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La mayoría de los fiscales de Madrid votan en contra de la imputación de un alto cargo de Justicia

La votación se produce por orden del Consejo Fiscal después de que el jefe de Madrid, en contra de la imputación, no permitiera celebrarla en la anterior Junta 

Un total de 99 fiscales se han opuesto a la imputación, 38 han votado a favor y 30 se han abstenido, todos en voz alta por imposición del fiscal jefe Polo

El fiscal que inició el caso había pedido sin éxito investigar al director general del Registro por cambiar la decisión de una registradora de la propiedad en una recalificación

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El fiscal superior de Madrid, José Javier Polo

El fiscal superior de Madrid, José Javier Polo

Los fiscales de Madrid han apoyado mayoritariamente el criterio de su jefe, José Javier Polo, de no solicitar la imputación de un alto cargo del Ministerio de Justicia en un asunto de presunta corrupción urbanística. Un total de 211 fiscales de Madrid estaban convocados a una junta que el Consejo Fiscal por unanimidad ordenó celebrar después de que Polo no organizara una votación durante la anterior junta en la que se produjo el choque de criterios. 

Finalmente han participado en la votación 167 fiscales, de los que 99 se han pronunciado en contra de la imputación, 38 a favor y 30 se han abstenido, según han informado a eldiario.es fuentes fiscales. Antes de la votación se produjo una solicitud de votación secreta que Polo ha rechazado, obligando a retratarse a cada uno de los fiscales. Uno a uno han debido decir en voz alta si votaban a favor, en contra o se abstenían, han precisado las mismas fuentes. 

Este hecho, unido a que Polo no ha dejado intervenir antes de la votación al fiscal que inició la investigación, César Estirado, cuyo criterio es favorable a la citada imputación, ha caldeado los ánimos. Polo también ha tenido que escuchar quejas por no haber dado traslado del decreto del Consejo Fiscal por el que ordenaba convocar de nuevo la Junta de Fiscales. Polo ha argumentado que no dejaba intervenir al fiscal porque la votación era continuación de la Junta de Fiscales anterior y no una nueva.

El asunto objeto de la votación era si solicitar al juez la imputación del director general del registro y del notariado del Ministerio de Justicia, Javier Gómez Gálligo, por cambiar el criterio de una registradora de la propiedad y permitir la inclusión de una finca objeto de una recalificación urbanística que finalmente anuló el Gobierno de Cristina Cifuentes.

El resultado de este jueves no es vinculante para el fiscal jefe de Madrid, quien deberá decidir después de oír a la junta si mantiene su criterio de no investigar al alto cargo de Rafael Catalá en ese caso en el que ya está imputado el alcalde de Hoyo de Manzanares, Ramón Regueira, del PP, varios ediles de su Gobierno y un par de directivos de una universidad privada. 

Los hechos se remontan a una investigación abierta el pasado julio en un juzgado de Colmenar Viejo contra el regidor del municipio madrileño de Hoyo de Manzanares, varios miembros del Ayuntamiento, así como dos altos cargos de la Universidad Antonio de Nebrija, que están acusados de intentar cambiar la calificación de una parcela para edificar más de un centenar de viviendas. Todo se paró finalmente desde la Comunidad de Madrid, pero la causa sigue vive en los juzgados. 

El fiscal que arrancó la investigación, antes de que se judicializara, César Estirado, defendió desde un primer momento que había indicios de delito y que la denuncia debía dirigirse además de contra los responsables municipales y los mandos de la universidad contra el alto cargo del ministerio de Rafael Catalá por su decisión de inscribir la parcela, algo a lo que se había negado la registradora de la propiedad competente para hacerlo. 

Pero su superior jerárquico, el fiscal jefe provincial de Madrid, José Javier Polo, decidió el pasado julio asumir él personalmente la denuncia y al redactarla excluyó de la lista de investigados al director general de Justicia. El caso echó a andar en un juzgado de Colmenar Viejo y volvió a caer en manos del fiscal que lo había iniciado. Tras practicarse una serie de diligencias, César Estirado volvió a defender la necesidad de imputar al mando del ministerio, algo a lo que su superior jerárquico volvió a negarse. 

Así que el fiscal del caso decidió acogerse al derecho de esgrimir el artículo 27 del Estatuto de la carrera que pide una votación (no vinculante) de toda la junta cuando hay una discrepancia grave con un superior jerárquico. 

Polo convocó a la Junta, que agrupa a la plantilla de la Fiscalía y secciones territoriales de Madrid, el pasado 30 de noviembre para discutir el asunto. En aquella reunión solo tomaron la palabra 18 miembros de la carrera, además del Fiscal encargado del caso, que contaba con el apoyo del Fiscal de Sala responsable de Medio Ambiente, Antonio Vercher. Según testigos presentes en la cita, la mayoría de fiscales que intervinieron se colocaron del lado del Fiscal jefe provincial, José Javier Polo, en contra de imputar al alto cargo de Justicia. Pese a la petición expresa de uno de los asistentes, el jefe de la fiscalía provincial impidió que se votase. 

Al término del encuentro, el fiscal del caso de Hoyo de Manzanares pidió ser relevado del caso, tras ver cómo se había corregido su criterio sobre la imputación del director general del Ministerio y Polo decidió que la causa de la parcela recayese en la fiscal decana de Alcobendas (la sección territorial a la que corresponde el municipio de Comenar Viejo) que no forma parte del cuerpo especializado en urbanismo.

Así que durante su debut en el Consejo Fiscal -el órgano que agrupa a los representantes de la carrera y que preside el Fiscal General del Estado-  el recién nombrado Julián Sánchez Melgar, quien sustituyó hace un mes  al fallecido José Manuel Maza, los tres representantes de la Unión Progresista de Fiscales plantearon que Polo se había saltado el estatuto de la carrera al impedir la votación. 

El nuevo Fiscal General del Estado Sánchez Melgar les dio la razón a los representantes de la corriente progresitsa, y desautorizó al jefe provincial de Madrid. Y el Consejo Fiscal aprobó por unanimidad dejar sin efecto la reunión de la junta de fiscales de Madrid y por tanto también el relevo del fiscal del caso.

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