El PSOE propone endurecer las penas de los delitos de trata con origen en la guerra de Ucrania

El PSOE quiere modificar el Código Penal para endurecer las condenas por trata de seres humanos que se cometan en el marco de la guerra en Ucrania. El Grupo Socialista va a registrar este miércoles una proposición de ley para incluir un agravante en los castigos de este tipo de delitos cometidos sobre víctimas del conflicto bélico. La idea es que la modificación tenga una vigencia de 18 meses una vez que la norma entre en vigor tras aprobarse en las Cortes, donde pretenden que se tramite la iniciativa con carácter de urgencia, aunque su admisión no podrá debatirse al menos hasta finales de abril.

Los socialistas, que llevan en solitario esta iniciativa al Congreso sin la participación de Unidas Podemos, plantean una modificación del artículo 177 bis del Código Penal, que es el que establece penas de entre cinco y ocho años de prisión a los reos de trata de seres humanos que se produzca en territorio español. La proposición de ley supone incorporar entre los agravantes para la pena superior en grado (una horquilla de ocho años y un día hasta doce años de cárcel) aquellos casos en los que “la víctima sea una persona cuya situación de vulnerabilidad haya sido originada o agravada por el conflicto bélico motivado por la invasión del territorio ucraniano iniciada el 24 de febrero de 2022 por tropas de la Federación Rusa”.

La exposición de motivos del texto, al que ha tenido acceso elDiario.es, hace referencia al “desastre humanitario de nefastas consecuencias, con millones de ucranianos y ucranianas desplazadas en toda Europa” que está dejando la invasión rusa. “Estas personas que han tenido que abandonar su país en circunstancias terribles, debido a este cruento conflicto bélico, se exponen a situaciones de extrema vulnerabilidad, especialmente las mujeres, las niñas y los niños desplazados frente a los traficantes de seres humanos, que ya han sido detectados acechando a esas personas”, reza la proposición. “Ante estas circunstancias, resulta procedente la aprobación de una Proposición de Ley penal con vigencia temporal que incremente convenientemente las penas previstas para los delitos de trata de seres humanos”, concluye el texto, que también se basa en la directiva europea que instaba a “establecer sanciones penales severas para los delitos de trata”.

Durante su intervención en el Congreso tras el discurso del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, Pedro Sánchez ha hecho especial hincapié en la protección de las personas refugiadas que llegan a países europeos o que están desplazadas dentro de Ucrania. “Es, sin duda, una tragedia de dimensiones colosales. Ucrania puede tener la certeza de que España estará a la altura, porque España siempre responde ante desafíos como este y por eso pondremos los recursos necesarios para la acogida de los refugiados y refugiadas ucranianos en nuestro país, mientras sea necesario. Lo estamos haciendo ya en los cuatro centros que estamos poniendo en marcha en Madrid, en Barcelona, en la ciudad de Alicante, el próximo en Málaga, que se va a abrir esta misma semana y lo que vamos a continuar desplegando a lo largo de los próximos meses”, se ha comprometido Sánchez.

Fuentes socialistas sostienen que la situación se está produciendo en Ucrania justifica una modificación penal con carácter temporal para intentar aumentar las garantías de las mujeres, niños y niñas víctimas de la guerra. La dirección del PSOE ha abordado esta proposición con Unidas Podemos, que ha optado por no registrarla conjuntamente. El Ministerio de Igualdad explica que su apuesta es reforzar la protección para todas las víctimas y no solo las de origen ucraniano.

“Respetamos la decisión del PSOE de presentar esta iniciativa. Desde el Ministerio de Igualdad consideramos que la forma más eficaz de proteger a las víctimas y perseguir a los tratantes es facilitar la acreditación de las víctimas y mejorar los mecanismos de atención y detección precoz que es lo que hemos hecho con las medidas aprobadas en el RDL del pasado martes, que trabajamos con todas las CCAA y que además las medidas serán desplegadas para todas las víctimas sin ninguna discriminación tal y como exige el comité CEDAW”, señalan en el departamento que pilota Irene Montero, que trasladó esas “observaciones” al PSOE y a la ministra de Justicia. 

La ley integral de trata que el Gobierno pretende aprobar este año está siendo un nuevo foco de conflicto en el seno de la coalición después de que el Ministerio de Justicia haya anunciado que comienza los trámites para elaborarla mientras que el departamento que dirige Irene Montero ya estaba avanzando en el borrador. El Plan Anual Normativo de 2022 atribuye al Ministerio de Igualdad esa norma de carácter orgánico con la participación de Justicia, Interior e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones como coproponentes. Sin embargo, la intención de los socialistas es que Pilar Llop asuma el grueso de la propuesta mientras que Irene Montero aborde las cuestiones relativas a la Igualdad. De fondo subyace el conflicto entre el PSOE y el resto de formaciones que sustentan al Gobierno a propósito de la abolición de la prostitución.