Una década del desfile de los grandes constructores por la Audiencia Nacional para responder de la caja B del PP

El reciente archivo de la última línea de investigación que quedaba abierta en el caso de la caja B del PP, el cohecho de los grandes empresarios, pone fin al caso más concurrido y con mayores evidencias de la connivencia entre el poder político y económico en España. Un total de 22 responsables de las grandes compañías españolas, la mayoría constructoras, declararon entre la primavera de 2013 y el invierno de 2014 como imputados ante el juez Pablo Ruz en la Audiencia Nacional. Sus nombres aparecían en los ‘papeles de Bárcenas’ como donantes de dinero negro a la formación conservadora cuando esta gobernaba y les otorgaba grandes adjudicaciones. 

En marzo de 2015, y pese al laborioso trabajo de un grupo de policías de la UDEF, el caso se vio abocado al archivo. Los indicios de que habían ingresado cantidades no permitidas al PP eran sólidos, pero no así el hecho de que cada entrega fuera a cambio de una adjudicación, requisito para poderles atribuir el delito de cohecho. En 2017 el caso fue reabierto después de la declaración de Francisco Correa en el primer gran juicio de Gürtel y, formalmente, los empresarios volvieron a estar imputados. Hasta que el pasado 19 de diciembre, el juez Santiago Pedraz, el tercero que ha tenido el caso de la caja B, resolviera que no había donde sustentar una prolongación de la investigación. 

Debido a la reforma de la sede de la Audiencia Nacional en la calle Génova fue un edificio provisional, en la calle Prim, el que acogió entre estrecheces las comparecencias como investigados de los 22 empresarios que habían quedado retratados por Bárcenas como donantes de dinero negro de la caja B del PP. 

El 31 de enero de 2013 se había destapado la caja de los truenos. El País publicó aquel día las anotaciones manuscritas del que había sido gerente y tesorero del PP, Luis Bárcenas, con los ingresos en dinero negro de los empresarios y las salidas de parte de esos fondos en sobresueldos a dirigentes del partido durante dos décadas. Una querella conjunta de Izquierda Unida y otras organizaciones del mismo espectro político dio pie a la apertura de una pieza separada del caso Gürtel que pasó a denominarse ‘caja B’.

En la primera tanda de declaraciones fue citado el fundador de OHL, Juan Miguel Villar Mir, quien dijo al magistrado instructor y al resto de las partes personadas que nunca había entregado dinero a un partido político. En las anotaciones de Bárcenas, el exministro de la UCD aparecía como donante de 100.000 euros el 19 de octubre de 2004; 180.000 euros el 25 de octubre de 2006, y 250.000 el 11 de febrero de 2008. En total, más de medio millón.

Dentro de su estrategia de defensa, Villar Mir llegó a afirmar que él a quien daba dinero era a fundaciones, incluida una de la exvicepresidenta socialista María Teresa Fernández de la Vega, dedicada a las mujeres en África, o a las de los sindicatos UGT y CCOO. 

El detalle de las anotaciones de Bárcenas fue negado sistemáticamente por todos los empresarios, que oscilaban entre atribuirlo a una invención del tesorero del PP o directamente asegurar que no le habían visto nunca, si acaso un breve saludo en un acto público. 

Algunos fueron más allá. En apenas 15 minutos de declaración, el presidente entonces de Sacyr Vallehermoso advirtió ante el juez Ruz que se querellaría contra quien hubiera redactado los papeles publicados por El País. También dijo que si conocía a ministros era porque su constructora era muy importante, que trató mucho más a Álvaro Lapuerta que a Bárcenas e incluso llegó a quejarse de que su constructora recibía menos adjudicaciones de las que merecía.

“Todo el mundo dudaba de nuestro sano juicio por responsabilizar de hechos tan graves a gente tan respetable. Luego resultó que todo era cierto”, rememora Gonzalo Boye, letrado que representó a Observatori Desc, una de las acusaciones populares que impulsaron de forma determinante la causa de la caja B. Boye alude a las tres sentencias de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo que declaran acreditada la existencia de una contabilidad paralela en el seno del Partido Popular. 

Antonio Segura es uno de los abogados que representó a Izquierda Unida, Ecologistas en Acción, Asociación Libre de Abogados y Justicia y Sociedad, organizaciones autoras de la querella que originó la causa. Asegura a elDiario.es que “nunca” percibió temor en los empresarios que se sentaron ante el juez. Aun así recuerda aquello como “un momento histórico”. “Pensábamos que quizá no pudiéramos demostrar las entregas a cambio de adjudicaciones pero sí pensamos que al menos se iba a modificar la forma de contratación de la Administración pública, que era un coladero”, relata Segura antes de admitir que aquello nunca llegó a ocurrir.

“Tuvimos filtraciones que nos permitieron conocer que los grandes despachos que representaban a los empresarios se reunían para fijar una estrategia de defensa. Se trataba de no pisarse la manguera porque todos ellos participaban en el reparto de obras. A lo mejor se presentaban tres y estaba pactado quién se la iba a llevar en una ocasión, para que a la siguiente el beneficiado fuera otro”, rememora el abogado Segura.

