Más denuncias pero también un ‘efecto reacción’ posconfinamiento: las causas del aumento de delitos sexuales

Dos agresiones, abusos o acosos sexuales cada hora hasta un total de 12.638. Es el número de delitos sexuales denunciados en España en los tres primeros trimestres de 2021 recogido en el último balance del Ministerio del Interior. La estadística oficial, conocida en medio de la conmoción general por la brutal agresión a una joven en Igualada (Barcelona), recoge un preocupante y significativo aumento del 9,2% en las denuncias por delitos sexuales en comparación con los datos de 2019. El año pasado se considera inhábil a efectos estadísticos por el confinamiento estricto que recluyó a los ciudadanos en sus casas durante parte de la primavera. Estas cifras se producen, además, en un contexto de descenso global de la criminalidad, con cifras a la baja en el número de homicidios (-17,3%), robos con violencia (-22,4%), robos en domicilios (-24,8%) o hurtos (-34%). 

Por contra, el número de denuncias por violación (agresión sexual con penetración) se incrementó en un 14% entre ambos períodos: 1.601 entre enero y septiembre de este año, respecto a las 1.405 de los tres primeros trimestres de 2019. En el resto de delitos contra la libertad e indemnidad sexual (agresión sin penetración, abuso, acoso, ciberacoso, sexting…) las denuncias alcanzaron las 11.037, hasta 871 más que en el mismo período de 2019. El aumento es, por tanto, del 8,6%. En global, el número de delitos sexuales denunciados desde el inicio del año y hasta el pasado septiembre alcanzó los 12.638, casi un millar más que en los mismos meses de 2019. El aumento total es, por tanto, del 9,2%. 

En su informe, el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska afirma que el incremento de delitos contra la libertad e indemnidad sexual debe ponerse en relación con “las activas políticas de concienciación social que han provocado una mayor disposición de las víctimas a denunciar estos delitos y a poner sus casos en manos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, reduciendo de esta forma los niveles de infradenuncia que pueden existir en estos tipos penales”. Expertas consultadas por elDiario.es coinciden en el diagnóstico institucional, aunque advierten de que este es un asunto con varias aristas y apuntan también a otros factores como un cierto ‘efecto reacción’ posconfinamiento y la resistencia de sectores de la sociedad ante los avances en igualdad. 

Además, insisten en que si hay denuncias es porque hay violencia. Y afirman que algo falla en esas campañas si tienen efecto sobre las víctimas y su entorno —que cada vez denuncian más— pero no tanto sobre los agresores. “Es cierto que se denuncia más porque hay una mayor concienciación gracias a las campañas de sensibilización, a casos como el de La Manada [la violación grupal de una joven en Pamplona, en 2016] o al eco de nueva legislación que está en tramitación como la ‘ley del solo sí es sí’. También cada vez más mujeres son conscientes de que hay cosas que no deben aguantar en sus entornos de trabajo, por ejemplo. Y saben que cuentan con un mayor aval normativo y jurisprudencial para tener medidas de protección. Pero no creo que ese sea el único factor”, afirma Concepción Torres, profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de Alicante y abogada experta en violencia de género. 

A juicio de esta jurista, hay también una “una especie de reacción” por parte de algunos sectores frente a los avances en igualdad y una forma de canalizar eso es a través de la violencia de género o la violencia sexual. “Hay algo en la sociedad que se resiste a avanzar en igualdad. Y la forma de decir ‘no sois iguales’ es a través de esta violencia que sigue posicionando a las mujeres en una situación de subordinación”, subraya. “Es probable que pueda haber habido algunos supuestos de violencia sexual en los que se haya materializado ese acto como rechazo a los avances en materia de igualdad”, añade María Alcale, catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Cádiz. 

Efecto posconfinamiento

No obstante, esta penalista cree que detrás de las cifras puede haber principalmente dos fenómenos: que las víctimas se hayan sentido más acompañadas y hayan interpuesto más denuncias sacando a relucir datos que pertenecían a las cifras ocultas de criminalidad y que la recuperación de una libertad “mal entendida” tras las restricciones a la movilidad y a la vida social impuestas por la pandemia haya supuesto un aumento de la criminalidad sexual. 

“Puede que estemos viendo que se han incentivado las denuncias tras varias sentencias que han visibilizado que el juicio de desvalor sobre los hechos recae sobre el comportamiento del autor, no de la víctima. Y también de medidas como la incorporación de la perspectiva de género a la Justicia y la Escuela Judicial tras el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, pero habría que ver si el fin del confinamiento, las salidas, los macrobotellones… han supuesto también la recuperación de una libertad mal entendida que también ha hecho aumentar la criminalidad en materia de violencia sexual”, dice Alcale. 

En este sentido, Alcale afirma que es el momento oportuno para que el Ministerio de Igualdad hiciera un trabajo similar a la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2019, que reveló que solo el 8% de las mujeres que sufren agresiones sexuales fuera de la pareja acude a los juzgados, la Policía o la Guardia Civil. “Si haciendo ese trabajo sale a relucir que se reduce el porcentaje de las mujeres que guardan silencio podremos decir que no se ha incrementado la criminalidad, sino que hay más denuncias. En criminología hay que hacer siempre una combinación de métodos de estudio”, sostiene. Esta experta denuncia además la “frivolidad” de la estadística de Interior, que diferencia únicamente entre agresiones sexuales con penetración y todo el resto de delitos contra la libertad e indemnidad sexual, lo que incluye abusos sexuales, otras agresiones sin penetración, acoso sexual, exhibicionismo, provocación sexual… 

En todo caso, las juristas consultadas sostienen que si hay denuncias es porque sigue habiendo abusos y agresiones. Y habrá que ver qué es lo que está fallando. “La sensibilización a la que alude el Ministerio del Interior también debería hacer bajar esos delitos. Vemos que las campañas funcionan para que las víctimas o su entornos denuncien, pero no en cuanto a la percepción de los agresores, que no se sienten compelidos”, dice Torres. ¿Y qué hacer al respecto? “Conjugar concienciación, educación, sensibilización... con explicar claramente que estas conductas tienen reproche penal y no son aceptadas socialmente”, sugiere esta experta.