El PP amenaza con bloquear la renovación del Poder Judicial durante lo que resta de legislatura

El Partido Popular se está planteando negarse a negociar con el Gobierno la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pendiente desde principios de diciembre, y de otros órganos constitucionales –como el Defensor del Pueblo o el Consejo de Seguridad Nuclear– hasta que el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, convoque las elecciones generales o rompa públicamente relaciones con las fuerzas independentistas. Moncloa, por su parte, evita pronunciarse sobre esta amenaza del principal partido de la oposición, al que necesita para llevar a cabo estas reformas.

Fuentes de la dirección del PP reconocen en declaraciones a eldiario.es que aunque de momento no se ha tomado una decisión firme, el posicionamiento del Gobierno a favor del diálogo con la Generalitat de Quim Torra, el hecho de que partidos como ERC, PDeCat o EH Bildu apoyaran a Sánchez en la moción de censura contra Mariano Rajoy y que el Gobierno no haya censurado las posiciones independentistas podría llevar al partido de Pablo Casado a bloquear esa renovación hasta que se produzca el adelanto electoral.

La portavoz del PP en el Congreso fue más contundente este martes. Dolors Monserrat aseguró que su partido no iba a recuperar estas negociaciones con el Gobierno hasta que el presidente rompiese con el independentismo y convocase elecciones.

Moncloa y el propio Sánchez, sin embargo, han insistido en las últimas semanas en que no está entre sus previsiones adelantar los comicios ya que su plan es agotar la legislatura hasta 2020. De cumplirse la amenaza del PP, el bloqueo para elegir a los nuevos miembros del órgano de los jueces podría prolongarse, por tanto, aún durante un año. 

Dos semanas antes de que el pasado 4 de diciembre expirara el plazo oficial para renovar el CGPJ, populares y socialistas sí habían logrado un acuerdo para elegir la nueva composición del órgano de los jueces que daba 11 puestos a magistrados progresistas y otros nueve a conservadores, con el también conservador Manuel Marchena como presidente del Poder Judicial.

“Una jugada estupenda”

Pero el pacto saltó por los aires el 20 de noviembre a raíz de un mensaje de WhatsApp que el portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, envió a todos los senadores a través de un chat de grupo. En el mensaje, Cosidó presumía del acuerdo alcanzado con el PSOE para renovar el CGPJ y nombrar a Marchena presidente.

La elección del presidente es una potestad que únicamente corresponde a los vocales, pero que socialistas y populares dieron por hecha incluso antes de elegir oficialmente a esos vocales. El portavoz popular en el Senado aseguró en el mensaje que con el pacto el PP veía garantizado el control del Tribunal Supremo “desde atrás”. Se trataba, según las palabras literales del mencionado wasap, de “una jugada estupenda”.

Un día después de conocerse el mensaje de Cosidó, el magistrado Marchena decidió renunciar a formar parte del nuevo CGPJ. En un comunicado en el que defendió su “independencia”, el magistrado del Tribunal Supremo aseguró que “jamás” había concebido el ejercicio de la función jurisdiccional como “un instrumento al servicio de una u otra opción política para controlar el desenlace de un proceso penal”. Y resaltó que su desempeño como juez es “la mejor muestra” de que “jamás” ha aplicado el derecho siguiendo opciones políticas. 

Tras constatar que ante la decisión de Marchena la presidencia del CGPJ podía no estar garantizada para el bando conservador, el PP decidió romper el acuerdo cuando los nombres ya habían sido registrados y filtrados a la prensa. Casado compareció ante su grupo en el Congreso e improvisó una reforma de la Ley del Poder Judicial comprometiéndose “a volver al sistema de elección judicial que consagra la Constitución Española”, es decir, que sean los propios jueces quienes propongan una lista de 12 candidatos que deberían ser refrendados luego por el Congreso y el Senado.

Sánchez “no mira al PP”

La proposición de ley del PP que incluía una enmienda en ese sentido fue, sin embargo, tumbada por la Cámara Baja el pasado 20 de diciembre. Los populares solo lograron el apoyo de Ciudadanos, que no fue suficiente para hacer frente al rechazo del resto de los grupos políticos representados en el Congreso.

Tras ver truncados sus planes, el PP se muestra ahora reticente a iniciar un nuevo diálogo con el PSOE para renovar el CGPJ u otros órganos constitucionales. Para la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Dolors Montserrat, “lo primero de todo” es que el presidente Pedro Sánchez rompa con los independentistas, “vuelva al constitucionalismo” y convoque elecciones. “Lo que no le vale es entrar en un gobierno con una moción de censura con los votos de los independentistas, de Bildu y de Podemos, y luego exigir al PP lo que no exige a sus propios socios”, apuntaba el martes en declaraciones a la agencia Europa Press.

Montserrat sostiene que Sánchez “no mira ni habla nada con el PP”, como ya ha denunciado Pablo Casado y, obviando los acuerdos alcanzados en noviembre para renovar el CGPJ, asegura que el jefe del Ejecutivo ni siquiera les llama para las reformas constitucionales que necesitan su concurso, porque el Gobierno, dice, prefiere dialogar “todo” con “el independentismo, los que quieren romper España y odian a España”.

“Por tanto, lo primero que tiene que hacer el PSOE y Pedro Sánchez es romper con el independentismo y volver al constitucionalismo. Y ahí siempre va a encontrar al PP, tanto con la mayoría absoluta del Senado como con los 134 diputados que tenemos en el Congreso”, zanjaba Montserrat.

El bloqueo entre 2006 y 2008

Ante el año electoral que se avecina y con los comicios municipales, autonómicos y europeos de mayo a la vuelta de la esquina, los populares no tienen prisa por llegar a acuerdos con el Gobierno de Sánchez, en un momento en el que tratan de configurar el “bloque de centro derecha” con Ciudadanos y Vox que ya ensayan en Andalucía y que pretenden trasladar al resto de comunidades y ayuntamientos.

Entre 2006 y 2008 los populares también bloquearon la renovación del CGPJ para tratar de prolongar la mayoría conservadora que mantenían desde 2001, cuando gobernaba José María Aznar, aunque la paralización culminó finalmente con la aceptación por parte del PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero –entonces en La Moncloa– del nombramiento del conservador Carlos Dívar como presidente.