Más de 200 periodistas firman un escrito rechazando la operación policial contra Europa Press y Diario de Mallorca
Más de 200 periodistas, de diferentes medios de comunicación y partes del Estado, han firmado un manifiesto contra la operación policial de este martes en Diario de Mallorca y en Europa Press, en cuyas redacciones se presentaron agentes de la Policía Nacional para requisar material por la publicación de informaciones sobre el caso de Bartolomé Cursach, el todopoderoso empresario de la noche mallorquina. Los periodistas han entregado la carta a la fiscala general del Estado, María José Sagarra.
En la misiva, los periodistas aseguran que están “alarmados” por la actuación de la Policía, que entró en la sede de Europa Press –se llevó dos ordenadores de la empresa y varios documentos en papel– y del Diario de Mallorca –de donde no se llevaron nada–. Además, los agentes se incautaron de los teléfonos personales de una periodista de Europa Press y de otro del Diario de Mallorca que han cubierto el caso Cursach.
“Es un hecho gravísimo que carece de precedentes y que pone en riesgo real el derecho a la información, por cuanto permitirá acceder a fuentes de información periodísticas que constitucionalmente están protegidas por el artículo 20 de la Carta Magna”, recuerdan los periodistas en su escrito.
“Nos parece una actuación impropia de una Fiscalía defensora de la legalidad”, añaden, ya que la Fiscalía dijo apoyar “la resolución judicial que acuerda la intervención del teléfono de periodistas”. De hecho, la actuación policial de este martes fue ordenada por el juez Miguel Florit a instancias de los abogados de Bartolomé Cursach, Bartolomé Sbert –mano derecha del empresario y exdirector general del grupo Cursach– y el Ministerio Fiscal.
Los periodistas consideran que la actuación de la policía “sume en la más absoluta indefensión a periodistas que ven lesionados sus derechos constitucionales, sin poder hacerlos valer en una causa en la que no son parte”. Cabe recordar que, aunque Diario de Mallorca y Europa Press se hayan visto envueltos en el caso Cursach, los periodistas de estos medios de comunicación no están siendo investigados.
Según consta en el auto del Juzgado de Instrucción número 12 de Palma, se investiga un delito de descubrimiento de secretos. El origen de la investigación es una noticia publicada por Europa Press Baleares en la que se afirma que, en un informe del Grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional, se acusa al Grupo Cursach de defraudar al menos 51 millones de euros a Hacienda y otros 14,7 millones a la Seguridad Social entre 2010 y 2016.
“Lamentamos que una fiscal general que accedió al cargo con promesas de transparencia y de defensa de la información se convierta en la primera responsable del Ministerio Público que respalda una intromisión intolerable e inédita en los derechos fundamentales que garantiza el artículo 20”, comentan. “Le pedimos encarecidamente que reflexione sobre esta crítica situación y confiamos en que se esté a tiempo de rectificar”, concluyen.
“El mundo está al revés”
Kiko Mestre, el periodista del Diario de Mallorca a quien la Policía le quitó el teléfono este martes, también critica la actuación de los agentes: “El mundo está al revés, la justicia se dedica a investigar quién filtra las noticias”. Para Mestre, el problema va más allá de su caso: “Hoy he sido yo a quien le han retirado el teléfono, pero mañana será otro. La información que yo tengo en el teléfono, profesional y personal, está descontrolada. Con esta intervención policial damos el mensaje a una fuente que esté interesada en hablar con un periodista de que se lo piense dos veces. Hasta ahora, parecía que estábamos protegidos por el secreto profesional”.
Diferentes asociaciones de periodistas, como la Asociación de la Prensa de Madrid, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, la Federación de Sindicatos de Periodistas, el Sindicat de Periodistes de les Illes Balears y la Associació de Periodistes de les Illes han denunciado el proceder de la Policía. A ellas se ha unido, por ejemplo, la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), quien recuerda que los investigados no tienen que entregar contraseñas y que “el derecho al secreto profesional y al silencio es irrenunciable para todo periodista y un pilar de la libertad de prensa”.
La Fiscalia defiende su actuación
Bartomeu Barceló, fiscal jefe de Baleares, ha declarado este miércoles, en una entrevista a la Cadena Ser recogida por Europa Press, que no considera un precedente peligroso que Miquel Florit, el juez instructor del caso Cursach, haya requisado documentación a los periodistas del Diario de Mallorca y Europa Press.
“Se trata de investigar unos hechos que están bajo secreto sumarial, de hacer comprobaciones, no de investigar fuentes”, ha dicho Barceló, que también ha manifestado que no es una medida desproporcionada, que está hecha con “conocimiento de causa” y que “tiene que respetarse”.
La actuación policial también ha sido defendida por la fiscal general del Estado, María José Segarra, que ha afirmado, en declaraciones recogidas por Europa Press en la inauguración del V Congreso de Derechos Humanos de la Abogacía Española, que “la Fiscalía y los jueces clarísimamente velamos por la libertad de expresión y por supuesto por el secreto de las fuentes. Nuestra intención desde luego no es vulnerarlo”.
