Y llegó el día de la sentencia del caso por corrupción que removió al PNV

El próximo martes se conocerá la sentencia del conocido como caso De Miguel, una presunta trama corrupta liderada por exdirigentes del PNV alavés que se ha convertido en el proceso más importante de estas características juzgado en Euskadi, con 26 procesados, y que removió al Partido Nacionalista Vasco.

La resolución se conocerá diez años después de que comenzara a instruirse este caso y al cabo de un año desde que concluyó este macrojuicio que se prolongó durante todo 2018.

Entre los 26 acusados figura Alfredo de Miguel, ex número dos de la Ejecutiva del PNV de Álava y diputado foral, a quien la Fiscalía sitúa como el líder de la presunta trama corrupta que ha dado nombre al caso.

Además de la vía judicial, el caso motivó la creación de una comisión de investigación en el Parlamento Vasco, que aprobó un dictamen -con el apoyo de todos los grupos menos el PNV- en el que se atribuían responsabilidades a excargos de ese partido.

La actuación judicial llevó al actual lehendakari y entonces presidente del PNV, Iñigo Urkullu, a pedir a los militantes imputados que entregaran sus carnés de afiliados para desvincular al partido, que según dijo no tenía “nada que ver” con este caso, algo que hicieron unos diez meses después de su detención y tras haber dimitido de sus cargos políticos.

De Miguel se enfrenta a una petición de pena de 29 años y 9 meses de cárcel por una veintena de delitos, entre ellos los de asociación ilícita, blanqueo de capitales, cohecho pasivo, coacciones, malversación y tráfico de influencias.

Para otros dos exiembros de la dirección del PNV en Álava, Aitor Telleria y Koldo Otxandiano la solicitud de prisión asciende a 13 años y 7 meses para cada uno.

Estos tres imputados junto a sus respectivas esposas y la hermana de De Miguel constituyen, según la Fiscalía, el núcleo de esta trama que creó un entramado societario y personal para lograr contratos o adjudicaciones públicas para empresas propias y otras con las que tenían vinculación.

El Ministerio Fiscal mantiene que De Miguel, Tellería y Otxandiano llegaron a cobrar por dichas contrataciones cantidades económicas por trabajos que nunca hicieron y recibieron comisiones ilícitas por su intermediación en adjudicaciones de obra pública.

Todo comenzó en diciembre de 2009 cuando la abogada Ainhoa Alberdi denunció ante el fiscal jefe de Álava, Josu Izaguirre, que el entonces diputado foral Alfredo de Miguel había pedido una comisión de 100.000 euros por su intermediación para lograr un contrato en la ampliación del Parque Tecnológico de Álava.

El caso adquirió relevancia pública el 17 de marzo de 2010 cuando De Miguel fue detenido en su domicilio en Vitoria.

A partir de ahí la causa comenzó a engordar en folios y número de imputados hasta sumar 26. Entre ellos un exviceconsejero de Cultura y un exdirector de Juventud del Gobierno de Juan José Ibarretxe.

Tras nueve años de instrucción, el juicio arrancó el 8 de enero de 2018 en una sala del Palacio de Justicia que tuvo que ser acondicionada para ello.

En la vista, la abogada Alberdi se ratificó en su denuncia y destacó la “impunidad”, “facilidad” y “alegría” con la que estos exigían “pasar por caja”.

Otro de los momentos álgidos de este juicio llegó en septiembre de 2018, cuando se suspendió la vista porque la Fiscalía estaba negociando un acuerdo con los procesados. Casi un mes después, el fiscal jefe de Álava, Josu Izaguirre, reveló que había llegado a un pacto con 9 de los 26 acusados para dejar acreditado que había existido una “trama organizada criminal destinada al cobro de comisiones ilícitas”.

Entre los que llegaron a este acuerdo no estaba De Miguel pero sí algunos empresarios procesados, que reconocieron ante el tribunal que les habían pedido y cobrado comisiones en una operación urbanística en Zambrana (Álava), cuya exalcaldesa del PNV también está entre los acusados.

El último día del juicio De Miguel negó haber cometido los delitos que se le imputan y aseguró que no se ha demostrado que se hubiera enriquecido de forma ilícita.

Ahora llega el momento de la sentencia pero eso no significa que el caso finalice porque existirá la posibilidad de que las partes recurran.