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El Gobierno aprueba el decreto que alarga los contratos de alquiler pero no limita los precios

La duración de los contratos de alquiler pasa de tres a cinco años, siete en caso de que el arrendador sea una persona jurídica

La prórroga tácita pasa de uno a tres años en ambos casos, tal y como consta en el acuerdo presupuestario entre el Ejecutivo y Unidos Podemos

Queda fuera de momento la articulación de índices de precios máximos de alquiler en zonas tensionadas, en contra del criterio del socio presupuestario del Gobierno, que amenaza con votar en contra del decreto

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Las habitaciones de alquiler en Barcelona, Madrid y Palma, las más caras

EFE

El Gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros de este viernes el real decreto por el que los contratos de alquiler volverán a tener una duración de cinco años, siete en el caso de las personas jurídicas. Pero deja fuera la parte "más importante" a juicio Unidos Podemos: el control de los precios y de las subidas máximas permitidas. Es por este motivo, que la formación  amenaza con votar en contra del decreto en el Congreso.

En el decreto gubernamental, la prórroga tácita pasa de uno a tres años, tal y como consta en  el acuerdo presupuestario entre el Ejecutivo y Unidos Podemos. Además, en este paquete de medidas urgentes se establece un máximo de dos mensualidades para la garantía adicional al mes de fianza. 

Los gastos de gestión inmobiliaria y formalización del contrato correrán a cargo del arrendador, cuando este sea persona jurídica (una sociedad o empresa), salvo aquellos gastos en los que se haya incurrido por iniciativa directa del arrendatario.

Para ello, se modificará la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), a la que se achaca en parte la subida desmedida del precio de los alquileres desde que se aprobó en 2013 (ha subido un 18% en toda España desde entonces, un 47,5% en Barcelona y un 38% en Madrid), hasta el punto de que el 65% de los desahucios ya se deben a impagos de renta, según datos del Consejo General del Poder Judicial.

En este decreto, elaborado por el departamento que dirige José Luis Ábalos, el Gobierno realizará además cambios en los procedimientos de desahucio por los que se articulará un "proceso especial" para las personas que se encuentren en una "situación vulnerable". Para ello, el Ejecutivo modificará la Ley de Enjuciamiento Civil y fomentará una mayor coordinación con los servicios sociales en casos de desahucio, de forma que los procesos de lanzamiento ante impagos se paralicen hasta que intervengan dichos servicios sociales.

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos,  anunció esta última medida después de que una mujer se suicidara en Madrid mientras trataban de entrar en su domicilio para desahuciarla. 

Las administraciones pasan a tener derecho de tanteo y retracto en el caso de ventas de bloques de viviendas, es decir que tendrán preferencia frente a otros compradores en caso de que igualen sus ofertas. Este asunto fue objeto de controversia, ya que al parecer en un primer momento el Gobierno era reticente a su aprobación, aunque finalmente ha decidido incluirlo. 

Asimismo, las viviendas turísticas dejarán de estar incluidas en la LAU. Serán comercializadas exclusivamente por canales de oferta turística y se acogerán a la normativa sectorial turística, bajo la jurisdicción del Ministerio de Industria. Además, se introduce una modificación para que las comunidades de propietarios puedan prohibir las viviendas turísticas en sus propiedades con una mayoría de 3/5 de los vecinos.

Dada su forma jurídica, el real decreto entrará en vigor previsiblemente este fin de semana, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Después, el Congreso tendrá que convalidarlo o derogarlo en treinta días, pero en este último caso mantendrá su validez en el plazo en el que ha estado en vigor.  

Quedan por el momento fuera otros puntos del acuerdo presupuestario que Unidos Podemos–En Comú Podem–En Marea pretendían incluir ya, pero que el Gobierno prefiere dejar para el año próximo, principalmente facultar a los ayuntamientos a establecer índices de subidas máximas de precios de alquiler en zonas "tensionadas". Esta ha sido una de las principales causas de fricción en la mesa negociadora de Vivienda que se estableció tras el acuerdo presupuestario.

El ministro ha indicado que el decreto solo recoge aquellas medidas consideradas de "urgente necesidad" y que lo pactado en el acuerdo presupuestario va a "tener posibilidad" de incluirse durante el trámite de las cuentas del próximo año. Fuentes de Fomento han indicado la opción de introducir esta modificación durante el plazo de enmiendas que se supone que se abrirá en caso de ser convalidado el decreto en el Congreso.

Amenazas de los fondos de inversión 

Pese a la no inclusión de los índices de precios (por el momento), la previsible aprobación del decreto con este contenido  no va a sentar nada bien a los fondos de inversión en vivienda y a los promotores. Recientemente, el principal representante de la poderosa Blackstone en España y Portugal,  Claudio Boada, se lo   advertía en público a la ministra de Economía, Nadia Calviño. En un acto de la cámara de comercio estadounidense en España, AmCham, recordaba que este fondo ha invertido 25.000 millones en España "apostando por el país desde los peores momentos de la crisis". "Todavía no nos hemos ido", advirtió Boada, ex presidente del Círculo de Empresarios, pero algunas de sus inversiones podrían retirarse si el Gobierno aprueba la reforma de las leyes de vivienda  tal y como están planteadas en la actualidad.

Al respecto, fuentes de Fomento aseguran que no han recibido "presiones" de estos grupos y que en todo caso las medidas que se aprueban son tan beneficiosas para los inquilinos como para los propietarios, pues les otorga estabilidad.

El secretario general de la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE), Daniel Cuervo, explicaba a eldiario.es que consideran un "atropello" que se quiera modificar la legislación de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) "en caliente" y en todo el país por una subida de precios del alquiler que tan solo se ha producido, alega, "en algunos barrios de Madrid y Barcelona".

Achaca dichas subidas, que ya se han "estabilizado e incluso moderado", dice, a la falta de oferta en las zonas afectadas. Un escenario de falta de oferta que puede empeorar, explica, cuando se apliquen los planes del Gobierno, ya que se pueden paralizar inversiones previstas.

Cuervo tacha además de "desproporcionado" el modo en el que se pretende legislar "muy a favor del inquilino", con medidas como aumentar los años de contrato o limitar las subidas de precio y las fianzas. "Esto va a ser muy nocivo y perjudicial para el mercado de la vivienda", asegura. A su juicio, el PSOE "claudica" con estas medidas ante Unidos Podemos y la PAH.

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