El activismo como cantera política: una experiencia institucional marcada por frustración y cesiones

Unidas Podemos ha recurrido a activistas sociales para fortalecer la candidatura con la que concurrirán a las elecciones autonómicas del 4 de mayo. Miembros de la PAH, de la Marea Verde y del Sindicato de Manteros han decidido acompañar como independientes a Pablo Iglesias y al resto de representantes de la coalición de izquierdas que conforman la lista. 

Con las incorporaciones de estos miembros de la sociedad civil, el derecho a la vivienda, el antirracismo y la defensa de la educación pública estarán presentes en la campaña de esta formación. Y si finalmente consiguen sacar su escaño, estos fichajes afrontarán su activismo desde dentro de las instituciones, un reto al que ya han hecho frente otros compañeros de militancia. 

“La primera sorpresa [que te llevas] es [conocer] cómo funcionan las instituciones, sus límites son inmensos”, recuerda Carmen San José, médica de familia y diputada autonómica de Podemos en la Asamblea de Madrid en la legislatura que se inició en 2015. Llegó a la Cámara regional con más de 60 años y un bagaje de décadas en movimientos sociales vinculados a la defensa de la sanidad pública y el sindicalismo. Recuerda cómo el funcionamiento de la política institucional le creó “mucha frustración” por su “incapacidad de influir en el Gobierno”. 

Frustraciones por los tiempos de la administración

Sobre el funcionamiento y los tiempos de la administración también se posiciona Guillermo Zapata, concejal del Ayuntamiento de Madrid durante el Gobierno de Manuela Carmena (2015-2019). “Una de las frustraciones más gordas era la dificultad para hacer las cosas más pequeñas, [del] tipo: arreglar una acera”, relata este activista, que había militado en el 15M y en el colectivo social Patio Maravillas antes de embarcarse en Ganemos, una de las facciones sobre las que se sustentó Ahora Madrid.

“El activismo es ágil, mientras el trabajo institucional es más tedioso”, destaca el diputado de Unidas Podemos en el Congreso Juan López de Uralde, que también llegó a las instituciones con una larga trayectoria de militancia ecologista, primero al frente de Greenpeace y luego de la formación política Equo. 

López de Uralde explica que el primer obstáculo que afrontó en el Congreso se lo encontró en su propio espacio político. “No todo el mundo está de acuerdo con tus planteamientos”, apunta. Posteriormente llegaron presiones externas, sobre todo procedentes de lobbies, para que “las leyes vayan en un sentido distinto al que” él querría. “Muchas veces es cierto que lo posible no es lo que a ti te gustaría”, añade. Aún así, López de Uralde considera que ha encontrado “mucho apoyo” en su partido para presentar las propuestas que ha defendido. 

Cantera también de Ciudadanos

Unidas Podemos no es el único partido que ha optado por incluir a figuras relevantes de la sociedad civil en sus listas. Albert Rivera fichó en 2019 a Sara Giménez, representante del colectivo gitano, abogada al frente del departamento de Igualdad de la Fundación Secretariado Gitano durante 18 años. Actualmente es diputada por Ciudadanos en Madrid y considera que la incorporación a la primera línea de la política “de personas de la sociedad civil y que conocen la realidad de grupos vulnerables” es “una oportunidad” para defender las cuestiones en las que creen. 

Giménez defiende que ya le ha merecido la pena “el salto a la política” por el trabajo que puede realizar “en la parte legislativa” y cita un ejemplo que ha sido enriquecedor en los dos años que lleva en el Congreso: la aprobación por unanimidad de la erradicación de las esterilizaciones forzosas de las mujeres con discapacidad . No todo son percepciones positivas, también hace frente a sinsabores en su trabajo diario como diputada. A Giménez le decepciona “que las cuestiones de Derechos Humanos todavía se vean con colores políticos”. “Me frustra que una buena propuesta sea rechazada únicamente porque la propone un partido u otro”, señala.

La gestión de las frustraciones y la experiencia parlamentaria de los entrevistados es muy personal. Aún así, afecta a esa percepción la capacidad que tenían sus formaciones de influir en el gobierno de turno. En la legislatura en la que Carmen San José estuvo en la Asamblea, PP y Ciudadanos tenían mayoría absoluta, un rodillo que arrasó las expectativas con las que la sanitaria había llegado al parlamento de Vallecas. 

