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Un cónsul boliviano en España declara ante el fiscal en un caso de corrupción

Fotografía del 19 de mayo de 2020 que muestra la entrega de respiradores comprados en España por el Gobierno interino de Bolivia, durante un acto en Santa Cruz (Bolivia).

EFE

La Paz —

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El cónsul de Bolivia en la ciudad española de Barcelona, Alberto Pareja, prestó este miércoles declaración ante la Fiscalía en La Paz en un proceso por supuesta corrupción en una compra en España para el Ministerio de Salud boliviano.

Una hermana del diplomático, Berta Pareja, declaró a los medios en el exterior de la Fiscalía Departamental de La Paz que el cónsul fue llevado a declarar en calidad de “aprehendido”.

La joven comentó que su hermano solo participó en trámites que le fueron requeridos, a la vez que expresó su confianza en la Justicia en el proceso en que fue llevado a declarar el diplomático.

El cónsul fue llamado a La Paz por la Cancillería boliviana para prestar un informe sobre esos trámites, según la canciller interina de Bolivia, Karen Longaric.

El proceso judicial investiga la compra en España de 170 respiradores hospitalarios para pacientes críticos con COVID-19, que produce una empresa de Barcelona pero fueron adquiridos a través de una intermediaria en el País Vasco con supuesto sobreprecio de unos dos millones de dólares.

El exministro interino de Salud de Bolivia Marcelo Navajas fue enviado a prisión preventiva por tres meses, tras ser detenido junto a otros investigados, dos de ellos funcionarios de esta cartera y de una entidad estatal.

El caso es el mayor escándalo por supuesta corrupción en los cerca de siete meses en el poder de forma interina de Jeanine Áñez en Bolivia, que anunció una revisión de todas las compras y contratos en Salud desde que sumió la presidencia de forma transitoria el pasado noviembre.

La compra se produjo después de que fueran autorizadas adquisiciones de urgencia sin trámites habituales, para reforzar el sistema sanitario con el fin de combatir el coronavirus, pero con una rapidez inusual en unos cuatro días y pese a observaciones de funcionarios que advirtieron de posibles irregularidades, según transcendió antes de que el proceso judicial fuera declarado en reserva.

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