Pablo Iglesias insiste en que se mantenga su condición de perjudicado en el caso Villarejo

Nuevo movimiento del vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias en el caso Villarejo. El líder de Podemos cambia de abogado para evitar el supuesto “conflicto de intereses” al que aludió el instructor de caso, Manuel García Castellón, por compartir letrada con su excolaboradora Dina Bousselham en la pieza de esta macrocausa que indaga sobre el robo y posterior difusión de parte del contenido del móvil de esta última. Una copia de la tarjeta apareció entre el material incautado a Villarejo en noviembre de 2017.

A pesar de que Bousselham exculpa a Iglesias de cualquier perjuicio y ha descartado actuar penalmente contra él, el juez le conminó a que abandonara a la abogada que compartía con el líder de Podemos por un supuesto “conflicto de intereses”. Le advirtió de que si no lo hacía, se le asignaría un letrado de oficio. Esta es una de las últimas decisiones que ha tomado el magistrado en el marco de una investigación en la que ha establecido como prioridad resolver qué hizo el político con la tarjeta del móvil de su antigua colaboradora o una copia, con independencia de que Villarejo guardara otra y tres medios publicaran parte de su contenido.

La decisión de Iglesias consta en un recurso de casación contra otra reciente decisión del juez: retirarle la condición de perjudicado en este caso. Ese escrito ya va firmado por su nuevo letrado, Raúl Maíllo. Sobre los últimos movimientos del magistrado, la defensa del vicepresidente insiste en que “no ostenta condición de investigado alguna, ni se ha realizado actuación alguna frente al mismo, ni se le ha denunciado por ninguna persona afectada por los delitos investigados en el presente procedimiento”.

García Castellón acordó el 25 de mayo retirarle esa condición al considerar “insostenible” mantenerla “toda vez que las diligencias practicadas no han permitido concretar en qué medida resulta ofendido o perjudicado de infracción penal alguna”. Llegó a esta conclusión pese a que Iglesias fue aceptado en un principio como perjudicado en la pieza del caso Villarejo al coincidir el material del móvil robado a Bousselham con publicaciones en Okdiario, El Confidencial y El Mundo con contenido que guardaba ese dispositivo.

Se trataba de conversaciones privadas entre dirigentes de Podemos e información interna del partido que arrojaban una imagen negativa de la formación y sus candidatos en un momento de auge político del mismo. Una copia de la tarjeta apareció entre el material incautado a Villarejo en noviembre de 2017, cuando fue detenido e ingresó en prisión provisional.

En su escrito a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, el letrado de Iglesias insiste en que, de la práctica de las diligencias practicadas a día de hoy “no puede descartarse la hipótesis” de que el robo del móvil de Bousselham fuera una “actuación deliberada, encaminada a obtener información sensible, privada e íntima” sobre él, por lo que “no resulta procedente” que pierda su condición de perjudicado en este proceso.

Iglesias, protagonista del caso

El magistrado se había apoyado en los argumentos de la Fiscalía Anticorrupción para atribuir dos posibles delitos a Iglesias por la retención injustificada del contenido del móvil durante meses y el daño al dispositivo que le habían entregado los responsables del desaparecido grupo de comunicación Zeta, propietario en aquel momento de la revista Interviu. Hasta que el Ministerio Público concluyó que no hay reproche penal posible porque la supuesta afectada, Dina Bousselham, exculpa a Iglesias de cualquier perjuicio, como insiste ella misma en otro escrito presentado también este jueves ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Desde entonces, García-Castellón ha comenzado a actuar sin informar a los fiscales del caso, como ha ocurrido con una orden internacional remitida a Reino Unido para que declaren dos técnicos por los que pasó la memoria del teléfono, o directamente en contra de su criterio, al ordenar el cambio de abogada para Bousselham. El vicepresidente está aforado ante el Tribunal Supremo y García-Castellón no puede atribuirle la condición de investigado, pero insiste en investigar unos hechos que presentan a Iglesias como único sospechoso.

El caso se alargará, al menos, hasta que sean satisfechas todas las diligencias solicitadas. Será entonces cuando el magistrado deberá tomar la decisión de archivar la causa o elevar una exposición razonada al Tribunal Supremo con los indicios recabados.