El Congreso da el primer paso para castigar más los casos de trata con origen en la guerra de Ucrania

El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves, con el voto a favor de PSOE, Unidas Podemos, PP, Vox, Ciudadanos, PNV y PDeCAT –aunque estos tres últimos grupos matizaron su apoyo durante el debate–, la toma en consideración de una proposición de ley registrada por los socialistas para agravar las penas en los casos de trata en los que se vean afectados refugiados ucranianos que hayan huido de la guerra en su país.

La iniciativa –aprobada con 308 votos a favor, 18 en contra y 10 abstenciones– no ha contado con el respaldo de aliados parlamentarios habituales del Ejecutivo como ERC o EH Bildu que el martes, durante el debate de la medida, consideraron que la propuesta del PSOE resulta “discriminatoria” para víctimas de trata españolas o de otros países, una idea que también defendió Unidas Podemos, aunque finalmente la ha respaldado, si bien incorporará enmiendas al articulado para “mejorarla” y que “no afecte únicamente a las mujeres ucranianas sino que se amplíe a todas las mujeres desplazadas”.

El nuevo texto que ahora comenzará su tramitación parlamentaria dispone que, “cuando la víctima sea una persona cuya situación de vulnerabilidad haya sido originada o agravada por el conflicto bélico motivado por la invasión del territorio ucraniano”, se imponga la pena superior en grado a la prevista en el apartado 1 del artículo 177 bis. del Código Penal: de cinco a ocho años de prisión como reo de trata de seres humanos. Se trataría, en principio, de una medida temporal, limitada a los próximos 18 meses.

El PSOE defiende la medida en la situación de “excepcionalidad” que vive la población ucraniana. “Proteger a las víctimas de Ucrania de forma específica es necesario, sobre todo por una cuestión de contexto: la masa de refugiadas no tiene precedentes”, explicó el martes la diputada socialista Andrea Fernández, durante la defensa de la proposición de ley registrada por su grupo.

“No se trata de discriminar, sino de atender con urgencia una realidad inédita por su abundancia y por su riesgo. Los datos hablan por sí solos. Las mujeres ucranianas ya sufrían antes de la invasión un riesgo muy alto de ser víctimas de trata. Así lo ha reconocido recientemente la resolución del Parlamento Europeo sobre el impacto de la guerra contra Ucrania en las mujeres”, añadió.

Unidas Podemos: “Es un delito que sucede en todo el mundo”

La crítica más dura contra la propuesta socialista llegó de su socio de coalición, Unidas Podemos, aunque finalmente apoyó su toma en consideración. La diputada de Unidas Podemos, Sofía Castañón, consideró que la ley propuesta “genera una inasumible discriminación”. “¿Vale menos el derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad y a la dignidad de una persona en función de cuál es el conflicto del que huye?”, se preguntó durante el Pleno del martes.

En su opinión, “el valor de la vida, de la dignidad y de la libertad de las personas no depende del impacto económico o mediático de una guerra ni de si es una guerra como la que ahora arrasa al pueblo ucraniano por la acción de Putin ni de si es porque huyen del hambre feroz o de los efectos de la crisis climática, del miedo, de la desesperación, de la pobreza o de cualquier otra guerra en Afganistán, en Siria, en Yemen o en cualquier otro país del mundo”.

Ella sostuvo que “son las redes de trata quienes se están aprovechando de esa vulnerabilidad y el efecto que causa sobre esas personas es exactamente el mismo”. “El bien protegido solo puede ser la vida de las personas que sufren la violencia de trata. La trata de personas, tal y como se define en el artículo 3 a) del protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas de Naciones Unidas, es un delito que tiene lugar en todas las regiones del mundo y que afecta a todas las personas del mundo independientemente de su procedencia. La dignidad, seguridad y libertad de cualquier vida sometida a la trata de personas no puede estar por encima de otra en función del origen de la causalidad”.

Desde EH Bildu, la diputada Bel Pozueta recordó que la “vulneración flagrante” de “derechos básicos” en materia de trata y prostitución forzada “afecta a todas las refugiadas, sean ucranianas o de cualquier otra nacionalidad”. “Es tal el ataque que supone a la integridad de los derechos y las libertades de todas ellas que no entendemos cómo se puede proponer hacer diferenciaciones entre unas y otras”, lamentó.

Una medida “racista” y “segregacionista”

“Las refugiadas ucranianas deben poder contar con toda la protección y la seguridad que este Estado les puede ofrecer, por supuesto que sí, y quienes las explotan deben ser juzgados y sancionados con dureza, pero exactamente el mismo derecho deberían tener las refugiadas sirias, afganas, nigerianas o de cualquier otra procedencia. Por ello, no podemos avalar que existan personas refugiadas de primera y de segunda; no podemos avalar que se diferencie entre las personas refugiadas que huyen del horror de la guerra de Ucrania y quienes huyen del horror de cualquier otra guerra; no podemos avalar que se legisle para unas y no para otras, porque todas, sean refugiadas ucranianas o no, sufren la misma vulnerabilidad frente a la trata y la explotación”, zanjó.

En la misma línea se pronunciaron desde ERC. “¿Por qué no han modificado el Código Penal con el conflicto armado de Yemen o de Siria o cualquier otro conflicto armado en el Mediterráneo o en el mundo?”, les preguntó a los miembros del Gobierno la diputada republicana Carolina Telechea. “Tal vez el hecho de que el Estado español obtenga beneficios millonarios con la venta de armas en estos conflictos tiene algo que ver”, sugirió.

Para ella, la proposición de ley del PSOE “tiene un sesgo segregacionista e, incluso, racista, ni qué decir de discriminatorio”. “La ley debe proteger a todas las víctimas de trata, a todas, a las provenientes de todos los países en conflicto, no solo a las provenientes de Ukraína. Además, debe ser complementada con medidas efectivas”, concluyó, denunciando que la propuesta “carece de todo rigor jurídico, porque no se puede legislar ad hoc el Código Penal”.