Las negociaciones 'in extremis' entre el PSOE y Junts marcan la legislatura

'Chicken game' es el nombre que recibe un juego que mide, supuestamente, la valentía de sus participantes. Y es también una estrategia de negociación. La base es sencilla: gana el que más aguanta, quien mantiene la posición lo máximo posible. El que no da el volantazo para evitar que dos coches choquen el uno contra el otro o caigan por un precipicio. Se trata de una técnica que el PSOE y Junts están llevando al límite en esta legislatura, en la que cada votación viene precedida de un pulso que se alarga hasta el último instante. 

Ambos partidos volvieron a apurar esta semana el plazo de las negociaciones para sacar adelante la ley de amnistía en la Comisión de Justicia del Congreso. Un trámite que ya se superó, pero al que hubo de retrotraerse después de que Junts tumbara en el Pleno la ley que ellos mismos habían negociado previamente con el PSOE. 

Desde entonces, las dos formaciones buscan cómo salir del atolladero. El límite para alcanzar un acuerdo, que desde el PSOE y desde el Gobierno dan casi por hecho, concluía el jueves a las once de la mañana, cuando estaba prevista la sesión de la Comisión de Justicia que debía ver, por segunda y última vez, la ponencia de la ley de amnistía. 

Si la votación era positiva, la norma viajaría de nuevo al Pleno. Si Junts votaba en contra, decaía definitivamente. La ley pasó, pero las partes llevaron las conversaciones hasta la tarde-noche del miércoles. Aunque un día antes el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, había dado por hecho el acuerdo en una conversación informal con periodistas durante un viaje de Estado a Brasil, las partes no dieron el visto bueno hasta el último momento. Una llamada Barcelona-Ginebra entre Jordi Turull (Junts) y Marta Rovira (ERC) propició el desbloqueo.

Unos y otros parecen haber asumido ya que la legislatura, al menos su primera parte, penderá de un hilo de forma habitual, con el PP y Vox a la espera de un patinazo en la compleja y, a veces, endeble mayoría parlamentaria sobre la que se asienta el Gobierno de coalición. Un repaso a los últimos meses así lo acreditan

Desde las elecciones del 23 de julio del año pasado todas las votaciones importantes han estado protagonizadas por una votación in extremis. Ocurrió ya en agosto, cuando se constituyeron las Cortes y se eligió a los miembros de las respectivas mesas de las Cámaras. Tras la derrota en los comicios de un mes antes, el PP soñó con hacerse con la Presidencia del Congreso, una vez que su mayoría absoluta le garantizaba la del Senado.

El PSOE jugó fuerte y negoció con ERC y Junts la inclusión de los principales idiomas oficiales que no son el castellano entre las lenguas permitidas en el Congreso nada más arrancar la legislatura. Hasta entonces, únicamente el Senado, y en determinadas circunstancias, estaba abierto al catalán, gallego y euskera. Los partidos catalanes exigieron su uso indiscriminado en ambas cámaras, además de pelear por convertir el catalán en lengua de trabajo en la Unión Europea.

Francina Armengol fue elegida presidenta del Congreso el 17 de agosto. La votación de aquel día deparó sorpresas. En el PP hubo quien pensó que Junts podía fallar porque, pese a haberse intentado, fue imposible llegar al día de constitución de las Cortes con todo cerrado. De hecho, todo estaba más bien abierto. El pacto fue continuar negociando, y el PP apostó por un patinazo que permitiera a Cuca Gamarra presidir la Cámara Baja. Aglutinó sus votos en sus candidatos y dejó fuera de la Mesa a Vox, lo que soliviantó a la extrema derecha que le había dado gobiernos autonómicos y ayuntamientos al PP, aunque nunca se atrevieron a romper.

