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El PSOE recupera su reforma del Código Penal para perseguir a los proxenetas y a los clientes de prostitución

La diputada del PSOE Andrea Fernández interviene durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados.

Alberto Ortiz / África Gelardo Arrebola

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El Partido Socialista volverá a llevar al Congreso el debate sobre la prostitución. Después de intentar la legislatura pasada impulsar una iniciativa para perseguir penalmente a los proxenetas y a los dueños de locales donde se ejerza la prostitución, este martes han registrado una nueva ley prácticamente igual, con algunas modificaciones técnicas. El texto contempla castigar también a los locales donde se ejerce la prostitución y a los clientes.

“Más de 40.000 mujeres se encuentran en situación de prostitución en nuestro país. Para el grupo socialista esto es incompatible con un Estado democrático y de derecho como el nuestro y nos impulsa a caminar en la dirección de eliminar esta forma de violencia machista”, ha dicho la diputada del PSOE Andrea Fernández en declaraciones a la prensa después de registrar la iniciativa. Fernández ha asegurado que esta ley inicia un “camino” para la abolición de la prostitución.

Según el texto al que ha tenido acceso este diario, la propuesta de reforma del Código Penal es muy similar a la que registró el PSOE la pasada legislatura. “El texto recoge la eliminación del criterio de explotación para que un proxeneta sea condenado por el enriquecimiento del proxenetismo; persigue la tercería locativa, es decir, el alquiler de inmuebles para la obtención de recursos económicos a través de esta práctica y además sanciona a aquellos varones, y digo varones porque son la inmensa mayoría, que recurren a la prostitución”, ha desgranado la diputada socialista.

El texto también incluye un punto para reconocer la condición de víctimas directas a todas las personas que están siendo prostituidas. En la mañana de este martes, el portavoz socialista, Patxi López, ha precisado que lo que busca el texto no es prohibir la prostitución sino abolirla. “Prohibir es un ejercicio que a la propia víctima la victimiza más. Abolir es hacer que desaparezca por todos los medios y, entre otros, condenar a los proxenetas por explotar a mujeres”, ha dicho.

La iniciativa, anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hace dos semanas, busca recuperar el texto que el propio PSOE trajo al Congreso durante la legislatura pasada y que ya generó un choque en el seno del Ejecutivo, entre los socialistas y Unidas Podemos y en concreto con el Ministerio de Igualdad de Irene Montero.

Penas de hasta seis años de cárcel

El texto contempla penas de prisión para aquellas personas que “empleando violencia, intimidación, engaño o abusa de una situación de superioridad, necesidad o vulnerabilidad de la víctima” fuercen a una persona a ejercer o a mantenerse en la prostitución. Para estos casos, la pena prevista es de tres a seis años o multa de 18 a 24 meses.

Pero también castiga con penas de dos a cuatro años y multa de 12 a 24 meses a los proxenetas que se lucran de promover, favorecer o facilitar la prostitución, incluso con el consentimiento de la misma. En este caso, el texto introduce matices. Si se hace a través de violencia, intimidación, engaño o abuso, el juez deberá aplicar la mitad superior de la pena.

También prevé que se impongan la mitad superior de las penas previstas en todos esos casos si, por ejemplo, el proxeneta se vale de su condición de autoridad, agente de esta o funcionario público. “En este caso se aplicará, además, la pena de inhabilitación absoluta de seis a doce años”, reza el texto. También si esa persona pertenece a una organización o grupo criminal o si pone en peligro “de forma dolosa o por imprudencia grave, la vida o la salud de la víctima, incluida la salud sexual o reproductiva”. También cuando “la víctima se encuentre en estado de gestación”. 

Castigar a los locales y a los clientes

La propuesta de reforma del Código Penal busca penalizar por otro lado la 'tercería locativa', una figura recuperada del Código Penal de 1973, derogado en 1995, para perseguir a los dueños de locales que “promuevan, favorezcan o faciliten” el ejercicio de la misma. Con penas de dos a cuatro años y multa de 18 a 24 meses para ellos.

