Juicios telemáticos, una idea de la pandemia que emerge como alternativa ante el tapón de la Justicia pos-COVID

Son casi las nueve de la mañana de un viernes de junio de 2020. La jueza Raquel Catalá está instalada en una sala de vistas de la Ciudad de la Justicia de Elche dispuesta a iniciar una intensa jornada de juicios. Abre en su ordenador la aplicación de videoconferencias WebEx y saluda a través de la pantalla a los intervinientes del primero de la mañana: el letrado de una sanitaria interina que reclama que se le reconozcan ciertos derechos retributivos y el abogado de la Generalitat Valenciana. 

Ambos comparecen desde sus despachos. “Perdón, soy nuevo esto”, dice uno de ellos. Tenía el micrófono apagado y era imposible oír su voz a través de la pantalla. “Yo creo que todos”, responde el otro. Tras la prueba de conexión y al ver que todo funciona, se inicia el juicio, que queda visto para sentencia en apenas diez minutos. Catalá ha programado otras doce vistas telemáticas esa mañana, además tres presenciales. “Imagina el trasiego en los juzgados. Aunque sean procedimientos sencillos hay acumulación de gente, se producen retrasos… La experiencia está siendo positiva, creo que todos somos más productivos”, dice la jueza a eldiario.es. 

La pandemia del coronavirus ha obligado a buscar soluciones imaginativas para mantener un mínimo de actividad judicial evitando desplazamientos y aglomeraciones en las sedes judiciales. Ahora, con la Justicia en plena desescalada, hay quien sostiene que esa solución de urgencia puede ser útil para contribuir al desatasco de unos juzgados y tribunales que, además, tendrán que asumir la avalancha de nuevos casos derivados de la COVID-19. 

Los juicios telemáticos no van a solucionar una situación de colapso crónico. Pero sus partidarios creen que sí pueden contribuir a agilizar la resolución de procedimientos sencillos al tiempo que se evita el trasiego de profesionales en los juzgados y tribunales y se restringen desplazamientos, con el consiguiente menor impacto ambiental. Otros sectores, sin embargo, hacen hincapié en la falta de recursos técnicos y formación y expresan sus dudas sobre que sea posible mantener todas las garantías en las vistas online aunque estén vetadas en las causas por delitos graves. 

El Ministerio de Justicia pretende que la solución digital sea clave en la desescalada judicial. El real decreto con el que el Gobierno intenta contrarrestar la saturación de la Justicia pos-COVID establece que hasta tres meses después de la finalización del estado de alarma, todos los actos procesales serán “preferentemente mediante presencia telemática” siempre que existan los “medios técnicos necesarios para ello” y excluyendo las causas por delitos graves. Jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia y abogados consultados para este reportaje confirman que esa es una aspiración que está muy lejos de convertirse en una realidad. 

Tampoco es una herramienta que sirva para todos los procedimientos. “No tendría sentido hacer el juicio de la Gürtel o del asesinato de Gabriel de forma telemática, pero sí es algo útil para casos sencillos en los que únicamente hay prueba documental, como ocurre en más más de la mitad de los procedimientos de civil o de lo contencioso-administrativo y siempre que las partes estén de acuerdo”, dice el juez Luis Acayro Sánchez, titular de un juzgado de lo Contencioso Administrativo de Santander. 

Este magistrado celebró el pasado 11 de mayo a través de Skype el primer juicio completamente telemático de España. Era un asunto de “poca enjundia” entre el Ayuntamiento de Santander y un restaurante por una infracción urbanística. La experiencia fue “muy positiva” y tanto él como otros compañeros la han replicado desde entonces. Sólo en la última semana en juzgados de Santander se han celebrado más de 75 vistas online, siempre de asuntos “muy sencillos” y con la prevención de realizar pruebas de conexión previa para comprobar que todo funciona. 

La jueza Raquel Catalá pone en valor la mayor productividad que se logra con estos juicios, si bien echa en falta un marco legislativo que regule qué procedimientos pueden ser objeto de una vista online y cuáles no. Sobre la falta de una regulación específica se expresa también la abogada Carmen Pérez Andújar, vicesecretaria Medios Materiales y Tecnológicos del Consejo General de la Abogacía, que insiste en la importancia de que los juicios telemáticos “se realicen de forma uniforme en todo el territorio nacional y con las mismas reglas”. 

“Todas las actuaciones que sirvan para agilizar la Justicia son bienvenidas, pero no debemos olvidar que lo que realmente hace falta es ayuda presupuestaria. Los juicios telemáticos pueden ser una solución para casos concretos de escasa dificultad pero para otro tipo de juicios sigue siendo necesario que su celebración se realice en sala y de forma presencial. Lo importante es que se escuche a todos los operadores jurídicos y que entre todos construyamos una bases”, añade Pérez Andújar. 

