Justicia propondrá que los fiscales asuman las investigaciones penales

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha recuperado este lunes en su primera comparencia en el Congreso de los Diputados una reforma pendiente desde hace años: que la instrucción de las causas penales pase de los jueces a los fiscales. Campo se ha comprometido a llevar al Consejo de Ministros un borrador de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) que incluirá esta modificación antes de que acabe 2020. Se trata de una iniciativa que equipararía el sistema penal español al de los países de nuestro entorno.

“Se debe garantizar un proceso penal moderno, democrático y plenamente adaptado a los principios constitucionales, atribuyendo la dirección de la investigación al Ministerio Fiscal y fortaleciendo las garantías constitucionales”, ha asegurado. A su juicio, “deslindar” las funciones de investigación de los “juzgadores” supondrá “superar” una “legislación decimonónica” en materia de enjuiciamiento criminal. Según su criterio, no se puede decir que tenemos una ley de 1882 “y quedarnos tan anchos”.

Por otro lado, en el turno de réplica a los diferentes grupos parlamentarios, el ministro ha negado que haya un “compromiso” con ERC para reformar el delito de sedición. “No existe eso”, ha señalado, aunque sí ha aseverado que los códigos penales “tienen que modificarse” y que no cree que haya ninguna legislatura en la que no se haya revisado.“¿Alguien duda de que debemos reformar esos delitos para ajustar los ataques a la Constitución que se pueden producir en situaciones nuevas [relacionadas con ataques la soberanía]?”, se ha preguntado. En todo caso, no ha explicado en qué sentido se revisarían esas figuras penales.

Gran parte de su comparecencia, no obstante, ha estado centrada en la presentación del llamado Plan de Justicia 2030. Ese plan, ha explicado, pivota sobre tres ejes: consolidar “garantías y derechos” en el acceso a los tribunales, promover la “eficiencia” de la Justicia como servicio público e incrementar la “cohesión” y “coordinación territorial” a través, en otras medidas, de la transformación digital.

En el capítulo de anuncios, Campo ha asegurado que el Ministerio va a poner en marcha un plan de guardia de 24 horas para los médicos forenses dependientes del Ministerio de Justicia que atienden a víctimas de violencia sexual y que va a revisar “con carácter urgente” los protocolos de intervención en los casos de casos de violencia sexual.

Iglesias y Garzón

En otro momento de su intervención, el ministro se ha referido a las palabras sobre la Justicia del vicepresidente Pablo Iglesias y del ministro de Consumo, Alberto Garzón. El PP había solicitado su comparecencia ante la Comisión de Justicia para informar sobre estas declaraciones al considerar que “ponen en cuestión la independencia del Poder Judicial”. Iglesias calificó como “humillación” que “muchos” tribunales europeos hayan “quitado la razón” a jueces españoles en resoluciones relacionadas con el procés. Garzón, por su parte, señaló que Fiscalía, a diferencia del Consejo General del Poder Judicial, “depende jerárquicamente del Ministerio y de la Presidencia del Gobierno”.

A este respecto, Campo ha admitido que en el Gobierno de coalición “habrá discrepancias, dificultades, malos entendidos y equivocaciones”. Y ha instado a los grupos de la oposición a ser “serios” y “proporcionados” a la hora de pedir comparecencias. “Quizá deberíamos centrarnos más en pensar y en hacer”, ha aseverado.