Pese a que Carles Puigdemont había exigido un “pago por adelantado”, la realidad es que Junts ha hecho concesiones antes de que se confirmaran algunos acuerdos. La dirigente socialista se hizo con la máxima representación parlamentaria sin el Reglamento modificado para poder usar las lenguas oficiales, sin el reconocimiento de la UE y con la ley de amnistía muy lejos de ser aprobada.

Pero la elección de Armengol era imprescindible para poner en marcha la legislatura. El catalán (como el gallego y el euskera) ya fueron de uso libre en la fallida investidura del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en septiembre de 2023.

La negociación para ampliar el uso de las lenguas en el Congreso no era solo para la Presidencia de la Cámara. O se acumularon otras cuestiones de cara a la investidura de Pedro Sánchez. La principal, la ley de amnistía. Y cada vez los tiempos se apuraban más.

El acuerdo del PSOE con ERC se concretó el 31 de octubre, tras semanas de negociación. La inclusión de Tsunami y CDR en la norma que busca recuperar la “concordia” en Catalunya tras el 1-O ha sido un quebradero de cabeza durante las conversaciones. Pero los republicanos se dieron por satisfechos antes. Junts apuró aún más.

A primeros de noviembre se comunicó el “acuerdo”, pero no se permitió ver el contenido exacto de la norma. Se publicó un pacto político con acuerdos y desacuerdos, pero no la letra de la ley. Se intentaba así desatascar unas negociaciones que, como luego se demostró, difícilmente se iban a concluir antes de la investidura de Sánchez. 

La primera votación de reelección del presidente se programó para el 15 de noviembre. Dos días antes, el 13, el PSOE registró en solitario su proposición de “Ley orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña”. Junts y ERC no firmaron el documento porque la negociación continuaba. El líder del PSOE logró el apoyo del Congreso. En la tribuna del Parlamento, defendió la ley de amnistía para ahondar en el camino del “diálogo, el entendimiento y el perdón”.

Los principales escollos en la negociación entre el PSOE y Junts, menos con ERC, eran y son las acusaciones de terrorismo que penden sobre cientos de personas que participaron en las acciones de protesta posteriores a la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a los líderes del procés que no habían huido. 

Cada paso en la negociación ha ido acompañado de una respuesta judicial que ha dificultado el entendimiento y obligaba a las partes a retomar cuestiones ya superadas ante el temor de que la ley dejara fuera a algunas personas. A cada hito en el Congreso se llegó con la respiración contenida y un movimiento de último minuto que permitió avanzar hasta el siguiente. 

El vértigo de enero

Pero en enero el riesgo de ruptura fue tan real que, de hecho, hubo fractura durante unos minutos. Justo después de la festividad de Reyes el Congreso celebró una sesión extraordinaria para convalidar tres importantes reales decretos ley. Uno de ellos prorrogaba algunas de las medidas puestas en marcha por el anterior Gobierno ante la crisis inflacionista provocada por la guerra de Ucrania.

El 5 de enero Junts comunicó que no iba a apoyar los decretos, lo que hacía imposible su convalidación. Durante cinco días las negociaciones se sucedieron. El 10 de enero estaba convocada la sesión, que por obras se celebraría en el Senado. La Cámara Alta bullía de periodistas sin espacio y diputados sin despachos.

El voto era telemático ya que no había suficientes pulsadores para todos en el hemiciclo (hay menos senadores que diputados). En un momento de la tarde, uno de los diputados de Junts aseguró a Catalunya Ràdio que su voto había sido ‘no’. Los decretos ley habían decaído. La legislatura estaba finiquitada casi antes de echar a andar.

Pero era mentira. O un error de comunicación con los periodistas. O estos lo entendieron mal. O el diputado no sabía qué había votado. O no había votado él. Algo pasó, porque los siete votos de Junts se fueron a la abstención, lo que permitió al Gobierno salvar dos de los tres decretos, ya que el laboral decayó por el rechazo de Podemos.

