El juez de Nóos entrega a Diego Torres 271.00 euros de su cuenta intervenida en Luxemburgo
El juez instructor del caso Nóos, José Castro, ha acordado entregar al exsocio de Iñaki Urdangarin, Diego Torres, hasta un total de 271.272 euros de los fondos que le fueron intervenidos en una cuenta de Luxemburgo. El imputado presentó recientemente un escrito en el que alegaba la necesidad de disponer del dinero ante los “gravísimos problemas” que atraviesa y que afectan a su “propia subsistencia personal”.
Mediante una providencia a la que ha tenido acceso Europa Press, el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma acepta entregar el dinero a Torres “exclusivamente para hacer frente a las necesidades”esgrimidas por el encausado, a quien insta a rendir cuenta ante el Juzgado de la aplicación de estos fondos.
En concreto, el dinero fue intervenido en los registros efectuados en la sede del Instituto Nóos y de otras empresas del entramado el 7 de noviembre de 2011, y se halla en la cuenta de consignaciones judiciales del Juzgado. Unos 900.000 euros fueron localizados por los investigadores en el Credit Suisse de Luxemburgo. En septiembre de 2013, Castro libró una nueva comisión rogatoria a Luxemburgo a fin de proceder al desbloqueo del dinero.
El abogado de Torres, Manuel González Peeters, apuntaba en el escrito que presentó ante el Juzgado el pasado 14 de marzo la necesidad de que su patrocinado dispusiera del dinero bloqueado para hacer frente a deudas con la Agencia Tributaria (que cuantifica en 113.898 euros), alimentación, costes de la defensa jurídica, pólizas de seguro, hipoteca y escolarización, entre otros gastos.
Y es que, según el letrado, tanto Torres como la mujer de éste, Ana María Tejeiro, se encuentran desde septiembre de 2011 “sin la posibilidad de obtener ingreso alguno derivado de actividades profesionales, dado que resulta de todo punto imposible su acceso al mercado de trabajo, más aún en una época de extraordinaria y severa crisis en todos los sentidos del término”.
Una situación que, añade González Peeters, “provoca no sólo gravísimos problemas que alcanzan a su propia subsistencia personal, haciéndola insostenible, sino que además hace peligrar seriamente el mantenimiento de los bienes inmobiliarios” que el matrimonio ofreció en garantía para hacer frente a la fianza civil conjunta de 8,2 millones -posteriormente rebajada- que decretó el juez Castro contra Torres y Urdangarin, “a la par que hace inviable el poder afrontar las deudas que mantienen”.
Precisamente, el exsocio de Urdangarin, al ser preguntado sobre este dinero, defendió que se trataba de ahorros “de toda la vida”, justificando que los trasladó allí desde una cuenta de Andorra puesto que “dudaba de la fiabilidad” del sistema bancario andorrano. Se trata de unos depósitos cuya titularidad está en manos de Torres y que presuntamente salieron de la trama Nóos. Finalmente fueron bloqueados por el juez durante el curso de la instrucción del caso.
Los investigadores apuntan que Urdangarin y su exsocio encabezaron una trama societaria a través de la cual se habrían apoderado de hasta 5,9 millones de los fondos públicos que percibió Nóos. En concreto, delitos como falsedad documental, prevaricación, fraude a la administración y malversación de caudales públicos son los ilícitos que se investigan en estas pesquisas, que constituyen la pieza número 25 del caso Palma Arena.