El Gobierno alcanza el récord de decretos ley en sus primeros siete meses en La Moncloa
Pedro Sánchez criticó a Mariano Rajoy por paralizar la política y gobernar a golpe de decreto, pero en sus siete meses en La Moncloa, el presidente socialista ha superado el uso de esa herramienta en comparación con el arranque de los mandatos de sus antecesores. El Gobierno ha aprobado 25 decretos ley desde que tomó posesión en el mes de junio frente a los 23 que llevó a cabo Rajoy en los siete primeros meses del mandato, que comenzó el 21 de diciembre de 2011. El Ejecutivo intenta ahora reducir esa figura legislativa a las medidas de contenido social.
El real decreto ley es una herramienta legislativa que recoge la Constitución para casos de “extraordinaria y urgente necesidad”. Se trata de modificaciones normativas que entran en vigor desde que se publican en el Boletín Oficial del Estado (BOE) tras su aprobación en el Consejo de Ministros y que son refrendadas a posteriori por el Congreso de los Diputados.
El abuso de la legislación vía decreto es una crítica habitual de la oposición a los gobiernos en cada momento porque permite a los ejecutivos aplicar cambios normativos sin contar previamente con el aval de las Cortes y de forma más acelerada que con el procedimiento de los proyectos de ley que requieren consultas a los órganos consultivos y luego se someten al trámite parlamentario de enmiendas que puedan cambiar el contenido y alargarse durante meses. No obstante, los decretos pueden tramitarse en el Congreso como proyectos de ley una vez que son convalidados. Es lo que ha sucedido con 11 de los que ha presentado Sánchez.
Poco después de llegar al Gobierno, en Moncloa justificaban el uso de los decretos para poner en marcha el programa de Sánchez y aseguraban que era una práctica habitual en los primeros meses de todo EjecutivoAdemás, se escudaban en que el PP había superado a los socialistas en su arranque.
Sin embargo, Sánchez ya se ha puesto a la cabeza con la aprobación de 25 reales decretos en sus siete primeros meses en La Moncloa frente a los 23 de Rajoy en el periodo correspondiente, los 14 de José Luis Rodríguez Zapatero y los 13 de José María Aznar.
El Gobierno de Sánchez considera que no se está excediendo en el uso del decreto ley, aunque intenta limitarlo a iniciativas de calado social: “Son una fórmula de legislación que está plenamente justificada en el Estado constitucional y democrático para las materias urgentes, así consideradas por el Gobierno, y el presidente siempre ha considerado que lo urgente es reconstruir el Estado social, anteponiendo la agenda social, que es el trabajo constante por la igualdad y por mejorar las condiciones de vida de quienes han padecido más la crisis y las políticas antisociales del PP”, expresan fuentes de Moncloa.
Uno de los asuntos que el Gobierno barajó modificar vía decreto fue la reforma con la que el PP impuso un límite al tiempo de las instrucciones judiciales. La reducción a seis meses, ampliables a 18 en causas que se declaren complejas y prorrogable por igual o menor plazo a petición de la Fiscalía permitió al expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez evitar su primer juicio por corrupción.
La derogación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que introdujo Rafael Catalá en 2015 es una de las reivindicaciones de las asociaciones judiciales y un compromiso del Gobierno de Sánchez. Fuentes gubernamentales explican que la ministra Dolores Delgado pretendía realizar la modificación a través de un decreto para evitar más casos como el del expresidente murciano, pero que desde Moncloa limitaron el uso de esa figura legislativa a medidas de contenido más social.
En las últimas semanas, el Gobierno pisó el acelerador para aprobar algunas medidas que tenían que estar en vigor a partir del 1 de enero de 2019: “Se ha priorizado por decreto ley lo que precisaba ser aprobado antes de 1 de enero (pensiones, cambios en autónomos, prestaciones de desempleo...”, señalan fuentes del Ministerio de Trabajo. Lo mismo sucedió con la aprobación del decreto ley de medidas urgentes para la industria y el comercio que, además de incluir medidas de apoyo a la industria electrointensiva, prorrogaba el contrato de relevo para la industria para que se mantuviera a partir del inicio del nuevo año.
Medidas estrella y apagar fuegos
El Ejecutivo aprobó en sus primeras semanas algunas de sus propuestas estrella a través de decretos, como la derogación del impuesto al sol y el bono social, la activación de medidas del Pacto de Estado contra la violencia de género o la recuperación de la sanidad universal con la que había acabado el PP. También usó esa herramienta para aplacar el conflicto de los taxistas y las VTC trasladando las competencias a comunidades y ayuntamientos, así como con una moratoria de cuatro años para que se cumpla la proporción 1/30 para las licencias de los vehículos con conductor. Otra de las polémicas que se zanjó por esa vía fue la del pago del impuesto de las hipotecas después de que el Tribunal Supremo se corrigiera a sí mismo y decidiera que fueran los clientes quienes siguieran asumiéndolo. Sánchez anunció un decreto para modificar la ley y que sean los bancos quienes paguen ese tributo.
En materia de vivienda, el Gobierno aprobó por decreto que los contratos de alquiler vuelvan a tener una duración de siete años, aunque dejó fuera la regulación del precio máximo. “El decreto ley tiene unas limitaciones porque evidentemente tienen que contemplar aspectos de urgente necesidad y hay materias que, a criterio de los técnicos, se tienen que llevar mejor a la ley de presupuestos para que desde ahí se pueda tramitar”, justificó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sobre esa decisión: “En todo caso, en los decretos leyes se puede continuar su discusión a través de proyecto de ley. No tendremos ningún problema en que así sea”, zanjó en una entrevista en la Cadena SER.
De las 25 iniciativas que el Gobierno ha aprobado vía decreto también se encuentran la subida de sueldo de los funcionarios, la recuperación del IRPF por las bajas de maternidad, un plan de reconversión para mineros o las “medidas de urgencia sobre la creación artística y la cinematografía” que recogen la bajada del IVA para los servicios prestados por intérpretes, artistas, directores o técnicos, entre otras.
La agenda social no está detrás de todos los decretos-ley. El primero que aprobó el Consejo de Ministros fue el de la renovación de RTVE. Sánchez se escudó en la necesidad de regenerar la radiotelevisión pública. También la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos se previó a través de esa figura, aunque aún no ha concluido el expediente administrativo que comenzó con su aprobación. El Gobierno aceptó que la tramitación siguiera como un proyecto de ley para que los grupos introdujeran cambios –ERC exigía que se declararan nulas las condenas del franquismo como la de Lluís Companys–. El propio PSOE recurrió a esa opción para intentar cambiar el texto de la ley de memoria histórica para prohibir que los restos del dictador acaben en la catedral de la Almudena. Finalmente ha optado por intentar garantizarlo con un escrito de la Delegación del Gobierno en Madrid que alega motivos de seguridad.
También para la adaptación de la normativa española a las directivas europeas se ha utilizado esa herramienta, así como para la creación de un organismo macroprudencial para evaluar los riesgos financieros. A solo tres decretos de alcanzar el récord que Rajoy alcanzó en un año, con la aprobación de 28, Sánchez encara lo que le queda de legislatura con la incógnita de qué pasará con los Presupuestos Generales del Estado con los que pretende poner un broche a las promesas que hizo al alcanzar el poder y que pilotan en tres ejes: la regeneración democrática, económica y social.
