El Gobierno anuncia un sistema de becas para opositores a judicatura

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha anunciado este jueves en el Congreso de los Diputados la creación de un sistema de becas para ayudar a los aspirantes a juez, fiscal, abogado del Estado y letrados de la administración de justicia. Un sistema que, según Llop, servirá para que todo el mundo pueda acceder a la judicatura “en igualdad de oportunidades”.

Una iniciativa que, por el momento, había sido planteada por el PSOE y que en esta comparecencia en la comisión de Justicia ha pasado a ser un compromiso del ejecutivo central. Se trata, según la ministra, de “un sistema de becas para el acceso a la carrera judicial y fiscal, letrados y letradas para la administración de justicia y para abogados y abogadas del Estado” que tendrán, además, “una reserva para personas con discapacidad”.

El proyecto está todavía en fase embrionaria: “Todavía lo estamos desarrollando, estamos en conversaciones con el Ministerio de Hacienda y en el momento en que lo tengamos ultimado se lo comunicaré”.

Según la ministra de Justicia este futuro sistema de becas “democratiza la igualdad de oportunidades, es muy importante que esas personas con vocación de servicio público, de impartir Justicia o dedicarse al mundo del derecho, puedan acceder en igualdad de oportunidades”. Oportunidades que “de otro modo no podrían porque en sus familias u hogares tienen algún tipo de dificultad que les impediría ese acceso”.

Es una propuesta que hasta ahora procedía del PSOE y también de asociaciones judiciales como Juezas y Jueces Para la Democracia, que ya en diciembre del año pasado propuso un sistema de “preparación gratuita de opositores a la carrera judicial y fiscal sin recursos económicos” así como “becas públicas para la preparación de opositores”.

Preparadores en negro

Uno de los múltiples gastos que soportan los opositores a judicatura mientras afrontan unas sesiones de estudio difícilmente compatibles con un trabajo es el preparador. Jueces y fiscales que cobran dinero a cambio de usar su experiencia para preparar a los opositores de cara al examen definitivo y que, tal y como ha revelado este periódico en varios reportajes, cobran muchas veces en dinero negro. Varios de estos preparadores han admitido a eldiario.es estos pagos en negro de hasta 300 euros mensuales por cada opositor mientras que otros sí declaran estos ingresos.

“A principios de mes se da un sobrecito”, han admitido varios opositores a este medio explicando el funcionamiento de ingresos opacos a jueces y fiscales. Algunos, según estos testimonios, cobran de más de 15 aspirantes todos los meses.

Vox y delitos de odio

Pilar Llop ha hecho el anuncio en su primera comparecencia ante la comisión de Justicia del Congreso de los Diputados en una jornada en la que ha llamado, entre otras cosas, a endurecer la lucha contra los delitos de odio y el machismo. Ha sido el portavoz de la ultraderecha, Javier Ortega Smith, quien ha reclamado que heterosexuales, católicos y personas contrarias al independentismo sean protegidos de este tipo de delitos reservados por el Tribunal Supremo para minorías.

Según ha dicho Ortega Smith en España hay personas que sufren violencia “porque no somos de izquierdas, porque rechazamos el comunismo, somos agredidos e insultados por pensar políticamente diferente”. Entre estos colectivos supuestamente oprimidos están también “todos aquellos hombres que quieren una igualdad real entre hombres y mujeres, todos aquellos que son heterosexuales” y también los homosexuales que “no aceptan la imposición de los lobbies LGTBI”.

Son también víctimas de delitos de odio, según Vox, las personas que “creen en España, que defienden su unidad” así como también aquellos que “profesan la religión católica o judía, que no son musulmanas y rechazan el islamismo radical y a los talibanes”. Ayer mismo el Tribunal Supremo recordó a Vox que el delito de odio es todo lo contrario: “Se refiere a minorías sociales protegidas por tales elementos ya analizados, como sus características raciales, comportamientos antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad”.

El parlamentario ultraderechista ha hecho esta apreciación en el Congreso horas después de que la Justicia haya rechazado dos querellas precisamente por delitos de odio contra Ione Belarra y Juan Carlos Monedero. La formación de Santiago Abascal acusó sin éxito a la ministra y al exdirigente de Podemos de un delito de odio por relacionar a Vox con el nazismo, un fracaso judicial próximo al anuncio del partido de acusar de este delito a todo el que relacione a Vox con la violencia ultraderechista.