El desfase tecnológico, un reto 

Los juicios virtuales plantean también otro reto mayúsculo: cómo generalizarlos en una administración lastrada por el desfase tecnológico y en la que muchos juzgados y tribunales tienen equipos anticuados y conexiones a Internet de baja calidad. “Venimos de una Justicia en la que no hay wifi en los juzgados. Plantear la generalización de los de juicios telemáticos con garantías es como ponerle llantas de aleación a un coche cochambroso”, describe la jueza Natalia Velilla, que trabaja en la Comunidad de Madrid, donde el expediente digital no se ha implantado y las sedes judiciales siguen atestadas de papel. No es la única autonomía en la que ocurre. 

En este punto es clave el rol de los antiguos secretarios judiciales, pues junto a auxilios y tramitadores (otros funcionarios de la oficina judicial) son los que ponen a punto la parte tecnológica. También son los encargados de garantizar la fe pública judicial y que las vistas se graban correctamente, tal y como exige la ley. 

Marta Urbano, portavoz del Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia, está convencida de que los juicios telemáticos pueden contribuir a “agilizar” la Justicia y “descolapsarla”, aunque cree que sigue habiendo carencias en materia de digitalización. “Las vistas online nos permiten ganar los minutos que se invierten en organizar la entrada en la sala de las partes y del público… y evitan esperas innecesarias, lo que da más celeridad a los procedimientos. Pero hace falta un desarrollo tecnológico más preciso”, apunta. 

También cree que hay mucho margen de mejora en el ámbito tecnológico el juez de Córdoba Antonio Rodríguez, que ha convocado una decena de vistas telemáticas en las últimas semanas. “Los juicios telemáticos han venido para quedarse, pero no todo está resuelto. Requieren un mayor tiempo de preparación y desarrollo porque hay incidencias que antes no se daban y todavía falta de coordinación entre las necesidades técnicas y procesales”, asegura. 

Rodríguez defiende implantar el modelo “con prudencia, como todo lo que está empezando” y admite que el sistema todavía tiene carencias. Por ejemplo, cuando ha requerido la presencia de testigos o peritos sí ha pedido su traslado a la sede judicial por la imposibilidad de “certificar su identidad” a través de la red. 

Otro de los aspectos controvertidos es cómo se garantiza que no haya ningún tipo de contaminación en la declaración de los testigos, cuyo testimonio resulta clave en muchos juicios. Cuando la vista es presencial, los testigos esperan fuera hasta que les toca comparecer y en la sala se puede comprobar que su declaración es espontánea y que nadie les está indicando qué tienen que contestar. 

El Consejo General del Poder Judicial admite en una guía publicada recientemente sobre la celebración de actos telemáticos que con aplicaciones como Skype, Teams o Zoom es “imposible” garantizar la “incomunicación” de los testigos y establece que su comparecencia remota “solo será viable con las herramientas de videoconferencias de calidad y siempre que el testigo declare en una sede oficial en la que un fedatario garantice la intangibilidad o no contaminación de la fuente de prueba”. 

La fiscal Escarlata Gutiérrez asegura que hasta ahora era relativamente habitual que en los juicios presenciales testigos o peritos declararan por videoconferencia “y nadie ponía mayor problema”. “Parece que los detractores alegan más garantías que las que se exigen en los juicios presenciales”, lamenta esta fiscal, que sí defiende que para generalizar los juicios virtuales hace falta “inversión para desarrollarlos bien”. Gutiérrez, adscrita a la sección territorial de Manzanares (Ciudad Real), admite que sus experiencias han sido positivas aunque la digitalización de la Justicia no es igual en todas las autonomías, lo que puede explicar las reticencias de algunos de sus colegas. 

En el ámbito tecnológico, la abogada  Pérez Andújar insiste en que la plataforma a través de la cual se desarrolle el juicio tiene que garantizar cuestiones esenciales como “la confidencialidad y la seguridad de las comunicaciones, la trazabilidad, la localización de sus servidores en territorio de la UE y la imposibilidad de manipulación de las grabaciones”. También la identidad de los intervinientes. “En definitiva, tiene que garantizar que la celebración del juicio gozará de igual protección que si se realizase de forma presencial”, apunta. 

Las fuentes consultadas se unen a la petición de más y mejores medios y reclaman un sistema público de videoconferencia. Hasta ahora, las comunidades están funcionando con licencias de programas privados. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid se usa Zoom; en Cantabria, Skype Empresarial; en Catalunya y la Comunitat Valenciana, WebEx; y en Andalucía, Circuit. Son aplicaciones muy populares pero no infalibles. 

Por ejemplo, la jueza del caso 8M alegó una “incidencia técnica” con el “sistema Zoom” para optar por el interrogatorio presencial al único investigado y los testigos de esa causa. O esta misma semana el juez de Púnica tuvo que suspender una declaración en la Audiencia Nacional por problemas técnicos con la plataforma de viodeollamada. “Hay compañeros que son reticentes porque los sistemas son malos y les dificultan la labor. Por eso es tan relevante la inversión”, resume la fiscal Escarlata Gutiérrez.