Una reforma fallida contra la prostitución en el arranque de una campaña electoral

La mayoría que sostiene al Gobierno de Pedro Sánchez desapareció el martes en el Congreso. Lo hizo por la proposición de ley socialista que consiste en reformar tres artículos del Código Penal con el fin de perseguir el proxenetismo que hace posible la prostitución. Ninguno de sus aliados en la Cámara –o en el Gobierno en el caso de Sumar– apoyó que la iniciativa iniciara su camino en el legislativo. Lo peor para el PSOE es que coincidieron en acusarle de dar el paso por motivos puramente electoralistas a dos días de que comience la campaña de las elecciones europeas. El Partido Popular hizo el mismo análisis y se unió a los que votaron en contra provocando la derrota socialista.

El PSOE se quedó solo y sabía que iba a quedarse solo. “Me enorgullezco de que mi grupo sea punitivista contra los que pagan por sexo”, dijo Andrea Fernández, la diputada que presentó la propuesta en el pleno. Su argumento fue que el proxenetismo debe “dejar de ser prácticamente impune en España”. Consideró que no se puede regular la prostitución como si fuera un trabajo, porque es sólo una forma de explotación de la mujer. “¿Ustedes creen que hay miles de mujeres que quieren ejercer libremente la prostitución?”. Los demás grupos de izquierda le respondieron que la prioridad es proteger a esas mujeres cuya situación será aun peor si su actividad cae en la más completa clandestinidad.

“Ustedes querían un titular sin importarles las consecuencias”, dijo Isabel Pozueta, de EH Bildu. “Lo hacen porque estamos en un contexto preelectoral”, les acusó Gala Pin, de Sumar, que mencionó a “las putas indignadas del Raval”, que le dijeron que no permitirán “que se haga electoralismo con sus cuerpos”. Varias portavoces denunciaron que los socialistas han presentado la iniciativa sin molestarse en hablar con los colectivos de prostitutas.

El PSOE presentó una propuesta idéntica en la anterior legislatura. Su tramitación se interrumpió con la disolución de las Cámaras. En una legislatura en la que los socialistas tendrán serios problemas para sacar adelante leyes, decidieron que esta proposición para la que no hay ningún consenso fuera la segunda que llega al Congreso, después de la ley de amnistía.

Ana Isabel Alós, del Partido Popular, recordó lo que pasó en 2022 y lo calificó de “farsa”. “Ampliaron los plazos para presentar enmiendas cuatro veces y nunca convocaron la ponencia” para discutir la proposición. El PSOE no se atrevió al final a sacarla adelante con los únicos votos del PP. Lo más probable es que no se habría aprobado incluso si la legislatura hubiera completado sus cuatro años.

Una abstención del PP habría salvado ahora la iniciativa en su fase inicial. Alós exigió al PSOE que la retirara para negociarla como una ley integral desde el principio. 122 diputados votaron a favor, 184 en contra y 36 se abstuvieron.

Para el PSOE, se trata de una cuestión de principios y le basta con una reforma del Código Penal. El objetivo es perseguir a los proxenetas, a los dueños de locales o pisos donde se ejerza la prostitución y también con multas a los clientes. Sobre la reinserción de las prostitutas, Fernández citó el Plan Camino del anterior Ministerio de Igualdad de Irene Montero. En 2022, se aprobó destinar 12,9 millones de euros a un plan de inserción laboral de víctimas de trata y de mujeres prostitutas. El objetivo era llegar a 30.000 personas en cuatro años.

Andrea Fernández dio por hecho que ya se ha ayudado a esas 30.000 mujeres, una cifra que no coincide con lo que dijo la ministra Ana Redondo en el Congreso en febrero cuando comentó que se había atendido a más de 20.000 mujeres adultas y 700 menores. Se desconoce cuántas de esas personas abandonaron la prostitución si la estaban ejerciendo.

Los grupos que se opusieron a la reforma reprocharon al PSOE que dejaría a muchas prostitutas en un estado de total indefensión. Nadie cree que esos negocios vayan a desaparecer, por lo que “esas mujeres volverían a trabajar en una situación más vulnerable ante las mafias, los clientes y la policía”, dijo Pozueta. “Y en el día después, ¿qué pasa con las mujeres? Ellas y sus familias pueden quedarse sin vivienda”, afirmó Pilar Vallugera, de Esquerra.

Fernández destacó que algunos avances sociales han sido posibles gracias a reformas del Código Penal, como la despenalización de la interrupción del embarazo, aunque esa reforma no convirtió automáticamente el aborto en un derecho. Joseba Agirretxea, del PNV, le respondió con el argumento de que “el Código Penal es la retaguardia del Derecho y ustedes lo ponen como vanguardia”. Diferenció la ética de la convicción, que inspira la propuesta socialista, y la ética de la responsabilidad. La ausencia de medidas de ayuda a las prostitutas es lo que le llevó a afirmar que esta última brilla por su ausencia.

La reforma o prohibición de la prostitución es un asunto que divide desde hace años al movimiento feminista. Era inevitable que ocurriera lo mismo en el Congreso, con lo que hay que preguntarse para qué servía una propuesta que se limitaba a reformar artículos del Código Penal sin establecer medidas para el día después.

La prostitución es una actividad aborrecible, aunque la intensidad del rechazo depende en última instancia de los valores de cada persona. “No puedo aplicar mi visión del bien y el mal a otras personas”, dijo Vallugera. Algo de eso ha existido siempre en la política, pero no hasta el extremo de que este sea un problema que puedan solucionar por su cuenta policías y jueces. Prohibir una actividad y convertirla en ilegal no es sinónimo de abolirla.