PSOE y Podemos se acercan peligrosamente al nivel de destrucción mutua asegurada

Una de las peores ideas de la política española es el interés de los partidos en contar con magistrados en las listas electorales. Eso se hace aún más evidente cuando los jueces/políticos regresan a sus puestos de origen en los tribunales pensando que pueden quitarse de encima la apariencia de partidismo como quien se cambia de traje. El caso de Baltasar Garzón ya demostró que estas cosas suelen acabar mal. Felipe González lo reclutó de forma trapacera para la candidatura socialista presentándolo como gran fichaje y luego lo dejó fuera del Gobierno. El juez se ocupó después de que lo lamentara.

Es posible que Pilar Llop haya lamentado estos días en qué momento aceptó entrar en el Gobierno. Ahora le toca defender una ley del sólo sí es sí en cuya elaboración no participó y al mismo tiempo apoyar su reforma urgente por las centenares de reducciones de pena que ha provocado. Todo se agravó con una entrevista en la SER el martes en la que cometió el error de argumentar que es “muy sencillo” demostrar violencia en una agresión sexual. Podemos tardó unos minutos en aprovecharse de una explicación que confirmaba sus sospechas sobre los socios del Gobierno.

Llop tuvo que asumir las consecuencias del desastre. Se puso el casco otra vez y bajó al frente de batalla. Dio una entrevista ese mismo día a un periódico y tres el miércoles a cadenas de televisión. Con el precedente del día anterior, podía pasar cualquier cosa. Esta vez, la ministra de Justicia pasó bien el lance con explicaciones más claras y sin las divagaciones, como una comparación entre penas por robo y por violación, que el día anterior la habían hecho descarrilar.

Lo que no consiguió fue cerrar las diferencias entre los dos partidos, porque eso parece imposible. En La Sexta le pusieron un vídeo con los ataques de Irene Montero y tuvo una reacción irreal: “Estamos diciendo lo mismo la señora Montero y yo”. Igual estaba pensando en el tema del consentimiento, aunque en Podemos no le creen. “El problema no es el consentimiento. El problema es la bajada de penas”, explicó.

Si se va a incinerar en el intento, al menos no lo hará callada. Una ministra de Justicia no puede limitarse a soltar generalidades, como podría hacer otro miembro del Gobierno si le preguntan por el tema. Llop dejó claro en conversaciones con periodistas en el Congreso que el problema está en la ley, no en su aplicación por los jueces, por mucho que cada caso sea diferente. “Me parece gravísimo lo que ha sucedido”, dijo a El País. “Desde el primer momento identificamos que el problema ha sido que ha habido rebajas en las penas en la ley del solo sí es sí”.

Llop cree que el consentimiento como requisito esencial en relaciones sexuales está totalmente garantizado en la reforma que plantea ahora el PSOE. Eso no se toca y los jueces deberán tenerlo en cuenta: “No se puede presumir el consentimiento. El juez no puede presumir del silencio de la víctima que había consentimiento”.

En Podemos no lo ven así y continúan acusando a los socialistas de traicionar el espíritu de la ley. “Creo que es una discrepancia política fuerte”, dijo Irene Montero el miércoles. Quiso no dar una imagen de intransigencia: “Estoy dispuesta a ceder a lo que pide el PSOE, menos a que el consentimiento deje de estar en el centro”.

Cada declaración pública es una trampa explosiva que puede estallar al paso del Gobierno y una oportunidad para que ambos partidos pasen a ser enemigos íntimos. Algunas no son nada ambiguas. Ione Belarra creyó que era un momento perfecto para ofrecer el típico comentario que podría haber reservado para la futura campaña electoral: “Hay dos fuerzas políticas en este Gobierno: una fuerza política que cuando se produce una ofensiva mediática, política y judicial como la que está viviendo la ley del solo sí es sí, defiende los avances, en este caso los avances feministas, y otra fuerza que no”.

Belarra ha decidido que la mejor forma de defender la ley es llamar cobardes a los socialistas, a los políticos con los que comparte mesa en el Consejo de Ministros.

Ante este panorama, la derecha se frota las manos. La diputada Marga Prohens dijo a Llop que esta era “su ley”, pero que había otros padres, “también es de Page, Vara, Andreu y Armengol, porque esta es la ley del PSOE”. Estos últimos son los presidentes de Castilla La Mancha, Extremadura, La Rioja y Baleares. El PP va a exprimir cada gota que salga de cada una de las reducciones de penas en la campaña de las autonómicas.

Otros diputados del PP estaban más en modo macarra. En las dos primeras intervenciones del presidente, gritaron “¡Txapote!” demostrando que no hay ciénaga en la que no les guste pacer. Otro diputado le gritaba “¡Estás muerto!” a Sánchez. Un pronóstico o un deseo.

No es buen momento para tomar la tensión a Pedro Sánchez, porque la tiene por las nubes. Al autor de la frase “la ley ha tenido algunos efectos indeseados y me quedo corto”, se le ve cabreado con que los ministerios de Igualdad y Justicia no hayan resuelto sus diferencias.

En la sesión de control, Cuca Gamarra sacó el asunto de la ley para llamar “esperpento” a su Gabinete. El presidente pasó a detallar una lista de éxitos económicos del Gobierno sin atreverse a mencionar aquello por lo que le habían preguntado. Cuando Santiago Abascal relacionó después yihadismo e inmigración en el pleno, Sánchez ofreció una respuesta confusa y poco agresiva. Gabriel Rufián le preguntó por la infiltración de un policía durante tres años en un un grupo catalán y Sánchez le respondió con el índice de calidad democrática de The Economist y la 'ley mordaza'. Tenía la cabeza en otra parte.

“Cuando hay un problema, me empeño en resolverlo”, dijo en plan señor Lobo. No hay que olvidar que fue él quien tomó la decisión de que el proyecto de ley se presentara al Consejo de Ministros de una vez por todas y después al Parlamento. Por otro lado, los ministros están en el Gobierno para solucionar problemas al presidente y permitirle presumir de grandes avances sociales, no para creárselos.

Tiene pendiente decidir una remodelación del Gobierno que permita la salida de Reyes Maroto y Carolina Darias con destino a las elecciones de mayo. Es legítimo pensar si la aprovechará para otros relevos. También es lógico preguntarse si Pilar Llop estará pensando que está comiéndose el marrón de una ley que ella no redactó y que sería más feliz volviendo a la época en que era una magistrada especializada en violencia de género.