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Visto para sentencia el juicio a una funcionaria de Mallorca que usó su puesto para rebajarse un embargo

Panorámica de Sineu, el pueblo mallorquín en el que trabajaba la funcionaria

Angy Galvín

La antigua secretaria-interventora del Ayuntamiento de Sineu (Mallorca) está inmersa en un proceso judicial en la Audiencia de Palma acusada de usar su condición de funcionaria para rebajar las mensualidades de un embargo de nómina. La Fiscalía sostiene que Margarita Mulet se aprovechó de su puesto para disminuir a la mitad el embargo de su sueldo gracias a un documento firmado solo por ella y con el membrete y sello del Consistorio. Consiguió que le quitaran solo 300 euros al mes en vez de los más de 600 que tenía que pagar.

En Sineu, un pueblo que no llega a los 4.000 habitantes, el caso de Margarita conocido por todos. “Conozco el tema por los medios de comunicación y por lo que se comenta en los pasillos del Ayuntamiento”, comenta el alcalde, Miquel Gelabert. La antigua secretaria-interventora se enfrenta a cinco años de prisión y a 10.800 euros de multa por un delito de falsedad documental y de desobediencia a la autoridad, aunque alternativamente la Fiscalía ha planteado que el tribunal la condene por un delito de prevaricación administrativa con una pena de 10 años de inhabilitación absoluta.

Los problemas judiciales de Mulet comenzaron en 2009, cuando fue condenada a pagar 12.340 euros, costas incluidas, para hacer frente a una deuda que había contraído por no pagar el alquiler de un local. Un año después, la justicia ordenó el embargo de la nómina de la funcionaria, pero aquella orden no recibió respuesta. El juzgado volvió a enviarla, pero tuvieron que pasar seis meses desde la emisión de la primera orden para que ésta se registrara finalmente en el Ayuntamiento. Ella era la encargada de recibir todas las notificaciones.

El cumplimiento de la orden de embargo solo duró medio año. La justicia estuvo quitando, durante seis meses, unos 650 euros del sueldo de Margarita, pero en julio de 2011 la funcionaria envió un documento, firmado solo por ella y con membrete y sello del Ayuntamiento, para que la cantidad se rebajase a 300 euros. La funcionaria se dirigía al organismo encargado de la gestión de las nóminas, la Mancomunitat del Pla de Mallorca, y daba la orden, según la Fiscalía, de que se le redujera el embargo en virtud de una nueva normativa. La triquiñuela le duró dos meses.

En el juicio celebrado en la Audiencia de Palma este lunes, la funcionaria ha asegurado que ella no tenía capacidad de dar ninguna orden, sino que únicamente informó a la Mancomunitat del Pla de Mallorca que, según la normativa, le correspondía una cuota de embargo menor. La mujer ha alegado que el documento que envió a la mancomunidad de municipios ni era oficial ni lo remitió en calidad de secretaria-interventora. También ha dicho que interpretó erróneamente la normativa con la que justificaba la rebaja en las cuotas.

Como informa EFE, durante el juicio, que ya está visto para sentencia, una funcionaria que se ocupaba de las nóminas del Ayuntamiento ha explicado que Margarita estuvo dos meses pagando menos porque se dieron cuenta del supuesto engaño en verano, cuando los servicios jurídicos municipales estaban de vacaciones. Los alcaldes de aquella época eran Josep Oliver Amengual y Pere Joan Jaume, quienes también han declarado este lunes en el juicio. 

“Se ha ido a otro pueblo”

En el juicio, la acusada ha comentado que perdió su casa por culpa del procedimiento. También ha relatado la situación de acoso que vivía mientras estuvo trabajando en el Consistorio y ha apuntado a una persecución contra ella. El motivo es que denunció al Ayuntamiento por un pago duplicado de certificaciones de obra que ella estima en unos 100.000 euros y porque no le permitían llevar a cabo su labor de intervención, ni siquiera de los presupuestos, como apunta EFE.

“La situación para mí es injusta y peregrina. Lo único que he intentado hacer es mi trabajo. Me he equivocado, pero una equivocación no es un delito y nunca he intentado para nada perjudicar al Ayuntamiento”, ha dicho durante el juicio. Fuentes municipales aseguran a eldiario.es que la mujer ya no forma parte del Consistorio, pero que no saben cómo se fue de él: “Se ha ido a otro pueblo. Desconozco cómo se fue de aquí”.

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