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CRÓNICA

Sálvese quien pueda y otras competiciones fiscales del Estado autonómico

El diputado del PP Carlos Rojas muestra una portada de La Razón en la sesión de control del miércoles.

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Vivimos tiempos en que ocurren cosas que nos dejan perplejos. El Fondo Monetario Internacional ha enviado al Gobierno conservador británico un aviso de esos que durante décadas endosó a países del Tercer Mundo con finanzas insostenibles. Uno de esos que comienza con un “estamos vigilando de cerca los recientes acontecimientos económicos” que no presagia nada bueno. Y luego la estocada pasivo-agresiva que caracteriza a los comunicados del FMI: “A causa de las elevadas presiones inflacionarias en muchos países, incluido el Reino Unido, no recomendamos paquetes de medidas fiscales en esta coyuntura que sean de gran calado y no selectivos, ya que es importante que la política fiscal no opere en contradicción con la política monetaria”.

Traducido al lenguaje de los seres humanos: un recorte fiscal masivo en estos momentos pone en serio peligro cualquier medida contra la inflación, así que es mejor que se lo piensen dos veces antes de aplicarlo, no sea que las subidas de tipos de interés que están adoptando los bancos centrales no sirvan para nada.

Pero aún hay más. Puestos a decir lo que hay que hacer –ya sabemos que el FMI nunca ha sido muy tímido en eso–, el comunicado precisa que en la revisión de ese descenso generalizado de impuestos el Gobierno de Liz Truss debería centrarse en “aquellas que benefician a las rentas más altas”. Es decir, que no es bueno que les bajen tanto los impuestos a los que ya tienen de sobra.

Es algo parecido a lo que ha dicho el economista jefe del BCE. “Si apoyas a aquellos que lo necesitan (se refiere a los sectores de menores ingresos) a través de impuestos más altos, eso tendrá un efecto menor en la inflación que si lo haces aumentando el déficit”, dijo Philip Lane. Lo crean o no, el BCE está a favor de aumentar los impuestos a las rentas más altas y a las empresas con grandes beneficios a causa de la situación actual.

La decisión de Truss, anunciada la semana pasada, supone que una persona con ingresos anuales de 200.000 libras se ahorrará cerca de 4.500 en el próximo ejercicio fiscal, mientras que un trabajador con un sueldo de 20.000 libras se quedará con 218 más en el bolsillo.

El debate político español va por otro lado. Acabamos de iniciar lo que se ha dado en llamar la guerra fiscal entre comunidades, una carrera para ver quién baja más los impuestos, eliminando algunos como los de patrimonio y sucesiones. La propuesta del Partido Popular es clara: hay que bajarlos todos. Se oponen a subirlos a los bancos y las empresas eléctricas que se están beneficiando del aumento de los tipos de interés y del precio de la luz. También quieren reducir al mínimo el IVA de los alimentos básicos, lo que será un alivio temporal para las familias que durará hasta que descubran que los productos que compran no van a reducir su precio a los niveles anteriores al incremento de la inflación.

El presidente andaluz dio inicio a la desbandada. Siete CCAA ya han tomado decisiones en ese sentido y varias de las diez restantes se lo están pensando. Las elecciones autonómicas de mayo se acercan y nadie quiere que la oposición le reproche que no hace nada. Las medidas anunciadas por Juanma Moreno benefician a los más ricos, los que están obligados a pagar el Impuesto del Patrimonio.

Pocos reparan en que Andalucía es una de las comunidades que más se queja porque cree estar perjudicada por el sistema de financiación autonómica al no recibir lo suficiente. Por tanto, si ahora baja impuestos, lo que está pidiendo es que todas las demás comunidades financien sus rebajas fiscales. Lo que lleva haciendo el PP de Madrid desde hace muchos años.

