La Generalitat se niega a aceptar su responsabilidad en la mala gestión del pago de ayudas sociales
Sin cambios ni nuevos compromisos. La comparecencia en el Parlament del responsable de Bienestar Social y del de Empresa para dar explicaciones sobre los retrasos en el pago de la Renta Mínima de Inserción (RMI) terminó sin conseguir dar ni un mínimo de esperanza a las miles de familias que esperan el cobro.
La RMI, que va de los 423 euros mensuales a les 641, es la ayuda para reducir el riesgo de exclusión social que cobran las personas que no tienen empleo y ya han agotado el paro y el subsidio. Los partidos de la oposición lanzaron gravísimas acusaciones sobre la gestión de esta paga a los dos consellers del Govern y pidieron cifras, datos y también sensibilidad. Hubo cifras.
En 2010 había 34.284 expedientes abiertos, lo que representa unas 70.000 personas, ya que hay expedientes que afectan a familias enteras. Actualmente, a pesar de que la crisis ha empeorado la situación de las familias, hay sólo 23.240 expedientes abiertos y el objetivo de la Generalitat es rebajarlos hasta los 18.000 a finales de año.
Para llegar a esta reducción, el Govern ha aumentado el filtro, endureciendo los requisitos necesarios para tener derecho al RMI, como por ejemplo que nadie de la familia haya tenido ni un ingreso en un año. Otro camino para reducir los expedientes abiertos son los retrasos a la hora de aceptarlos. Desde que una familia supera el filtro hasta que cobra pasan cerca de diez meses. También hay casos, aunque menos, de personas que encuentran trabajo o de personas que cometen “fraude” a la hora de cobrar. Por fraude se entiende vivir en otro país o haber cambiado de barrio sin comunicarlo.
El líder de ICV, Joan Herrera, aseguró que desde los servicios sociales le habían transmitido quejas y contado casos como el de una chica que perdió la paga porque se fue a vivir a casa de su madre. El conseller de Empresa, Francesc Xavier Mena, reconoció que podían existir algunos errores pero acusó a la oposición de magnificarlos: “Usted no sabe las docenas de cartas y la de personas que recibo yo porque vienen a felicitarme” aseguró Mena, ante la perplejidad del resto de diputados.
Otra cifra que se discutió es la de la inversión. Hasta 2011 se trataba de una partida abierta de los presupuestos, de manera que si se preveían 90 millones pero hacían falta más, se pagaban y punto. En 2011 se destinaron finalmente 170 millones de euros.
En 2012, con la reforma de la ley y las presiones del Gobierno central para que no se gaste ni un euro más de los presupuestados, la RMI pasó a ser una partida fija. CiU decidió destinar 130 millones de los presupuestos a la RMI. El problema es que 30 de estos millones provienen de una partida que estaba destinada a planes de ocupación laboral, clave para la inserción de las personas más necesitadas.
La diputada socialista Eva Granados recordó que estos números equivalen sólo al 0,3% del presupuesto anual. Herrera reclamó más “sensibilidad” y aseguró que en realidad sí hay dinero “pero no lo quieren ir a buscar porque son de los sectores privilegiados”. Una vez más, Herrera tiró en cara a CiU que haya suprimido el impuesto de sucesión, que reduce la contribución de las familias más ricas.
A pesar de que existen errores de gestión que son innegables, como el retraso de diez meses a la hora de abonar las ayudas a las familias que cumplen los requisitos, en el Govern no se vio ayer ni un mínimo de autocrítica. Todo lo contrario. Tanto Mena como Josep Lluís Cleries, el conseller de Bienestar Social, alardearon de su obra de gobierno. El diputado de CiU Jordi Turull llegó a decir que el tripartito provocó que mucha gente prefiriera cobrar la RMI a trabajar y les acusó también de “utilizar a los más necesitados” para intentar hacer campaña antes de las elecciones: “Han venido aquí para tener su propio espacio gratis de propaganda electoral”.
La comparecencia en la Diputación Permanente del Parlamento terminó sin acuerdo ni autocrítica. “Es la máxima expresión de su insensibilidad social”, les espetó Herrera. El único compromiso es que a finales de año ya no habrá lista de espera, aunque esta promesa no tiene por qué ser una buena noticia para las familias que llevan meses esperando el cobro de la ayuda, ya que el Govern ha dejado clara su intención de reducir los beneficiarios a 18.000.
