y judicial del país. La investigación viene acreditando que el comisario lideró un grupo que ofertaba un servicio integral a sus clientes y para los que no dudaban en cometer, entre otros, cohecho, blanqueo de capitales, extorsión o revelación de secretos. El policía se servía de su condición de funcionario público, destinado en la cúpula de la seguridad pública, para acceder a documentación que luego utilizaba para elaborar dosieres que vendía a un alto precio.

La Unidad de Investigación Tecnológica (UIT) de la Policía tuvo problemas desde el principio para acceder al contenido de esos archivos y las 7 piezas con las que cuenta la Operación Tándem o caso Villarejo se han abierto con documentación que estaba accesible.

Un año después de que fuera detenido el comisario, el juez De Egea ha remitido al Insituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), con sede en León y dependiente del Ministerio de Economía y Empresa, las “carátulas” de esas carpetas para intentar encontrar las claves de acceso a su contenido. El Incibe ha recibido el material en los últimos días. En el caso de que fracase, la Audiencia Nacional valora remitir la misma documentación al Centro Criptológico Nacional, dependiente del CNI, que cuenta con otra metodología. El temor de los investigadores es que la encriptación “militar” de los documentos provoque su autodestrucción al utilizarse determinadas vías para el acceso a los mismos.

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