Operación Kitchen: mucho que decir

Imaginen que, al comprar un coche, les ofrecen dos opciones: hay una marca cuyos modelos apenas se averían, pero si lo hacen, no los reparan; otra, en cambio, tiene vehículos menos fiables, pero si fallan los arreglan sin demora. ¿Por cuál se decantarían? Imaginen un país donde hay poca corrupción, pero cuando se descubre no se castiga, mientras que en otro, con políticos más corruptos, estos siempre terminan en el banquillo y castigados. ¿Cuál de los dos países entenderían ustedes como más fiel a los principios democráticos propios de una sociedad moderna? ¿Podría ser más honesto y decente el país más corrupto? Probablemente, porque la impunidad es la peor de las corrupciones. Aquí está la clave: los políticos son siempre el blanco de las dianas, pero no sólo está en sus manos la llave de la virtud pública; también está en las manos de los jueces, porque la ejemplaridad ética de una sociedad no depende de que el coche no se averíe nunca, sino de garantizarse los medios para solventar el problema cuando aparece.

Por esta razón el juicio de la Kitchen nos muestra un fracaso especialmente desolador, porque no solo expone ante la ciudadanía unos delitos ejecutados por el mismísimo Gobierno de España, orientados por la villanía de ocultar otros anteriores cometidos por el Partido Popular, sino también porque pone sobre el tapete las maniobras que han conllevado la impunidad programada de sus más altos dirigentes.

En este juicio hijo de la Gürtel, madre de todas las tramas, quedan retratados políticos pero también jueces. Retengamos el nombre de tres, suficientes para triangular el drama de la impunidad: el primero sería Baltasar Garzón, aquel que se atrevió a hincarle el diente a esta urdimbre corrupta; fue expulsado de la carrera por haber tomado una decisión que le había solicitado la Fiscalía y que, cuando el asunto pasó al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, fue adoptada nuevamente por Antonio Pedreira Andrade, a quien nadie inquietó. “Se va a jubilar pronto, está enfermo”, me dijo un magistrado del Tribunal Supremo para intentar explicarme por qué le habían perdonado a este su (supuesto) delito; la pieza a cazar era otra.

El segundo juez de este drama sería Ángel Luis Hurtado Adrián, el magistrado que protegió a Rajoy de las preguntas de Mariano Benítez de Lugo en el juicio de la Gürtel y que, concluido este, firmó un imaginativo voto particular a la sentencia sosteniendo que Luis Bárcenas había llevado la contabilidad extracontable del Partido Popular “a espaldas del propio partido”. No se rían, no, que aquel voto le llevó directo al Tribunal Supremo.

Y la tercera pata del taburete es, lógicamente, Manuel García-Castellón. Menudo papelón el de este magistrado, que va por las esquinas lamentándose de que le llamen prevaricador. Ignoro si lo es, aunque cualquiera de las crónicas explicando sus maniobras —pueden quedarse con alguna de Pedro Águeda— podría trasponerse sin mucha dificultad como hechos probados en una sentencia. En el Partido Popular suspiraban por el regreso de García-Castellón a la Audiencia Nacional, suplicando (reconozcamos que sin mucha altura lírica) para que el juez provisional se retirara a Ontinyent; regresó el convocado y, con un conjunto de decisiones incomprensibles, fue el encargado de echar el freno al proceso para dejar fuera a los dirigentes del partido que tanto le añoraba.

En la película Algunos hombres buenos, el coronel Nathan Jessup se debate violentamente al afrontar en juicio la pregunta definitiva: ¿ordenó usted el código rojo? En la alternativa de reconocer que dio la orden o, por el contrario, asumir que no se enteraba de lo que pasaba bajo su mando, el prurito profesional del coronel le lleva a reconocer que sí, que la dio, porque en su orgullo prefiere quedar de delincuente que de inepto. Este debate ético entre el mando y el pellejo, que he visto tantas veces en responsables de empresas donde se comete un delito, no le alcanza desde luego a Rajoy, que para salvar el pellejo renuncia al mando. El Partido Popular se financió ilegalmente recolectando dinero de empresarios; su presidente no sabía nada. Reconstruyó la sede de Génova ‘a fundamentis’ con dinero negro; su presidente no se enteró. Pagaron con sobres a ‘M. Rajoy’; su presidente no sabe quién es. Ordenó perseguir a Bárcenas para quitarle la “libretita”; su presidente seguía en Babia. No hay quien se crea este nivel de inopia, pero a Rajoy le sale gratis porque no le votaron por enterarse de las cosas sino por fingir ignorancia sobre ellas, en ese sutil ejercicio de cinismo que consiste en hacerse el tonto y, con ello, hacer quedar de tontos a los demás.

