Blasco no convence a la fiscalía del Supremo y se sitúa a las puertas de entrar en prisión
El fiscal ha pedido hoy que el Tribunal Supremo confirme la pena de ocho años de cárcel y veinte de inhabilitación para Rafael Blasco por el caso Cooperación. El exconseller valenciano de Solidaridad y Ciudadanía y exdiputado autonómico del PP fue condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV) por el desvío de fondos públicos de cooperación con Nicaragua en 2008.
La condena corresponde a la primera de las tres piezas en las que fue separado el caso Blasco. El TSJV considera probado que de las subvenciones otorgadas por la Consellería que Blasco dirigía en la Generalitat a la Fundación CYES para proyectos de cooperación en Nicaragua fueron utilizados con fines fraudulentos.
El Supremo ha celebrado hoy la vista de los recursos presentados contra la sentencia del TSJV, que condenó a diferentes penas a nueve personas. Seis de ellos ocupaban puestos en la Consellería, entre ellos Blasco, y tres eran particulares, dos de la Fundación Cultural y Estudios Sociales (CYES) y el tercero un intermediario.
Tras esta resolución de la Fiscalía y a la espera del dictamen definitivo del Tribunal Supremo Blasco está más cerca de entrar en prisión. El que fue presidente del Parlament valenciano tendría como último recurso la solicitud de un indulto por parte del Consejo de Ministros.
El fiscal y la abogada de la acusación ejercida por la Generalitat se han opuesto a los recursos de los condenados contra la resolución del TSJV e incluso han pedido que se condene también por malversación a tres de los condenados a los que no se les ha tenido en cuenta este delito en la sentencia.
Se trata del exsubsecretario de Cooperación Alejandro Catalá, el ex director general de Cooperación Josep María Felip y el exjefe del Área de la Dirección General de Cooperación Marc Linares, si bien para este último estiman que hay que retirarle los delitos de cooperación en prevaricación administrativa y falsedad por los que fue condenado sin que hubiera sido acusado por los mismos.
El fiscal Álvaro Redondo Hermida ha impugnado los recursos de los condenados recordado que el TSJV declaró probado que se concedieron subvenciones por 1,8 millones de euros de los que solo el tres por ciento fue destinado a su finalidad, unos pozos en Nicaragua, y que el resto se destinaron a la adquisición de unos inmuebles que no correspondían al objeto de las mismas.
Ha añadido que esto se ha declarado probado después de una investigación de la Fiscalía, una instrucción de un Juzgado y de treinta y dos sesiones de juicio por lo que estima que las defensas no pueden decir que los nueve condenados no tienen nada que ver con los hechos ni atribuir a funcionarios la alteración de documentos para este “desaguisado”.
Para el fiscal, el TSJV condenó basándose en “innumerables pruebas documentales, testificales y periciales y relata minuciosamente los hechos sin arbitrariedad”. El fiscal ha rechazado las alegaciones de las defensas relativas a que el TSJV se vio influenciado por cuestiones políticas y por influencia de la prensa y ha mantenido que se basa en datos técnicos.
Ha insistido en que los condenados eran los que tenían el dominio de los hechos y podían decidir en la Consellería la concesión de subvenciones y la justificación posterior de los fondos. El abogado de Blasco ha alegado que es “horroroso y tenebroso que la sentencia hable de eventuales contraprestaciones que no han quedado del todo acreditadas”.
Rafael Blasco, que se encuentra en libertad bajo fianza de 200.000 euros, fue condenado a la pena referida por delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, prevaricación y falsedad en documento oficial.
También fueron condenados los citados Marc Linares, a cuatro años y medio de cárcel y once de inhabilitación; Alejandro Catalá, a cuatro años y medio de cárcel y siete de inhabilitación, y Josep María Felip siete de inhabilitación.
El TSJV condenó además al empresario Augusto César Tauroni, único procesado que se encuentra en prisión, desde el 23 de febrero de 2012, a ocho años de prisión y veinte de inhabilitación por cooperador del delito de fraude en subvenciones, falsificación y malversación.
Marcial López fue condenado como presidente de Cyes a cuatro años de cárcel y otros tantos de inhabilitación por delito continuado de fraude de subvenciones en concurso con falsedad, y su pareja, María Josefa Cevera, a tres años y medio de cárcel por fraude de subvenciones en concurso con falsificación.
La exsecretaria administrativa de la Consellería Tina Sanjuán, a siete años y medio de cárcel y medio de inhabilitación por malversación, prevaricación y falsedad. El exjefe de Gabinete de Blasco Javier Llopis fue condenado a tres años de prisión y dos de inhabilitación.