Un informe de la UDEF analizó toda la adjudicación de obra pública a las empresas donantes durante los gobiernos del Partido Popular, sin que llegara a concluir que hubiera relación directa entre la adjudicación de las mismas y el dinero que entraba en secreto al partido. “No resulta posible establecer una relación entre los ingresos por donaciones y la adjudicación de contratos públicos a los presuntos donantes”, zanjó Ruz en un auto del 23 de marzo de 2015.

Para Antonio Segura resultó determinante que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decidiera que la caja B fuera una pieza separada de Gürtel y no una causa nueva que había recaído en el Juzgado de Javier Gómez Bermúdez. El letrado cree que Gómez Bermúdez tenía preparadas unas “inmediatas y contundentes diligencias” que hubiera impulsado rápida y contundentemente la causa y que se hubiera llegado a saber toda la verdad de la financiación irregular del PP.

Que los 'papeles de Bárcenas' no eran más que una tarjeta de presentación de la financiación irregular del partido, apenas 8 millones de euros en 20 años, es una idea que reconocen en privado incluso en la Fiscalía Anticorrupción: la cantidad tenía que ser mucho mayor y no aparecía en aquellas anotaciones. Ocurre algo similar con los 47 millones de euros localizados a Bárcenas en Suiza. ¿Sólo le pertenecían a él? El abogado Boye se limita a contestar: “Digamos que Bárcenas se comportó como un caballero con sus socios”.

La 'bomba' de Correa y la reapertura del caso

Más de un año después del archivo de la línea del cohecho, durante el primer gran juicio de Gürtel, el cabecilla de la trama, Francisco Correa, afirmó que la adjudicación de “carreteras, autopistas y obras del AVE”, la gran obra pública durante los Gobiernos de Aznar, escondían una mordida del 3% de comisión para el PP, del que él y Luis Bárcenas se llevaban una parte. Dentro de su pacto con la Fiscalía, el testimonio de uno de los constructores, Alfonso García-Pozuelo, dijo que una parte del dinero que él entregaba a Correa acababa en “organismos centrales” del PP. 

Pablo Ruz ya no estaba en la Audiencia Nacional. El Consejo General del Poder Judicial convocó un concurso de plazas en las que figuraba la que ocupaba de modo interino Pablo Ruz. Si el propósito era librarse de un juez que había dado bastantes quebraderos de cabeza al partido en el Gobierno, registro de su sede nacional incluida, la jugada no terminó de salir del todo bien. A la plaza se presentó José de la Mata, ex cargo del Ministerio de Justicia durante el Gobierno de Zapatero y uno de los mejores instructores que se recuerdan en la Audiencia Nacional, según coinciden magistrados de distintas sensibilidades. De la Mata ganó porque era el más antiguo en aspirar al puesto. 

El juez José de la Mata reabrió la línea del cohecho y citó a Correa y García-Pozuelo, pero se negaron a colaborar. Sin embargo, la reapertura del caso abrió el camino para que el inspector que había liderado la investigación de Gürtel y caja B, Manuel Morocho, se pusiera manos a la obra. elDiario.es había desvelado en 2014 que el Ministerio de Jorge Fernández Díaz se empleaba a fondo para torpedear su trabajo, algo que ha confesado años después en público el propio Morocho en sus comparecencias en el juicio de la caja B y ante las comisiones de investigación del Congreso. 

El agente 81.067 vuelve a la carga

En noviembre de 2020, Morocho entregó un informe al juez Santiago Pedraz, quien sustituyó a De la Mata cuando este fue destinado a Eurojust. En el citado documento, el policía recopilaba diez años de investigación y cruzaba esa información con revelaciones de otros casos de corrupción del PP. El resultado eran nuevos indicios que permitían inferir que no todas las aportaciones a la caja B del PP eran realizadas por los grandes constructores para estar a bien con el partido sino que algunas se produjeron a cambio de recibir contratos concretos de la Administración.

A raíz de ese informe, el juez Pedraz requirió 23 contratos a siete ministerios de Aznar a la constructora de Alfonso García-Pozuelo, condenado en Gürtel. Se trataba de más de 600 millones de dinero público que salieron de los departamentos de Rato, Álvarez-Cascos, Montoro y Trillo, entre otros. La Policía llegó a detectar sobrecostes en el 80% de las 23 adjudicaciones analizadas. 

Por su parte, Luis Bárcenas aseguró en sede judicial que él y Álvaro Lapuerta actuaban como una suerte de “lobby” entre los empresarios y los ministros, principalmente de Fomento y Medio Ambiente. Pero un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) ha dado la puntilla al caso. Con un año de retraso, la IGAE descartaba irregularidades en el proceso de esas adjudicaciones que apunte a que se produjeron a cambio de mordidas.