Rajoy purgó su mala conciencia añadiendo que respecto a aquella operación de la que usted me habla y de la que no sé nada, solo sé que fue legal. No hay que descartar que, en caso de condena, acompañe a su ministro del Interior a la puerta de la cárcel, que la lealtad de un subordinado suele ser más barata que la del superior.

¿Y ahora qué hacemos? Pues cualquier opción es complicada. Algunas voces reclaman reabrir la investigación, en la esperanza de que la Audiencia Nacional deduzca testimonio para que se investigue ahora a Rajoy o a Cospedal. Varios de los delitos que son objeto de acusación en esta causa tienen plazos de prescripción de quince años, gracias a las largas penas de inhabilitación que llevan aparejados, lo que ampararía la posibilidad de investigar de nuevo lo sucedido entre 2013 y 2015. Pero, francamente, es poco probable que el tribunal se decante por esta opción, como ya ha adelantado al denegar la cuestión previa solicitada en tal sentido. Bárcenas se ha encargado de dilapidar su propio crédito, así que las pruebas contra estos dirigentes tendrían que ser especialmente elocuentes como para superar las líneas rojas que su día impidieron enjuiciarlos.

Aparte de eso, el transcurso del tiempo pesa como un escollo. “Al compás que adelanta el sumario se va fabricando inadvertidamente una verdad de artificio que más tarde se convierte en verdad legal”, denunciaba Alonso Martínez al presentar en 1882 la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, todavía hoy vigente. Recordaba aquella advertencia al ver a las acusaciones forcejear inútilmente con el tribunal para formular a Rajoy alguna pregunta comprometedora. Comprendo sus protestas cuando se las denegaban, como también entiendo las decisiones que protestaban. Se llama a un testigo a juicio para que informe de lo que ha visto u oído, pero no se le puede formular bajo juramento una pregunta cuya respuesta pueda incriminarle. La Audiencia Nacional ha permitido algunas, en lo que entiendo que responde a una práctica cada vez más asentada. Sin ir más lejos, en el juicio de las mascarillas que se tramita en el Tribunal Supremo en paralelo a este, se preguntó a Carlos Moreno si había pedido o recibido un soborno; esa no es una pregunta para un testigo que va a juicio sin abogado.

En cualquier caso, Bárcenas, Rajoy y Cospedal han prestado declaración, exponiendo al tribunal lo que tuvieron a bien. Los tres han declarado como testigos, con obligación de decir verdad; visto que sus declaraciones son contradictorias, sobre todo las de Bárcenas y Rajoy, alguno de los dos ha tenido que mentir al tribunal. Se ha cometido un delito de falso testimonio y espero que los jueces investiguen cuál de los dos ha sido; por aquí se abriría un resquicio para valorar la eventual responsabilidad de Rajoy no tanto por su implicación en la trama sino simplemente por mentir. Por lo demás, Bárcenas reprochó a Rajoy la comisión de un hecho grave que lesiona la dignidad del aludido, así que estemos vigilantes para ver si este pide permiso a la Audiencia Nacional para querellarse contra Bárcenas por injurias, si es que tiene su versión por falsa.

Rajoy compareció en el Congreso en diciembre de 2021 para decir que nunca había pisado la ‘cocina’ que ahora se enjuicia. El delito de falso testimonio en una comisión de investigación, que el Partido Popular pretendió usar contra Santos Cerdán, prescribe a los cinco años, así que se podrá revisar el contenido de aquella comparecencia y contrastarlo con lo que está saliendo ahora en el juicio. Pero también sería una opción de recorrido incierto.

En fin, mucho que decir y poco que contar, como lamentó Arsenio Iglesias en la rueda de prensa más triste del mundo. Reactivar la investigación de esta trama corrupta para dirigirla ahora contra quienes fueron orillados es muy complejo. La estrategia que nos ha llevado hasta esta impunidad ha tenido éxito. Por eso, en mi opinión este juicio no es sólo un proceso contra la operativa político-mafiosa dirigida a eliminar pruebas de delitos; los recientes testimonios lo convierten también en un proceso contra la operativa político-judicial que mediante un peculiar tráfico de destinos (un juez a la calle, otro al Supremo y un tercero “a tomar por culo a Onteniente”) consiguió que los jueces no hicieran lo necesario para que Rajoy o Cospedal se sentaran en el banquillo. En fin, “el que pueda hacer, que haga; el que pueda aportar, que aporte”, dijo Aznar. “El que pueda no hacer nada, que se esté quietecito”, debió añadir.