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El director de máster de Cifuentes: un catedrático amigo de los políticos

Compañeros y trabajadores de la Universidad Rey Juan Carlos aseguran que Enrique Álvarez Conde “siempre ha estado muy bien relacionado con el poder político, a izquierda y derecha"

Explican que el profesor “maniobró” para conseguir “un instituto con personalidad jurídica propia” que “no se pudiera controlar en términos económicos”

GRÁFICO | El mapa que explica la trama del máster de Cristina Cifuentes

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El catedrático Enrique Álvarez Conde, en los pasillos de la URJC. Foto: Olmo Calvo.

El catedrático Enrique Álvarez Conde, en los pasillos de la URJC. Olmo Calvo

“Los somníferos inyectados a nuestra Universidad son muy poderosos y destruir los intereses creados es una empresa de titanes. Pero, como dice el refranero, torres más altas han caído y situaciones más graves han desaparecido”, decía Enrique Álvarez Conde en una de sus últimas entradas en su blog personal. Quizá derribar alguna de esas torres era lo que buscaba el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos y director del máster de Cristina Cifuentes, al  acusar el viernes al rector de la URJC, Javier Ramos, de haberle encargado la falsificación del acta de la entrega del trabajo de fin de máster de la presidenta madrileña. Pero la torre puede caérsele encima, tras confesar que fue él quien “reconstruyó” esa acta, y después de que Ramos esté estudiando querellarse contra él por sus declaraciones.

No es la primera vez que Álvarez Conde trata de salvarse a sí mismo ante un turbio episodio académico en la universidad. Nada más iniciar su labor docente, cuando entre 1974 y 1976 ejerció como profesor ayudante de Derecho Político en la Universidad de Valladolid, su alma máter, le tocó dirigir una tesis sobre Derecho Constitucional que resultó ser copiada de un libro. El asunto supuso un escándalo en ciertos círculos universitarios de la capital castellanoleonesa aunque se mantuvo en secreto y el doctorando hizo más tarde una nueva tesis. Pues bien, entonces y ahora Álvarez Conde asegura que fue un encargo de su mentor, Ferrando Badía, quien se la jugó, y que él no tuvo responsabilidad en el contenido del texto copiado presentado por el que era el hijo de un destacado alcalde de un municipio de la provincia.

Como profesor de Derecho Político y Constitucional,  Álvarez Conde ha pasado, además, por las universidades de Alicante, Autónoma de Madrid y de Alcalá de Henares. En 1987 logró ser catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia y, al poco de ser creada, en 1999, obtuvo ese mismo puesto en la Universidad Rey Juan Carlos. Quienes trabajan con él aseguran que es una persona de “trato simpático” e incluso “agradable” que siempre ha estado muy bien relacionado con el poder político, a izquierda y derecha.

Ya en su etapa en la Universidad de Valladolid tuvo contacto con Marcos Sacristán, futuro rector cercano al PSOE, y con Jesús Quijano, secretario general de los socialistas castellanoleoneses entre 1990 y 2000. “Es una persona muy inteligente que siempre ha intentado llevarse bien tanto con el Gobierno como con la oposición”, explica uno de sus compañeros en la URJC que prefiere mantener el anonimato. Este profesor asegura que Álvarez Conde ha mantenido “muy buenas relaciones” con todos los presidentes madrileños desde Alberto Ruiz-Gallardón hasta la propia Cifuentes, pasando por Esperanza Aguirre. Pero que, además, “siempre protegió a gente del PSOE”.

Incluso estuvo relacionado con el hoy presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien en su calidad de ministro de Administraciones Públicas  lo nombró en 1996 director general del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), un alto cargo de la administración que entonces presidía José María Aznar y que mantuvo entre 1996 y 1999. “No es nada hooligan en sus ideas políticas y es muy poco sectario. Se mueve entre la izquierda y la derecha según sus intereses”, apunta un compañero suyo.

