El Gobierno español no podrá vetar las embajadas de las CCAA
La ley de Acción Exterior ha dado el segundo paso en el Consejo de Ministros con la aprobación del proyecto para remitirlo a las Cortes. El objetivo es poner orden en la actividad exterior de las instituciones y coordinar esfuerzos. Uno de los aspectos más sensibles, la representación de las CCAA fuera de España a través de las llamadas embajadas, ha pasado del veto a la recomendación. Eso sí, si las CCAA rechazan la oferta de Exteriores para aprovechar medios y siguen adelante en crear sus propias oficinas turísticas o comerciales, el Gobierno hará públicos los motivos.
El ministro José Manuel García Margallo quiere que se retraten y digan “por qué rechazan la opción más barata” cuando se les ofrezca integrarse en las embajadas de España.
El titular de Exteriores ha utilizado varias expresiones para avisar a la Generalitat, la más crítica hasta ahora con la medida por considerarla una injerencia en sus competencias. Para Artur Mas, tener que avisar de desplazamientos y actos de los miembros del Govern es un afán de control. Margallo ha asegurado que el proyecto es “constitucional” y que no tensará más las relaciones entre Gobierno y Generalitat, pero ha lanzado varios mensajes velados. El ministro ha afirmado que busca una “orquesta” y no “un coro de solistas desafinados y sin partitura”. También que no quiere métodos “selváticos”.
Además, ha procurado resaltar que este es el quinto intento por unificar la acción exterior de España así como su servicio exterior (medios humanos y materiales) y que se han hecho “37 o 38 anteproyectos hasta ahora”. Los cuatro intentos serios anteriores, ha dicho, no pudieron salir adelante “precisamente por la oposición de las CCAA”. En este punto, el Consejo de Estado ha dejado claro que las comunidades “no son sujeto de derecho internacional” y recomienda acotar su actividad en el exterior.
Los problemas de la expresión “marca España”
Uno de los detalles del proyecto es que la expresión “marca España” desaparece del articulado y pasará a llamarse “imagen de España” o fórmulas similares. El Consejo de Estado ya había advertido al Gobierno en su informe de que incluirla no era lo adecuado porque se trata de una “iniciativa política” que no tiene cabida en una ley “con vocación de permanencia”. Es decir, que no se debía colar la expresión porque se asocia al PP y la estrategia de proyectar la imagen de España la desarrollarán los gobiernos que vengan después. El Consejo opina que resultaba “perturbadora y disfuncional” dentro de esta norma.
De esta forma, lo que Margallo llama la “Estrella Polar” que debe guiar la acción del Gobierno desaparece del texto. Aun así, ha insistido en que el proyecto de la ley busca ser “un proyecto de nación, no de partido ni de Gobierno”.
