El Tribunal de Cuentas alertó de precios muy altos en los contratos de mascarillas de Almeida

El mercado internacional de productos sanitarios se convirtió en un ‘sálvese quien pueda’ durante la primera ola de la pandemia de coronavirus. Las administraciones públicas se lanzaron a la caza de mascarillas, trajes y material de protección y gel hidroalcohólico con tramitaciones de emergencia, sin concurso público y con la consigna de conseguir el material lo más rápido posible. Ahora, según ha revelado elDiario.es, la Fiscalía Anticorrupción tiene la lupa puesta en varios de estos contratos firmados por el Ayuntamiento de Madrid en lo peor del primer ataque del virus por si varios empresarios hubieran cobrado comisiones ilegales. Contratos que hace unos meses ya llamaron la atención del Tribunal de Cuentas y que no siempre fueron un buen negocio para las arcas públicas madrileñas. 

Los contratos que están bajo sospecha fueron adjudicados a ‘Leno Malaysia SDN. BHD’, una empresa radicada en Malasia que recibió tres contratos públicos del consistorio que dirige José Luis Martínez-Almeida en marzo de 2020: uno de 6,2 millones de euros para comprar mascarillas FFP2 y KN95, otro de 3,9 millones para comprar test de autodiagnóstico y un tercer contrato de 4,6 millones para comprar guantes de nitrilo. Este último contrato, sin embargo, no llegó a buen puerto: el consistorio detectó que los guantes no eran el modelo que habían pedido y solicitó la devolución del adelanto de dinero.

Los tres fueron gestionados por el trámite de emergencia, tal y como permitía entonces el recién instaurado estado de alarma, y los tres se hicieron a través de la empresa municipal Servicios Funerarios de Madrid. El consistorio madrileño decidió hacerlo así y firmó un convenio en marzo de 2020 para agilizar los contratos y conseguir el material cuanto antes. En total, Madrid formalizó 72 contratos a través de la funeraria municipal por un valor de más de 42,1 millones de euros, según los datos del Tribunal de Cuentas. Entre el principio de la pandemia y el mes de julio, según ha detallado estos días el Ayuntamiento, se firmaron la mayoría de ellos.

Ahora, tal y como ha desvelado elDiario.es, la Fiscalía Anticorrupción tendrá que decidir si hubo algún tipo de delito o irregularidad en la tramitación de dos de estos contratos adjudicados a Leno Malaysia y en la comisión que cobró Luis Medina. Pero a finales del año pasado, el Tribunal de Cuentas ya fiscalizó estos contratos en un informe en el que analizó todas las adjudicaciones de emergencia hechas en el primer año de pandemia por los 12 ayuntamientos de España con más de 300.000 habitantes. Un momento en el que, como reconocen desde el Ayuntamiento de Madrid en público y en privado, la prioridad no era conseguir un precio competitivo, sino salvar vidas del personal esencial con cualquier material que pudieran conseguir a la máxima velocidad posible.

El informe desveló en su momento que casi todos los consistorios incurrieron en irregularidades, abusaron de la contratación de emergencia cuando ya no era necesaria, no aportaron toda la información a través de la plataforma de Rendición de Cuentas o concentraron muchos contratos en los mismos proveedores. En el caso del Ayuntamiento de Madrid, además, certificó que en muchos casos fue el que más caro compró, por ejemplo a la hora de comprar mascarillas FFP2. Y los contratos adjudicados a la empresa de Malasia están en la lista de las compras menos rentables del consistorio de José Luis Martínez-Almeida.

El Tribunal de Cuentas hizo una comparativa del precio al que cada ayuntamiento había comprado cada producto y el Ayuntamiento de Madrid salía perdiendo en varias categorías. La más llamativa, relata el informe, es la de las pruebas rápidas de anticuerpos: en la última semana de marzo de 2020, Madrid los compró a 16,03 euros la unidad. Más del doble que Barcelona o Zaragoza en esas fechas. Y el rastro de esa compra lleva hasta Leno Malaysia: “El precio más alto fue de 16,03 euros/unidad, correspondiente al contrato de la empresa municipal SFM (...) adjudicado a una empresa de Malasia”, destacó el Tribunal de Cuentas. Uno de los contratos de los que, supuestamente, salieron las comisiones millonarias a empresarios que investiga la Fiscalía Anticorrupción.

También pasó con las mascarillas FFP2 y NK95, según el informe. En la última semana de marzo, Madrid compró estas mascarillas a razón de 6,24 euros la unidad en el mercado internacional. Más del doble que Barcelona (2,50 euros), Sevilla (4 euros) o Zaragoza (1,60 euros). El informe identifica que el contrato que dejó esa relación de precios tan poco favorecedora para el Ayuntamiento de Madrid fue otro adjudicado a la misma empresa de Malasia. En el caso de los guantes de nitrilo, la capital se ubicó en la mitad de la tabla del ranquin de precios con respecto a las otras ciudades pero exigieron la devolución del dinero porque no eran el tipo de guantes que habían solicitado en origen.

El proceso de emergencia

En las primeras semanas de la pandemia, las administraciones públicas buscaron comprar material sanitario lo más rápido posible, y para eso utilizar la herramienta que dejaba el artículo 16 del Real Decreto de Estado de Alarma: la compra de estos artículos destinados a frenar el avance del coronavirus se podía realizar con el trámite de emergencia. Sin concurso público y sin múltiples fases para que llegara cuanto antes. Y el Tribunal de Cuentas ha detectado que prácticamente todos los consistorios analizados incurrieron en algún tipo de irregularidad o mala práctica, y los que afectan al proveedor malayo no son una excepción.

Algunos, por ejemplo, recurrieron al proceso de emergencia cuando según el Tribunal de Cuentas ya no era necesario. En el caso de Madrid, apunta por ejemplo al contrato relacionado con el pebetero de recuerdo a las víctimas o compras de material sanitario a finales de 2020. En más de una decena de casos, el consistorio madrileño no acreditó “la existencia de crédito adecuado y suficiente” o no publicó el perfil del contratante ni su adjudicación ni, finalmente, su formalización.

Algunos de estos errores, según la documentación del Tribunal de Cuentas, afectan a los contratos adjudicados a esta empresa radicada en Malasia. En ninguno de los tres casos, por ejemplo, se publicaron los datos del contrato. En uno de ellos, además, no consta “la acreditación documental de la correcta ejecución de la prestación”, según el informe. El Tribunal de Cuentas sí destaca positivamente que Madrid, Alicante y Barcelona fueron algunas de las ciudades que más veces incorporaron la comprobación de la capacidad de obrar y la solvencia del adjudicatario, en el caso de la capital en un 40% de los casos analizados.

Los procesos de contratación realizados a través de la empresa municipal de servicios funerarios también se llevaron su ración de apreciaciones en este informe del Tribunal de Cuentas. Esta empresa celebró sin promoción de concurrencia un total de 12 contratos de servicios de transporte de material médico y 11 de ellos “fueron adjudicados a la misma empresa”, destaca el informe. Igualmente concluye que “adjudicó también a un mismo proveedor dieciocho de los veintiséis contratos de adquisición de mascarillas quirúrgicas que celebró, un 69,23%”.