El Constitucional estudiará la congelación de los trámites parlamentarios por la pandemia a petición de Vox
El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de Vox contra el acuerdo de la Mesa del Congreso que congeló el 19 de marzo la tramitación de las iniciativas parlamentarias como consecuencia de la paralización de la actividad de la cámara por la pandemia.
En una providencia, el pleno del tribunal de garantías ha decido por unanimidad estudiar el recurso de amparo del grupo parlamentario contra el acuerdo del pasado 19 de marzo que suspendió los plazos, y contra otro del 21 de abril en el que desestimaba la solicitud de reconsideración efectuada por Vox.
El TC considera que el asunto suscitado en el recurso “trasciende del caso concreto al plantear una cuestión jurídica de relevante y general repercusión social o económica y porque pudiera tener unas consecuencias políticas generales”, informa el tribunal.
Como viene siendo habitual para acordar una admisión, los magistrados también han tenido en cuenta “la especial trascendencia constitucional” apreciada en el recurso al plantear un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina.
La congelación de los plazos reglamentarios de las iniciativas que hubiesen iniciado su tramitación fue acordada a propuesta de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, con el rechazo de PP y Vox, y estuvo vigente hasta el pasado 13 de abril. Ocho días antes de adoptar dicho acuerdo, la Junta de Portavoces acordó suspender la actividad parlamentaria durante 15 días.
El acuerdo, equivalente al que adoptó la Mesa del Senado, suponía que todas las proposiciones de ley registradas y calificadas por la Mesa del Congreso, así como las proposiciones no de ley o las mociones, no siguiesen ningún plazo de tramitación parlamentaria. Ocurrió lo mismo con las proposiciones ya admitidas a trámite.
La formación que lidera Santiago Abascal consideró que se estaba hurtando a la cámara baja la función de control al Gobierno y solicitó a la Mesa del Congreso de los Diputados que reconsiderase su decisión. Finalmente, acabó acudiendo al TC.
En su resolución, el pleno ha ordenado al Congreso que remita certificación o fotocopia de los acuerdos impugnados y emplaza a quienes hubieren sido parte en el procedimiento para que puedan comparecer si lo desean.
2