El Gobierno y el PP retoman el diálogo en temas de Estado

El Gobierno y el PP han retomado los contactos en diferentes materias después de que a principios de abril Alberto Núñez Feijóo fuera encumbrado al frente del principal partido de la oposición. Al menos, desde el sector socialista del Ejecutivo. Desde que el presidente, Pedro Sánchez, recibió en el Palacio de la Moncloa durante tres horas al dirigente gallego el pasado 7 de abril, se ha pactado un decreto para reformar el funcionamiento de la Casa del Rey, se han retomado los contactos para renovar el Poder Judicial y se ha abordado de forma bilateral el escándalo del espionaje a líderes políticos y sociales independentistas.

A pesar de la normalización de las relaciones, el presidente ha subido el tono contra el PP por su auge en las encuestas y los conservadores siguen quejándose de falta de comunicación por parte de Moncloa.

Las relaciones entre el Gobierno y el PP han pasado por diferentes fases a lo largo de toda la legislatura. El partido que dirigía Pablo Casado tachó de “ilegítimo” desde su nacimiento al primer Ejecutivo de coalición desde la restauración de la democracia, pero en los primeros compases de la pandemia, el PP respaldó al Gobierno en diferentes medidas, especialmente la declaración y primeras prórrogas del estado de alarma. También en los trabajos iniciales del plan de reconstrucción que, finalmente, naufragó en el verano de 2020. 

Desde entonces, la comunicación entre el Gobierno y el principal partido de la oposición se fueron deteriorando. El bloqueo de los órganos constitucionales es uno de los principales ejemplos. Solo al final de su mandato Casado se abrió a pactar la renovación del Tribunal Constitucional, para colocar a dos magistrados totalmente afines a él. Pero no el Consejo General del Poder Judicial. El último intento, fallido, fue en octubre de 2021.

La caída de Casado tras perder la batalla definitiva en su larga guerra con Isabel Díaz Ayuso propició la llegada de Feijóo a la Presidencia del PP. El gallego prometió en su primer discurso tras ser encumbrado por aclamación “rescatar” a España del “naufragio político, económico e institucional” en el que, dijo, estaba sumida. 

Eso fue el 2 de abril. Cinco días después, Feijóo acudió al Palacio de la Moncloa, donde se reunió durante tres horas con el presidente del Gobierno, que le planteó once asuntos sobre los que podían llegar a entendimientos: la reforma del artículo 49 de la Constitución para eliminar el término “disminuidos”, eliminar el voto rogado, la vuelta del PP al Pacto Antitransfuguismo o renovar instituciones, entre otros.

Ese fue el único entendimiento claro que salió de aquel encuentro: el enésimo intento de retomar los contactos para renovar el Consejo General del Poder Judicial, que lleva más de tres años bloqueado. Feijóo ha tardado más de tres semanas en trasladar a Moncloa quiénes serán sus interlocutores para ese asunto y el económico y el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ya se ha puesto en contacto con el eurodiputado y flamante viceconsejero de la ejecutiva de Feijóo, Esteban González Pons, para reiniciar la negociación, que en esta ocasión sí confían en que llegue a buen puerto. 

En pleno crecimiento exponencial de la inflación, abordaron también el plan de choque contra los efectos de la guerra que el Ejecutivo de coalición había aprobado unos días antes y que el PP desdeña porque sostiene que se debe deflactar el IRPF para que los ciudadanos no asuman de su bolsillo el incremento del IVA por el aumento de los precios. “He pedido el apoyo al Partido Popular a la convalidación de este real decreto ley”, le respondió este martes Sánchez al portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, después de que le recriminara que no lo hubiera hecho. No ha sido el único dirigente del PP que ha negado que el Gobierno haya pedido el apoyo del PP al decreto ley, cuya convalidación se votará este jueves en el Congreso.

Sánchez lamentó desconocer todavía si el PP apoyará o no esas medidas, que incluyen la reducción de los impuestos a la electricidad, la bonificación de 20 céntimos a los carburantes o el tope de un incremento del 2% en la renovación de los alquileres, entre otras. Este martes, la portavoz parlamentaria y secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado que el sentido del voto de su grupo depende de si el Gobierno asume sus postulados económicos, aunque sea uno, de alguna forma. La que sea: “La manera en la que se materialice nos da igual”. 

Feijóo acudió a la Moncloa precisamente a exponer su plan económico, que básicamente consiste en una reducción masiva de impuestos que rechazan el FMI y la Comisión Europea, aunque sin un documento que entregar al presidente. Pese a ello, al finalizar la cita se quejó amargamente de que Sánchez no le había comprado ninguna de sus propuestas. No fue hasta el pasado viernes, día 22, cuando Génova remitió el plan completo a Moncloa.

Y este lunes, al filo de la noche, Feijóo señaló a su viceconsejero de Economía, Juan Bravo, como interlocutor de la materia con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. De momento, el Gobierno no ha respondido sobre el plan del PP y dice que lo estudiará, aunque ya anticipa que son “fórmulas que recuerdan a un tiempo pasado” en referencia a los recortes de la crisis financiera. Y el PP tampoco ha apuntado si apoyará el decreto ley del Ejecutivo, que pende de un hilo tras desvelarse el amplio espionaje del que han sido víctimas políticos y activistas independentistas, así como algunos abogados. 

Precisamente sobre el escándalo de Pegasus también han hablado el Gobierno y el PP. En concreto, la ministra de Defensa, Margarita Robles, contactó con el principal partido de la oposición tanto la semana pasada, el jueves, como este mismo domingo, después de que el ministro Félix Bolaños visitara Catalunya para reunirse con la consellera de Presidencia, Laura Vilagrà. Los interlocutores de la responsable política del CNI fueron Gamarra y González Pons.

Las relaciones institucionales se han producido también a nivel parlamentario. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha contactado con la portavoz del PP para buscar su apoyo en la modificación de las mayorías necesarias para constituir la comisión de secretos oficiales, bloqueada desde enero de 2020 y en la que el CNI deberá explicar precisamente el alcance del uso de Pegasus. El PP se ha borrado del acuerdo para poner en marcha el órgano por su negativa a que Bildu pueda acceder a él. También rechaza la reducción del número de votos para elegir a los representantes de los grupos.

La última colaboración se ha conocido este martes, aunque se viene fraguando en secreto a lo largo de toda la legislatura. El sector socialista del Gobierno ha pactado con el PP el real decreto para reformar el funcionamiento de la Casa del Rey. Fuentes del PP reconocen que ya con Carmen Calvo en la Vicepresidencia Primera del Ejecutivo se produjeron contactos al respecto. Y también han estado informados de la redacción final del texto. Con todo, la dirección de Feijóo sigue con el mensaje de que el Ejecutivo no atiende a la oposición.