Esto explica, según él, que una vez logró la cátedra de Derecho Constitucional en la URJC hiciera una “maniobra” para conseguir “un instituto con personalidad jurídica propia” y que, por tanto, “no se pudiera controlar en términos económicos”. Consiguió su objetivo y se creó el Instituto de Derecho Público que organizó el máster de Cifuentes, que él mismo preside y que, según explican trabajadores de la universidad, le ha servido a Álvarez Conde para “colocar” en su Consejo a profesores universitarios “de todas las siglas políticas y sindicales”. Explican que ha seguido “el modelo que utilizó Miguel Blesa en Bankia, que es dar sillas a todos los partidos y sindicatos para tener a todos contentos”.

Del funcionamiento opaco de dicho instituto ya informó eldiario.es. Álvarez Conde tiene autonomía de gastos e ingresos sin tener que rendir cuentas a la universidad. Y en un consejo de gobierno de la URJC, siendo rector Pedro González Trevijano –hoy magistrado en el Tribunal Constitucional a propuesta del Gobierno– se acordó que el Instituto gestionara "directamente sus ingresos y gastos sin fiscalización previa”. Además, en 2010, bajo el mandato de Pedro González-Trevijano, el instituto obtuvo un CIF propio, algo absolutamente inusual en un instituto universitario. Trabajadores de la universidad explican que el centro forma parte de lo que los sindicatos denominan la “universidad paralela”, una “gran pantalla de institutos, centros, fundaciones o parques científicos que están fuera de control porque funcionan de forma privada aunque con subvenciones públicas”.

Además,  Álvarez Conde tiene una estrecha colaboración con la catedrática de la Universidad Miguel Hernández de Elche Rosario Tur, secretaria del tribunal que aprobó  la tesis doctoral al expresidente de la Generalitat, Francisco Camps. Además de aprobarlo como profesora (el suyo fue uno de los cinco votos) fue la fedataria, ya que el secretario o secretaria del tribunal es quien da fe de que todo se haya hecho correctamente durante la defensa pública. Con Camps como secretario de Estado para las Administraciones Territoriales,  Enrique Álvarez Conde era director del INAP.

El entonces secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, Francisco Camps, y el entonces director del Instituto Nacional de la Administración Pública, Enrique Alvarez Conde.

El entonces secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, Francisco Camps, y el entonces director del Instituto Nacional de la Administración Pública, Enrique Alvarez Conde. EFE/Manuel Bruque.

Como el máster de Cristina Cifuentes, la tesis de Francisco Camps, de la que fue secretaria del tribunal Tur, también se vio envuelta por la polémica al ser  denunciada por plagio por Jorge Urdánoz, profesor de la Universidad de Navarra. Urdánoz denunció que el trabajo del expresidente de la Generalitat Valenciana había copiado literalmente párrafos suyos, pero también de la propia Rosario Tur. Sin embargo, la catedrática Tur no denunció que se habían usado sus textos sin citar.

Urdánoz detectó hasta medio centenar de fragmentos del texto copiados de artículos y trabajos de autores a los que no se citaba. La Universidad Miguel Hernández de Elche abrió una investigación sobre la tesis de Camps y concluyó que no hubo plagio pese a que  un 11% del trabajo tenía coincidencias con los textos de Urdánoz, Tur y otros expertos. Según la universidad, las coincidencias no afectaban a material protegido por derechos de autor.

Por su capacidad de moverse en ese ámbito, un profesor compañero de Álvarez Conde llega a asegurar que éste actúa “como una especie de gánster” siempre a favor de “los poderosos” y de sus intereses sin importar el color político. “Académicamente siempre ha mantenido un perfil bajo y se ha dedicado a crecer políticamente”, explican trabajadores de la URJC, que aseguran que el catedrático es “de la misma escuela” que Trevijano. “Sienten que no tienen la obligación de rendir cuentas ante nadie”, concluyen.

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