“Casi toda la labor que se hace en las cámaras no consigue transformar la orientación política del Gobierno que está en ese momento [en el poder]. Hay muchas trabas”, remarca esta exdiputada autonómica que solo estuvo una legislatura en la Asamblea de Madrid. Actualmente, no tiene vinculación con la formación política en la que militó y colabora en la plataforma Audita Sanidad. Llegó a Podemos tras pasar por la Comisión de Salud del 15M y unirse a los círculos del partido de Iglesias. 

A diferencia de San José, Zapata formó parte de un equipo de Gobierno. Fue concejal de los distritos de Fuencarral-El Pardo​ y Villaverde​ en el Ayuntamiento de la capital. Aún así, lamenta que tuvieron que hacer frente a los obstáculos generados por “la gobernanza neoliberal centralista del Ayuntamiento de Madrid” que llevaba más de 20 años vigente en el Palacio de Cibeles. Se trataba de un contexto en el que “el poder de lo jurídico y administrativo se pone por encima o en contra de la decisión política”. Ante estas dinámicas, Zapata defiende que “hay que empujar mucho para conseguir cosas que parecen sencillas”.

El caso de Ada Colau

El salto del activismo a las instituciones más conocido es el de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, aunque en este caso hubo una transición temporal, en la que se construyó el espacio político con el que concurrió a las elecciones municipales de 2015. Colau dejó la portavocía nacional de la PAH en mayo de 2014 y ganó — al frente de Barcelona En Comú— de forma ajustada los comicios un año después. 

Semanas antes de que una de sus caras más conocidas llegase al Consistorio de la capital catalana, la PAH lanzó un comunicado alertando de que son un colectivo “apartidista”, aunque reconocían —“no podría ser de otra manera”— “el derecho individual que asiste a cada persona de intervenir en los diferentes campos de la política institucional”. La semana pasada la plataforma antidesahucios recuperaba el mismo texto, incidiendo en que el colectivo no se adscribía ningún partido, un día después de que Alejandra Jacinto hiciese público su fichaje por Unidas Podemos. 

Abogada de la PAH y activista por el derecho a la vivienda, Jacinto concurrirá como independiente en el número cuatro de las listas lideradas por el exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias. Junto a la letrada también se presentan como figuras independientes el veterano sindicalista de CCOO y miembro de la Marea Verde Agustín Moreno y Serigne Mbaye, portavoz del Sindicato de Manteros de Madrid.

“Es necesario revertir la nefasta política de vivienda que tiene la Comunidad de Madrid desde hace 40 años. Es necesario apostar por un cambio de modelo que ponga el derecho a la vivienda en el centro”, reivindicaba Jacinto al anunciar su candidatura. 

Como sucedió en Barcelona a nivel municipal, la llegada del equipo de Manuela Carmena al Ayuntamiento de la capital también provocó que varios miembros de la sociedad civil diesen el salto a la política institucional, tras haber trabajado previamente en la plataforma que les sirvió como partido político con el que presentarse a las elecciones municipales de 2015, Ahora Madrid. 

Relación con los movimientos sociales

“Esa irrupción plebeya en las instituciones fue un revulsivo”, destaca la exconcejal del Ayuntamiento de Madrid, Rommy Arce, que también formó parte de Ganemos. En su recuerdo de aquella experiencia política están los ataques que recibían “de la derecha”: “Estaban cuestionando continuamente nuestra capacidad para llevar a cabo el trabajo de forma correcta y digna”. 

La relación con los movimientos sociales desde el Ayuntamiento fue seguida con lupa durante los años en los que el equipo de Carmena estuvo al frente del Consistorio. Arce apunta cómo el resto de formaciones políticas cuestionaban que, aunque desempeñasen un cargo público, mantuvieran una “actividad activista”, acudiendo a concentraciones y desahucios.

Para Zapata “lo mejor” de su experiencia como concejal de distrito fue la interlocución con los colectivos de los barrios que le sirvió como “palanca social”. Recuerda un episodio en el que vecinas de la colonia experimental de Villaverde acudieron con bolsas de basura a la junta de distrito porque cerca de sus casas no se recogían los residuos. “Me han dado la caña que me tenían que dar”, plantea.

Los entrevistados destacan la importancia de no olvidarse de dónde vienen, a pesar de las dinámicas de la política. Para López de Uralde la experiencia y el compromiso adquirido durante sus años de militancia “es un hecho diferencial” al llegar a la administración. “Tenemos una causa muy clara por la que luchar y que ha determinado nuestra trayectoria”, añade el diputados de Unidas Podemos. “Tienes una serie de lealtades que no puedes olvidar cuando estás desempeñando un cargo público”, finaliza Arce.