Lo mismo proponen para el proxenetismo no coactivo, un tipo penal para perseguir a quien se lucre “explotando” la prostitución ajena que también incorporó la ley de libertad sexual. Los socialistas reclamaban entonces que se eliminase la necesidad de que haya explotación.

Los socialistas ya recogieron en uno de los puntos del documento estratégico aprobado a principios de este año la abolición de la prostitución como una de sus líneas políticas. “España no puede seguir liderando el consumo de prostitución”, recogían en el texto entonces, por el que el partido se declaraba abiertamente abolicionista.

“No es admisible que la prostitución y la explotación sexual de las mujeres sigan existiendo en una democracia plena”, recogían. De nuevo plantean reabrir este debate que decayó en el anterior mandato por las diferencias con sus socios de coalición. Entonces, el PSOE decidió retirar su enmienda sobre la prostitución de la ley del 'solo sí es sí' para que continuara su trámite y ahora vuelven a poner sobre la mesa su propuesta.

Una de las novedades que incorporaba esa proposición era la de penalizar no solo a los proxenetas sino también a los clientes. En concreto, la propuesta contempla multas de entre 12 y 24 meses para quienes convengan la “práctica de actos de naturaleza sexual a cambio de dinero u otro tipo de prestación de contenido económico”, y una pena de prisión de uno a tres años y multa de 24 a 48 meses en caso de que la prostituta sea menor de edad o esté “en una situación de vulnerabilidad”.

La semana pasada, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, explicó que la ley pretendía modificar el Código Penal, pero que no se castigaría a las mujeres prostituidas. “En ningún caso será sancionada la persona que este en situación de prostitución”, recoge el texto de la ley registrada este martes.

Sumar critica al PSOE por usar este debate para “dividir”

Aunque el portavoz de Sumar, Íñigo Errejón, ha asegurado este martes que esperará a conocer la propuesta para pronunciarse, fuentes del grupo parlamentario ya trasladaron la semana pasada su enfado con el PSOE por llevar al Congreso una proposición de ley sobre un debate que, dicen, todavía está abierto dentro del feminismo. Y acusaron a los socialistas de usar este movimiento para tratar de dividir al grupo parlamentario.

La portavoz adjunta de Sumar y diputada de los comuns, Aina Vidal, se posicionó la semana en este sentido, cuando dijo sentir tristeza porque el socio de Gobierno volviera a registrar una proposición que sabe que divida en lugar de levantar “banderas compartidas” en el movimiento feminista.

Errejón ha asegurado que existe un “suelo mínimo”. Todos, dice, están a favor de aumentar “los derechos para las mujeres”. Sumar va a debatir en un grupo de trabajo creado ad hoc el contenido de esta proposición para tomar una decisión en una próxima reunión de la dirección del grupo parlamentario. Aunque no es descartable que en esa reunión se pacte que cada partido vote según sus propias posiciones.

Durante la legislatura pasada, Unidas Podemos dio libertad de voto a los diputados de En Comú Podem durante la toma en consideración de la iniciativa del PSOE. Todos los diputados de Podemos e IU apoyaron debatir ese texto, en coherencia con la posición de la entonces ministra de Igualdad, aunque el asunto había generado fuertes fricciones en el seno del Gobierno durante la negociación de la ley del 'solo sí es sí'.

Andrea Fernández ha asegurado este martes que hablarán con todos los grupos parlamentarios para llegar a un “acuerdo de país”, incluido con el Partido Popular, que ya apoyó la toma en consideración la legislatura pasada ante la división en Unidas Podemos. “Efectivamente el Partido Popular votó a favor de la admisión a trámite de este texto y por tanto, deseamos y trabajaremos para volver a contar con ese apoyo”, ha dicho hoy la diputada socialista.

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