El desconcierto inicial fue respondido con un comunicado en el que los catalanes explicaban que habían accedido a permitir la convalidación de los decretos a cambio de una serie de promesas poco concretas del Gobierno: competencias en materia de migración, una reforma de un artículo de la LeCrim (Ley de Enjuiciamiento Criminal) que dificulta aplicar la amnistía, según los independentistas, la publicación de las balanzas fiscales y una rebaja del IVA del aceite al 0%.

Nada de esto se ha implementado todavía, ni se ha puesto en marcha el proceso para hacerlo. Las partes intentaron vender un acuerdo que permitiera seguir construyendo la ley de amnistía. Y así hicieron. Pero ese 10 de enero permitió a los dos probar al máximo el arrojo del otro en la negociación.

Y llegó el día del ‘no’ de Junts. El 30 de enero, los diputados de Puigdemont votaron en contra de una ley que habían apoyado en la Comisión de Justicia. Eso sí, con reservas. El PSOE pactó con Sumar, ERC, EH Bildu, PNV y BNG una serie de enmiendas “técnicas” a su propio texto. Según los firmantes, las adiciones blindaban a todos aquellos que debían ser beneficiados por la amnistía.

Pero Junts no lo veía así. Aún así, votó a favor de dichas enmiendas y de la ponencia (es decir, el texto completo de la ley). Eso sí, mantuvo “vivas” sus propias enmiendas para ser debatidas y votadas por el Pleno. Pero el PSOE las rechazó. El debate fue duro. Y Junts, ahora sí, mantuvo el volante recto. No giró y votó ‘no’... aunque se dejó una vía de escape. El Pleno tumbó la ley de amnistía, pero el Reglamento del Congreso determina una segunda ronda de negociaciones en comisión y un nuevo debate final. Este sí, el definitivo.

Y así llegaron las partes a esta última semana de negociación al límite, por ahora. El problema para Junts, y también para ERC y el PSOE, es que la norma que salga del Congreso ya no se podrá ampliar. El Senado puede introducir cambios, y así lo hará con la mayoría absoluta del PP. El Congreso puede luego revertir esos cambios, pero nada más. Es decir, nadie puede añadir nada, solo ratificar o quitar en la Cámara Baja lo que se haya podido aprobar en la Alta.

Y ahora, Presupuestos

El desbloqueo –parece que definitivo– de la ley de amnistía abre un nuevo frente: los Presupuestos Generales del Estado. 

Si la medida de gracia es lo que más preocupaba a ERC y Junts, las cuentas públicas para 2024 son la piedra de toque del PSOE y Sumar. El Gobierno de coalición necesita unos Presupuestos que permitan dar salida a los fondos europeos y establecer un marco económico propicio para hacer políticas sociales, o al menos intentarlo.

Los Presupuestos para este año darían oxígeno a un Ejecutivo atenazado por una mayoría parlamentaria muy difusa, que depende de muchos factores exógenos y no siempre controlables (los principales, Junts, Podemos y José Luis Ábalos). Con las cuentas y la amnistía aprobadas, la legislatura estará encarrilada y Sánchez podría, al menos en teoría, apurar su tercer mandato justo cuando la propia ley de amnistía, y el escándalo de corrupción relacionado con la compra de material sanitario durante la pandemia, están minando su popularidad.

Desde Junts admiten que existe “predisposición de llegar a un acuerdo” sobre los presupuestos tras el desbloqueo de la amnistía en el Congreso. Y, paradójicamente, podría significar el final de los acuerdos entre las partes. Con la amnistía y las cuenta de 2024 en vigor, los incentivos para el acuerdo serían menores entre las partes.

Pero eso será más adelante. El acuerdo para los Presupuestos Generales de 2024 todavía no está hecho, aunque ambas partes han reconocido en diferentes ocasiones que las negociaciones son paralelas. De momento, el Gobierno no ha presentado su proyecto ante las Cortes, pero cuando llegue la tramitación será rápida porque el Reglamento establece la prioridad de esa ley sobre las demás. Está por ver si esa negociación se dirime también en el último suspiro.