El sistema autonómico sobrevivió a duras penas a la pandemia y ahora no está claro que vaya a conseguirlo con la crisis causada por la inflación y la guerra. Las reducciones fiscales aprobadas por varias CCAA van a tener un impacto bastante reducido en las economías familiares. Obviamente, los partidos aspiran a que tengan una notable influencia en los votos que reciban en las urnas.

La Comunidad Valenciana es uno de esos lugares donde se va a dilucidar el vencedor de las próximas elecciones generales. Al unirse el Gobierno de Ximo Puig al clima de generosidad fiscal, se ha dado la salida a la carrera en la que muy pocos podrán decir que no quieren participar. “Beneficiar a las familias con menos ingresos” fue la razón aducida por Puig, pero la deflactación del IRPF aprobada afecta a los que ganen menos de 60.000 euros anuales, con lo que alcanza a gente que cobra el triple del salario más común en España y más del doble del salario mediano. Claro que él dirá en privado que han estirado los beneficios hacia arriba para llegar a los colectivos de la sociedad que más votan.

Moncloa no quiso criticar en público al Gobierno de Puig. El malestar era fácilmente deducible por algunas declaraciones. “No tiene ningún sentido que una autonomía baje impuestos y luego pida mejorar su financiación”, dijo después la ministra de Hacienda. María Jesús Montero y todo el resto del país sabe que la valenciana ha sido en la última década la región más perjudicada por el modelo actual de financiación autonómica.

El Partido Popular dio la “bienvenida” a Ximo Puig sin ruborizarse. Su idea de culpar a los impuestos puede provocar asombro en la Comisión Europea, pero es perfecta para minar la credibilidad del Gobierno de Pedro Sánchez. Cristóbal Montoro dijo que nunca subiría el IVA –y no tuvo inconveniente en explicar por qué– cuando ya era ministro de Hacienda. Luego ya sabemos lo que ocurrió.

En la sesión de control del miércoles, Nadia Calviño dijo que el Gobierno ha comprometido 30.000 millones de euros en ayudas y rebajas de impuestos indirectos –una cifra tan grande que convendría que alguien la detallara– y reprochó a la derecha que reclame bajadas de impuestos en todo. “¿De dónde se cree que sale ese dinero público? ¿Para qué se creen que sirven los impuestos si no es para financiar nuestro Estado del Bienestar?”, dijo la vicepresidenta. “¿Qué van a recortar del Estado del Bienestar? ¿Qué es lo que quieren recortar? ¿La sanidad? ¿La educación? ¿Las pensiones? Díganlo con claridad”.

No hay ninguna posibilidad de que lo digan con claridad o sin ella. Las autonomías no van a recortar los servicios públicos que prestan para equilibrar las cuentas. Si lo hacen, como ya están haciendo en Madrid, no lo van a admitir. Cuando algún día Bruselas comience a apretar las tuercas, dirán que tienen que aprobar ajustes de gasto porque les obliga el Gobierno. Y pondrán cara de pena.

En los pasillos del Congreso, Montero fue más explícita que la portavoz del Gobierno el día anterior. Recordó que si las CCAA piden más fondos, esos no pueden salir de otro sitio más que de los impuestos. Planteó qué pasará cuando otros países lean que las regiones españolas se han puesto en modo Papá Noel después de que España haya recibido decenas de miles de millones de los fondos europeos.

Todavía no estamos en eso. Nadie puede asegurarnos que no vaya a ocurrir. En Reino Unido, no hay analista que no esté en nómina de los tories que niegue la posibilidad muy real de que el Gobierno de Truss se vea obligado a medio plazo a un fuerte recorte del gasto público para financiar su recorte de impuestos. Pretendía hacerlo emitiendo más deuda y ahora conoce las consecuencias.

El precio de los bonos británicos a diez años estaba hace dos meses al mismo nivel que los de España y Portugal. Ha dado un salto y se encuentra en estos momentos cerca de los de Italia y Grecia. El FMI va a tener que aumentar el personal en el departamento que se dedica a vigilar al Reino Unido.

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