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CRÓNICA

Dos gobiernos paralizados en Madrid y Barcelona por 1.200 tragaperras

Pedro Sánchez y María Jesús Montero en el pleno de esta semana.

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De todas las posibilidades que había de que la política catalana volviera a condicionar la de todo el país, la última que podíamos esperar es que tuviera que ver con un macrocasino. Bien mirado, al final puede ser una conclusión lógica si tenemos en cuenta la cantidad de partidos catalanes que han montado sus estrategias en la última década a partir de apuestas muy locas con pocas opciones de éxito. Lo mismo se podría decir de otras iniciativas que partieron de Madrid con la intención de ocuparse de Catalunya. 

Pedro Sánchez y el PSOE han puesto buena cara ante la decisión inevitable de olvidarse de los presupuestos de 2024. Habrán tenido que ensayarla. No olvidemos que se decía que la aprobación de la ley de amnistía sería el parteaguas que iniciaría una etapa de estabilidad en la legislatura, amarrando a Junts y Esquerra al bloque de gobierno. Después de la tormenta de la amnistía, vendría la calma, afirmaban convencidos. No hay que guardar los paraguas. La bolita sigue dando vueltas a la ruleta y no está claro dónde va a caer. 

María Jesús Montero dijo que extender hasta final de año la prórroga de las cuentas de 2023 es “lo más sensato” teniendo en cuenta “esta vertiginosa realidad que nos convoca todos los días”. No cabe duda de que es un frenazo en un momento en que el Gobierno pretendía pisar el acelerador. Con el doble pack de amnistía y presupuestos, pensaba cortar de raíz las especulaciones del PP sobre una legislatura corta. La jugada no ha salido del todo bien. La única parte buena es que los socios del Gobierno se han mostrado comprensivos. De momento.

En política, conviene aprender las lecciones. Con la negociación de la amnistía, los socialistas se han visto en la insólita tesitura de tener que mediar entre Junts y ERC, o bien negociar con uno pensando en lo que dirá el otro. Esa incómoda posición podía repetirse en la discusión presupuestaria con el agravante de que hacerlo en la campaña electoral, con los dos partidos catalanes vigilándose mutuamente, lo convertía en una tarea tan difícil como desactivar un explosivo con las manos enfundadas en guantes de boxeo.

El rechazo de los comuns al abortado proyecto de presupuestos del Govern se ha justificado por la ausencia del veto a la construcción de un complejo de casino y hoteles en Tarragona promovido por la multinacional Hard Rock, una apuesta por el turismo masivo con fuerte impacto ecológico. Es una idea faraónica de los tiempos de Artur Mas cuando la Generalitat quería contar con su propio Eurovegas. Desde entonces, ha visto reducidas sus dimensiones hasta 700.000 metros cuadrados con un 57% de superficie dedicado a hoteles.

El complejo contaría con un casino inmenso, del que se ha dicho que sería el séptimo mayor de Europa con 1.200 máquinas tragaperras y 300 mesas de juego. Cuenta con el rechazo de los comuns, la CUP y grupos ecologistas, el apoyo decidido del PSC y Junts y una actitud de Esquerra que podríamos calificar de ambivalente. Es decir, le gustaría estar en contra, pero gobernar es duro y tiene que estar a favor.

El partido de Pere Aragonés votó en el Parlament contra una propuesta de anular el proyecto en marzo de 2023. Sólo unos meses después, el conseller de Salud, Manel Balcells, dijo que “todo lo que fomente el juego y aumente el riesgo de ludopatía va en contra de la salud pública”. Lo definió como una concesión para sacar adelante los presupuestos, pero no ocultó que preferiría que no vea la luz. De hecho, confiaba en que otros le solucionaran el problema: “Tengo la esperanza de que los promotores del Hard Rock den marcha atrás”. Lástima que en política las cosas no ocurran por sí solas.

Ya hace meses Jéssica Albiach, líder de los comuns en el Parlament, dejó claro que nadie podía contar con ellos para sacar adelante la operación inmobiliaria y turística, en especial por la persistencia de la sequía. El complejo podría llegar a consumir tanta agua al año como la población de Reus (108.000 habitantes). “Ni nos manda Madrid ni nos manda la Caixa”, afirmó Albiach esta semana, refiriéndose a los beneficios millonarios que el banco obtendrá de la venta de los terrenos para Hard Rock. Escucharemos más veces esa frase en la campaña.

“Planteamos al Govern que no podía estar un macrocasino que trae delincuencia, inseguridad, precariedad laboral, y problemas de sequía, salud mental y adicciones”, ha dicho Albiach en una entrevista con elDiario.es.

Los socialistas están muy molestos con Yolanda Díaz por no haber obligado a los comuns a aceptar el proyecto. El PSOE es un partido federal, pero en estos casos políticamente sensibles se hace lo que dice Madrid. Sumar es distinto. Díaz no es la líder de Sumar en el mismo sentido que Pedro Sánchez es el líder del PSOE. La vicepresidenta tiene demasiados frentes internos abiertos como para añadirles otro más con sus aliados catalanes, que son además una de sus principales fuentes de apoyo.

Aquí todo el mundo está molesto con alguien. A Díaz no le ha gustado que Sánchez abandone la idea de los presupuestos para este año. Aragonès está molesto con Díaz, porque los comuns no se han tragado el sapo del Hard Rock como ha hecho ERC por imposición del PSC. El presidente de la Generalitat quería que ella presionara a los de Albiach, lo que resulta irónico, porque a Esquerra no le gustó mucho que Díaz viajara allí para intentar convencerles de que votaran a favor de la reforma laboral. Ada Colau está molesta con Aragonès por responsabilizarle de “su fracaso” al no haber convencido al PSC de que no pusiera Hard Rock como condición indispensable para aprobar las cuentas. Carles Puigdemont está molesto con ERC, porque hubiera necesitado más tiempo para la aplicación de la amnistía y que él pudiera presentarse como candidato sin asumir demasiados riesgos legales.

Para ser todos aliados, o semialiados, no se puede decir que tengan la mejor de las relaciones. Pero, como dice Montero, todo forma parte de esta “vertiginosa realidad”, donde un casino puede dar el cerrojazo al Gobierno catalán y dejar al Gobierno central sin debate presupuestario hasta el otoño. Qué peligroso es el juego.

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