Expertos urgen en el Congreso a reformar el Código Penal para blindar el derecho a la libertad de expresión

La reforma del Código Penal para blindar el derecho fundamental a la libertad de expresión ante artículos “genéricos e imprecisos” como los que convierten en delito el enaltecimiento del terrorismo, las injurias a la Corona o las ofensas a los sentimientos religiosos tiene que ser una prioridad de la XIV Legislatura que acaba de comenzar. Esta es una de las principales conclusiones de la jornada organizada este jueves en el Congreso de los Diputados por la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) con motivo del quinto aniversario de la aprobación de las normas conocidas como 'Leyes Mordaza'.

Además de varias mesas de debate, en ese encuentro se ha presentado un informe jurídico en el que se someten determinados preceptos del Código Penal español al filtro de los estándares internacionales en materia de libertad de expresión. El autor de ese documento, Joan Barata, jurista de la PDLI, concluye que son varios los delitos de expresión que contravienen los estándares internacionales. Entre ellos, los delitos de discurso de odio o enaltecimiento del terrorismo, cuya actual redacción está dando lugar a decenas de investigaciones penales dirigidas a censurar “opiniones, ideas, expresiones o informaciones críticas, disidentes, radicales o incluso contrarias a la Constitución” merecedoras de protección en un Estado democrático.

Barata ha censurado especialmente el “ensanchamiento” de la noción de apología del terrorismo que ha llevado a la criminalización de cualquier actitud de simpatía o emisión de exabrupto incluso cuando no conlleva ninguna incitación a la comisión de un delito. “Nadie tiene el derecho a no ser ofendido”, ha insistido. “Para que haya una sociedad democrática y plural tenemos que tolerar expresiones incómodas de grupos que molestan y que, además, son minoritarios”, ha insistido, por su parte, David Díaz-Jogeix, director senior de programas de la organización Article 19.

Durante la jornada, los ponentes han analizado los riesgos de la inclusión en el Código Penal de estos delitos de expresión. Jacobo Dopico, catedrático de Derecho Penal de la Universidad Carlos III y miembro del Grupo de Estudios de Política Criminal, ha alertado del efecto de “autocensura” y “desaliento” que generan en la ciudadanía unos procedimientos que en ocasiones han acabado en condena en altos órganos jurisdiccionales como el Tribunal Supremo pero que en otros se archivan directamente en fase de instrucción. En este sentido, Manuel Maroto, profesor de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid y miembro de la PDLI, ha solicitado al INE que realice un estudio del impacto que han tenido sobre la ciudadanía estas últimas reformas sobre ejercicio de derechos fundamentales.

Algunos expertos también se han referido la propuesta de Gobierno del PSOE y Unidas Podemos de llevar al Código Penal el enaltecimiento del de franquismo. En este punto ha habido unanimidad sobre la falta de conveniencia de criminalizar las adhesiones públicas a determinadas ideologías en la medida de que profundiza en la senda marcada por las últimas reformas del Código Penal porque supone ampliar la protección de otros bienes jurídicos en detrimento de un derecho fundamental consagrado por la Constitución como es la libertad de expresión.

“Solo en los casos en los que haya incitación a la comisión de un delito debería castigarse la apología del franquismo. Pero para eso ya tenemos el actual Código Penal, que tendría que adelgazarse, no ampliarse”, ha subrayado el magistrado Ignacio González Vega, portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia. “Con esta iniciativa se corre el riesgo de convertir en mártires de la libertad a los franquistas y esa es una idea que me aterroriza”, ha insistido.

“Germen de la intransigencia y la intolerancia”

Las jornadas han contando con la presencia de César Strawberry, líder del grupo de rap-metal Def con Dos que fue condenado en enero de 2017 por delitos de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas y cuya intervención pidió vetar Vox. Tras ser absuelto por la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo condenó al cantante a un año de cárcel por seis tuits en los que ironizaba con la vuelta de los GRAPO y ETA y sobre la muerte Luis Carrero Blanco, presidente del Gobierno en el franquismo. El Tribunal Constitucional está actualmente estudiando su recurso.

Durante su intervención en la última mesa redonda de la jornada, Strawberry ha hecho una encendida defensa de la libertad de expresión y ha calificado de “grave error que empobrece la democracia” el “ensanchamiento” de los delitos de opinión. “La gestión de la ofensa es una cuestión personal que cada uno tiene que resolver. No se puede criminalizar la ofensa a niveles de una cotidianidad ridícula porque eso es el germen de la intransigencia, la intolerancia y del fascismo”, ha aseverado.

En este último panel el cantante ha estado acompañado por Antonia Ávalos, feminista, activista y procesada por la performance del ‘Coño Insumiso’; y por Darío Adanti, confundador de Mongolia, que ha puesto en valor la importancia de defender la sátira y de fomentar en los centros educativos el debate sobre la libertad de expresión y la importancia de defender este derecho fundamental.