El juez ve indicios de prevaricación del presidente de Murcia cuando era alcalde
Un juzgado ve indicios de prevaricación administrativa en la contratación en 2006 por el equipo de gobierno de Puerto Lumbreras (Murcia), incluido el exalcalde Pedro Antonio Sánchez, actual presidente de esa comunidad, del acondicionamiento de espacios públicos y una pasarela cerca de la rambla de Nogalte.
Así lo establece en un auto la jueza de instrucción número 1 de Lorca (Murcia), Consuelo Andreo, que lleva el caso de presunta corrupción en la adjudicación de las obras del auditorio de Puerto Lumbreras en la época en la que Sánchez presidía esa corporación municipal.
El auto, fechado el 27 de mayo, pide al Decanato de Lorca que designe a otro juzgado de ese partido judicial para que su titular investigue en pieza separada si se fraccionó el importe del proyecto de la rambla de Nogalte en cinco facturas con el objetivo de evitar la concurrencia pública y adjudicar sin concurso el proyecto al arquitecto Martín Lejarraga.
Según la jueza, el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras podría haberse apartado de los principios de publicidad, concurrencia, objetividad y transparencia de un proyecto infringiendo la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas al fraccionar el objeto del contrato en varios servicios siempre de cuantía inferior a 12.020,24 euros, límite máximo por el que se puede cerrar un contrato menor.
El texto señala que Sánchez adjudicó a Lejarraga el 3 de julio de 2006 el contrato menor de consultoría y asistencia para redactar los estudios previos del acondicionamiento de espacios públicos y pasarelas, cuyo importe ascendía a 9.200 euros.
Posteriormente, el 15 de enero de 2007, Lejarraga presenta una factura por el mismo importe por la redacción del anteproyecto, mientras que el 15 de febrero de ese año el alcalde reconoció la obligación de abonar 12.000 euros al arquitecto por el proyecto básico de obra.
Además, este presentó en el ayuntamiento dos facturas más, en abril de 2007 y abril de 2008, por la redacción del proyecto de ejecución y por la dirección de obras, respectivamente, que ascendían a 12.000 euros cada una.
En total, el arquitecto podría haber recibido 54.400 euros por esta actuación.
Contra el auto cabe recurso de reforma y subsidiario de apelación en el plazo de tres días tras su notificación o de apelación directo en los cinco días siguientes a esta.
En las diligencias previas iniciadas por un presunto delito de prevaricación administrativa figuran 21 personas como denunciadas por la acusación y el fiscal, entre ellos, el equipo de gobierno de esos años, del PP, incluido el alcalde, funcionarios municipales y Lejarraga, que también hizo el anteproyecto y ejecutó el proyecto del auditorio de esta localidad.
